Pegasus es un software de intervención de comunicaciones, un producto de la empresa israelí NSO Group, el cual se ha vendido a diferentes gobiernos alrededor del mundo y ha estado inmerso en polémicas sobre espionaje contra periodistas, políticos, disidentes y activistas de derechos humanos. En Latinoamérica, más recientemente, México y El Salvador han sido mencionados como usuarios de este programa de espionaje en sendos escándalos de intervención telefónica ilegal.
Mientras tanto, NSO estaría buscando vender su producto. En ese sentido, según ha trascendido, entre los fondos interesados en comprar Pegasus habría firmas estadounidenses que se están planteando tomar el control del programa y cerrarlo.
Los fondos inyectarían alrededor de 200 millones de dólares en capital, y con ello se podría utilizar la tecnología de Pegasus para nuevos servicios de ciberseguridad estrictamente defensivos, incluso se habla de aplicarlo al software de drones; es decir, aplicarlo a nuevos posibles destinos, para evitar que se use en teléfonos móviles de personas que se busca vigilar.
Actualmente, la compañía debe pagar cerca de 450 millones de dólares. Esta mala situación económica se produce solo un año después de que la empresa se valorara en 1.000 millones de dólares, lo que la convirtió en un unicornio, como se conoce a las firmas valoradas en un millardo de dólares.
Sus ingresos han ido cayendo, por lo que se prevé que al cierre de este 2021 registre un 8% menos que en 2018 y, en parte puede ser por la presión internacional de las polémicas en que ha sido mencionado el software.
Obviamente, NSO ha reiterado que lo que se ofrece a los gobiernos con Pegasus es una forma para rastrear el crimen y el terrorismo, pero entre los espiados hay periodistas y defensores de los derechos humanos.
El Salvador
Y en este punto hay que aclarar que al menos en el caso salvadoreño, existe el procedimiento de intervención telefónica en el Código Procesal Penal salvadoreño, pero solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), solicitud presentada a un juez y avalada o rechazada por este, según haya sido la justificación fiscal, para perseguir un supuesto delito.
Por otro lado, y es lo que han señalado algunos periodistas y medios de comunicación salvadoreños, que las intervenciones vendrían del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), dependencia del Órgano Ejecutivo, y de parte de su titular, el presidente Nayib Bukele.
La sospecha en El Salvador surgió este año que finaliza por un mensaje que Apple envió a algunos usuarios de IPhone (en este caso, algunos periodistas salvadoreños, activistas y diputados opositores) que alertaba que sus teléfonos pudieran haber sido intervenidos.
Parte del mensaje decía, literalmente: “Apple cree que usted está siendo vulnerado por atacantes patrocinados por el Estado, quienes tratan de comprometer su iPhone de forma remota”.
Al respecto de sí fue con Pegasus, no existe una posición oficial clara del Gobierno de El Salvador si se adquirió o no el programa, tan solo una presunta intención de adquirirlo en el pasado reciente, precisamente, para ser utilizado para la persecución del delito y la defensa nacional.
El software se adentra en el teléfono móvil de la persona intervenida y es capaz de rastrear la ubicación del usuario del teléfono, detectar con quién ha estado, enviar y recibir mensajes, recopilar fotos, o grabar conversaciones, todo gracias al control del micrófono y otros elementos del dispositivo. Su detección y eliminación es muy complicada.
El nombre de Pegasus en la polémica de mal uso de las intervenciones apareció en 2016, tras una investigación de Lookout y Citizen Lab que descubrieron que el software se aprovechaba de varias vulnerabilidades críticas en el sistema operativo de Apple, iOS, pero hay que aclarar, según algunos expertos en ciberseguridad, es el sistema de telefonía que avisa cuando ha sido intervenido un aparato, pero Android también es vulnerable y el usuario ni siquiera se da cuenta del espionaje, pues este sistema no alerta acerca del mismo, como si lo hace iOS.
Este último año, Amnistía Internacional y la organización francesa sin ánimo de lucro Forbidden Stories, han publicado junto a The Washington Post una lista de 50.000 supuestas víctimas de Pegasus.
México
Por su parte, en México, trascendió que Pegasus fue determinante para apresar definitivamente al narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo.
Sin embargo, entre febrero de 2015 y agosto de 2016, periodistas y defensores de derechos humanos, en México, denunciaron haber recibido intentos de infección con el programa Pegasus, durante el período presidencial de Enrique Peña Nieto.
Lo que se conoce, porque reciente México ha argumentado reserva en el tema, pues ha argumentado que por las investigaciones que ha posibilitado es un tema de seguridad nacional, es que en 2014, la antigua Procuraduría General de la República de México contrató a la empresa Tech Bull para adquirir Pegasus y que según algunas fuentes habría sido una inversión de más de 60 millones de dólares.
A pesar de eso, las contrataciones con NSO Group concluyeron el 31 de diciembre de 2018 (las cuales abarcaron también parte del sexenio de Felipe Calderón) y que durante el sexenio del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no existe evidencia del uso de este servicio.
En conclusión, pueda que el problema no esté directamente en el programa Pegasus (que no es el único software de este tipo en el mundo), sino en el uso que realiza cada gobierno, el cual debería remitirse a lo establecido por las leyes de cada país para hacer intervenciones telefónicas y respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos.