​El Gobierno de Chile pone en marcha un Plan Nacional de Seguridad Pública

El presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, anunció el jueves pasado la puesta en marcha de un Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito que incluye medidas para el control de armas y la lucha contra el crimen organizado.

En el marco de una gira por la Región de Arica y Parinacota, en el norte del país, el mandatario explicó que el plan incluye 33 medidas para fortalecer la institucionalidad y gobernanza en la materia. “No vamos a permitir que la delincuencia siga creciendo y ganando espacio. A las bandas de crimen organizado las vamos a perseguir y a golpear donde más les duele. Las vamos a golpear en la ruta del dinero, en su organización y vamos a mejorar las técnicas investigativas”, señaló.

"Es por el bien de todos. Sabemos como terminan las sociedades armadas", recalcó Boric, quien presidió un Comité Nacional de Seguridad Pública, en el que también participaron la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, y altos mandos de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía Nacional, la Defensoría Nacional y la Defensoría de la Niñez, entre otras instituciones.

Uno de los principales objetivos es mejorar la coordinación y el intercambio de información y de Inteligencia entre los diversos organismo, las agencias y las instituciones estatales y municipales para lo que se crea un Ministerio de Seguridad Pública, se impulsa la Reforma a las Policías y la Ley Orgánica de Municipalidades.

Será un trabajo intersectorial y preventivo que “busca hacerse cargo de esta necesidad no sólo con medidas grandilocuentes, sino que también comprometiendo todas nuestras capacidades como Estado”, subrayó, por su parte, la ministra del Interior.

Aunque las tasas de criminalidad han aumentado en los últimos dos años en Chile, aún así es uno de los países más seguros de América Latina, con índices de delito similares a los de España y Francia.

El plan

El Plan Nacional de Seguridad Pública propone más de 33 medidas específicas para el fortalecimiento institucional y la gobernanza en materia de seguridad pública, la prevención del delito, mejorar la información disponible, proteger y acompañar a las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos.

La ministra Siches explicó que el plan se realizó en base a un diagnóstico que fue construido con la estrecha colaboración de alcaldes y alcaldesas, “atendiendo a prioridades territoriales como son los delitos fronterizos en el norte de nuestro país; los robos con violencia en las zonas urbanas; las particularidades de como se comportan las redes de narcotráfico en el norte, centro y sur de Chile; la preocupante alza de delitos con armas de fuego; o las necesarias medidas para abordar los casos de violencia intrafamiliar”.

En ese sentido, el presidente explicó que este plan viene a actualizar los existentes, para que se adecuen a la situación actual: “Hoy día tenemos el deber de actualizarlo, porque ha cambiado mucho el país y ha cambiado la delincuencia. Tal como lo he dicho durante toda esta gira a Arica, no vamos a permitir que la delincuencia siga creciendo y ganado espacios”.

Además señaló que “como Gobierno estamos trabajando firme y vamos a abordar el problema de la delincuencia y el desafío de la delincuencia sin complejos y como prioridad de Estado, de manera transversal, intersectorial, con todas las instituciones y esperamos contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas y actores sociales, que son muy importantes”.

Ejes del plan

Algunos de los principales ejes del plan se relacionan con materias administrativas y legislativas para impulsar la creación del Ministerio de Seguridad con el ingreso durante julio de indicaciones para su tramitación; avanzar en la Reforma a Carabineros; reformar la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer el rol de los municipios en seguridad; impulsar la Ley de Seguridad Privada; y crear una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fije una ruta país en esta materia para los próximos diez años.

En el ámbito de Prevención del Delito, se busca avanzar hacia un mínimo común preventivo en todas las comunas del país, para disminuir las desigualdades existentes entre municipios en materia financiera, operativa y de infraestructura para la prevención de delitos y la seguridad. Para ello, se crea un Sistema Nacional de Seguridad Municipal como mecanismo de apoyo estable a estos y orientado a fortalecer sus capacidades.

Se implementará una redistribución de los recursos policiales; se conformará un Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios para fortalecer el trabajo coordinado en esta materia, y se crean grupos de trabajo operativo para la coordinación público-privada en seguridad, además de la incorporación de principios de equidad de género en materia de seguridad, entre otras materias.

Asimismo, se adoptarán medidas para mejorar la información en torno a los delitos, revisando y actualizando los denominados “Delitos de Mayor Connotación Social” con nuevas tipologías delictivas y grupos específicos de análisis, y se modernizará y perfeccionará la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc).

En materia de protección a víctimas y Derechos Humanos, se creará el Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos y se ampliará el número de centros de atención para ellas, y se expandirán los servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar.

Crimen organizado y control de armas

En cuanto al combate del crimen organizado, se crea una Política Nacional contra el Crimen Organizado para el combate frontal a estas organizaciones y así desbaratar sus redes, confiscar sus bienes de capital y destruir su logística. Para ello se fortalecerá el sistema de inteligencia financiera y se trabajará en la coordinación intersectorial.

En materia de control de armas, se propone un plan de siete dimensiones, que considera: fortalecer la persecución penal; fiscalización de armas y municiones; la creación de sistemas para su trazabilidad; mejorar el control de las armas en poder del Estado; reforzar el control en fronteras e inteligencia financiara, que busca mejorar los registros de información de grupos de interés. En lo que se refiere a las armas del Estado, se estableció que cada rama de las instituciones armadas conformará un registro de las armas y municiones a su cargo, además de una revisión y actualización de protocolos de cautela y de procedimientos de eliminación de armas.

Adicionalmente, el plan contempla una serie de medidas de orden público y recuperación de espacios públicos, con acciones para la persecución policial y penal de bandas y organizaciones criminales detrás del contrabando y del comercio ilícito en espacios públicos, entre otras.