Argentina y la UE acercan posturas en cooperación policial dentro del programa Paccto

La ministra argentina de Seguridad, Sabina Frederic, se reunió con la embajadora de la Unión Europea, Aude Maio-Coliche, en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (Paccto) Europa-Latinoamérica.

En el encuentro se presentó un abanico de cooperación que hay entre la Unión Europea y Argentina a través de programas regionales con América Latina, que permiten la cooperación entre policías europeas y policías de varios países latinoamericanos.

La embajadora Aude Maio-Coliche comentó: “Mostramos nuestras perspectivas de las políticas que tenemos en el asunto de lucha contra el tráfico de drogas y de prevención en la misma materia”. Y agregó: “El Paccto trabaja con las policías, la Justicia y las prisiones. También se apoya el trabajo de AmeriPol y fomenta su institucionalización”.

La reunión de trabajo contó con la presencia de la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Cecilia Rodríguez; del director de Internacionales del ministerio de Seguridad, Nicolás Abraham; del jefe de la Sección Política de la Unión Europea en Argentina, Jordi García Martínez; de la asesora de Proyecto de Cooperación, Victoria Giussani; y del asesor político, Khatchik Derghougassian.

El Paccto

El Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (Paccto) es una iniciativa común de los países europeos y latinoamericanos que empezó a idearse en 2015 y se materializó en 2017 con el arranque de las actividades en su oficina en Madrid. Está financiado por la Comisión Europea con 19 millones de euros para un período de cinco años.

Es un programa de asistencia técnica entre la Unión Europea y América Latina, de intercambio de experiencias y buenas prácticas también entre países de América Latina; abarcando cinco ejes transversales: cibercrimen, corrupción, derechos humanos, género y lavado de activo.

Abarca la cadena penal en su conjunto y que tiene que trabajar de forma transversal. Busca reforzar capacidades, pero también facilitar la cooperación internacional, pretendiendo responder a las necesidades más prioritarias de los países de América Latina.

Su objetivo es asistir técnicamente a 18 estados latinoamericanos para contribuir a reforzar el Estado de Derecho y la Seguridad Ciudadana, acompañando la evolución y especialización de los cuerpos y fuerzas de seguridad de estos estados, fomentar la cooperación judicial y fiscal, apoyar el desarrollo de sistemas penitenciarios más modernos, eficientes y respetuosos con los derechos humanos y promover la cooperación transfronteriza, regional e internacional en el ámbito del crimen organizado.