Honduras aprueba la ley que allana el camino para la modernización de sus F-5

La aprobación de la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo en Honduras podría allanar el camino para que, finalmente, el Gobierno de Estados Unidos le otorgue luz verde a su homólogo hondureño para remozar sus cazas Northrop F-5E/F Tiger II.

La ley que regula el protocolo de interceptación de vuelos irregulares, de acuerdo con normativas internacionales, por parte de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), sin recurrir a fuerza letal de inclusive derribarlos, como fue redactada originalmente hace algunos años atrás, fue sancionada y aprobada por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hace pocos días.

Precisamente, el Gobierno estadounidense se opuso a la disposición original de derribar vuelos irregulares, sobre todo, bajo la sospecha de servir al narcotráfico, pues en el azar más de alguno de esos aviones al servicio de los narcos podría transportar agentes encubiertos de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

De ahí que los estadounidenses restringieron cooperaciones con los hondureños en el pasado reciente, como medida de presión contra una ley que incluyera el derribo, lo que provocó la suspensión del servicio de un radar estadounidense para el rastreo de este tipo de vuelos ilegales y la reparación de la flota de los caza F-5, primero que pudo haber sido hecha con el Gobierno de Taiwán y, más recientemente, como parte de la cooperación militar millonaria con Israel, por más de 200 millones de dólares.

La restricción también detuvo que el Gobierno de Honduras pudiera remozar su flota de aeronaves de ataque ligero Cessna A-37B Dragonfly, por lo que sin estos y los F-5, de tener la mejor Fuerza Aérea de la región, Honduras ahora carece totalmente de poder coercitivo en su flota aérea militar. Ahora quien ostenta el poderío aéreo en la región es El Salvador con la mayor flota operativa (al menos 10 unidades) de A-37, que compró a Chile, de segunda mano, hace pocos años atrás.

Aparte de la objeción estadounidense a la versión original de la normativa que incluía el derribo de aviones sospechosos de narcotráfico, también trascendió que la negativa a la reparación de los F-5 radicaba en que, por protocolos de inteligencia, este tipo de equipos militares de fabricación estadounidense solo puede ser intervenido en Estados Unidos. Esto surgió en el pasado cuando también Brasil se ofreció como el primer cooperante de Honduras en poner a punto esta flota de cazas donada por Estados Unidos en los años 80 del siglo pasado.

Ley de Soberanía Aérea

La Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo señala dos fases que involucra información detallada sobre la ubicación, identificación, rastreo, intercepción y señalización de una aeronave que requiera protección o sea sospechosa. De igual manera, contempla la protección de una aeronave en vuelo, el resguardo de las aeronaves civiles y la investigación de una traza (señal en el radar) o una aeronave con ruta sospechosa.

Al respecto, el secretario de Defensa Nacional de Honduras, general de división (r) Fredy Díaz Zelaya, dijo que "lo más importante es que (la Ley) está acorde a la legislación internacional sobre la navegación aérea y eso Honduras no lo puede desconocer". Díaz agregó: "Honduras ha hecho esfuerzos teniendo una visión clara de cómo mantener una soberanía del Estado. Es arduo el trabajo de las Fuerzas Armadas en el combate frontal al narcotráfico, pero con esta nueva ley trataremos de tener una mejor herramienta para cumplir mejor la misión".

La legislación dinamizará el proceso para identificar a un avión que no ha cumplido con los mandatos, tanto nacionales como internacionales, dado que fue redactada por expertos nacionales e internacionales. Además, está armonizada con los convenios internacionales de aviación civil, como el tratado de Chicago de 1944), también conocido como el Convenio de Chicago, que tuvo por objeto actualizar las normas sobre aviación.

También contempla el tratado de Montreal, adoptado en 1971, para prohibir y sancionar comportamientos que puedan poner en peligro la seguridad de la aviación civil.