La nueva política de seguridad de Japón

La evolución del contexto internacional ha obligado a Japón a desarrollar una nueva política de seguridad. Las medidas buscan una contribución más activa a la paz y al equilibrio diplomático, pero están condicionadas por los rígidos límites constitucionales. Las nuevas capacidades demandadas por el gobierno para hacer frente a la salvaguardia de los intereses estratégicos implicarán también un cambio en el enfoque y la operatividad de su industria de defensa.

Aprobada en mayo de 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, su carta magna ha sabido mantenerse a lo largo de las décadas, Guerra Fría incluida, pero tras 69 años se enfrenta a una realidad geopolítica que ha cambiado, condicionada por nuevos actores. El artículo 9 es una cláusula según la cual el Estado renuncia formalmente a las acciones ofensivas como derecho soberano, y prohíbe la resolución de disputas internacionales a través del uso de la fuerza. De hecho, sus Fuerzas Armadas se denominan “Fuerzas de Autodefensa de Japón”.

Numerosos son los motivos que justifican esta nueva política de defensa. El más relevante es dar respuesta a las acciones expansivas de Pekín en la región, que se concretan, especialmente, en el dominio de las islas del Mar del Sur de China para acceder a materias primas y recursos energéticos, y ser árbitro de las rutas marítimas comerciales, una soberanía que es disputada por siete naciones. Otros motivos son la amenazadora vecindad de Corea del Norte o el caso de los ingenieros japoneses asesinados en el ataque terrorista a laplanta de gas argelina de In Amenas, un hecho que afectó profundamente a su opinión pública.

El primer ministro, Shinzo Abe, ha puesto en marcha una nueva política de seguridad, sobre el principio de la cooperación internacional, denominada “Contribución Proactiva para la Paz”. El objetivo último es fortalecer la capacidad disuasoria. Entre estas medidas figuran, por ejemplo, el derecho a acudir en ayuda de sus aliados en caso de verse atacados, la protección de sus propios ciudadanos desplazados en lugares de riesgo, así como la posibilidad de ampliar el papel de las Fuerzas de Autodefensa japonesas para permitirles despliegues en el extranjero, como en la actual misión de la ONU en Sudán del Sur.

Desde 2013 hasta la actualidad, se ha desarrollado una agenda de medidas, como la creación del Consejo Nacional de Seguridad, la publicación de la Estrategia Nacional de Seguridad, la actualización del documento “Principios Básicos de la Defensa Nacional”, la participación en el Consejo del Atlántico Norte, la revisión de la Carta Oficial de Ayuda al Desarrollo, la renovación del acuerdo de cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, la puesta en marcha de la Legislación sobre Paz y Seguridad y el acuerdo bilateral con la República de Corea, que tuvo lugar el pasado mes de diciembre. La respuesta contraria de la oposición parlamentaria –con un discurso radicalizado- y de parte de la opinión pública no se ha hecho esperar. La decisión del gobierno no ha sido fácil y es consciente de que su opción por el realismo geopolítico podría tener un coste electoral.

La industria de defensa tendrá que adaptarse también a la nueva realidad para dar respuesta a las capacidades solicitadas, teniendo en cuenta los límites estrictos y los fuertes condicionamientos mencionados. Empresas como Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Fujitsu, Toshiba, NEC o Japan´s Shin-Maywa Industries, por citar algunas, serán las protagonistas de los nuevos sistemas navales, terrestres y aeroespaciales. El desarrollo del avión de combate de quinta generación X-2, cuyo prototipo ya ha sido mostrado, es un ejemplo que ilustra esta realidad. En paralelo, estará pendiente de comprobarse la eficacia y transparencia gubernamental de la Agencia de Adquisiciones y Logística para gestionar los nuevos contratos y programas. En cuanto a la cooperación industrial, si bien la negativa de Australia en la construcción de nuevos submarinos de clase Soryu demuestra que Japón no está preparado para ser un actor competitivo en el mercado de defensa, los acuerdos con India en relación a los aviones anfibios y de rescate US-2 manifiestan progresos.

Los cambios en la región implicarán cambios en la legislación, y la disuasión deseada no podrá hacerse efectiva sin proactividad y sin cooperación internacional. La situación de Japón, una de las potencias más importantes del mundo y miembro del G-8, aparece como uno de los casos más interesantes de estudio y análisis sobre las reformas de las políticas de defensa contemporáneas, sus causas y consecuencias en el ámbito legislativo, social e industrial.