Hace algún tiempo señalábamos desde esta ventana la importancia que tuvo para la industria de defensa española la decisión de comprar los F18 en el marco del denominado programa FACA[1]. Se trataba en ese momento de la mayor inversión realizada hasta entonces en España en materia de defensa.
Los estudios iniciados en 1978, con un gobierno cuya principal tarea era la normalización política en el marco de la transición, culminaron en 1983 con la firma del contrato, autorizado por un gobierno socialista, y con el marco político constitucional ya definido pero todavía en desarrollo. Durante esos cinco años se analizaron cuidadosamente diferentes factores de todo tipo para llegar a la decisión que más interesaba a los intereses generales españoles. Todo en un entorno político, militar, industrial, laboral y social, ciertamente complejo como era el de la transición política.
Transcurridos 30 años desde la entrega de los primeros aviones, se plantea ahora su relevo y el inicio de un ciclo que previsiblemente durará 40 años desde la definición de la necesidad hasta que se plantee el rol de las Fuerzas Aéreas durante el último tercio del siglo XXI.
¿Qué problema abordamos? La respuesta es aparentemente fácil: cuál va a ser la espina dorsal de la aviación de combate española durante los años centrales del siglo XXI. Sin embargo puede que no sea tan sencillo, porque se trata de una respuesta que tiene componentes militares pero que afecta también a otros factores.
Desde el punto de vista militar la solución debe dar respuesta a las exigencias que tenga que abordar nuestro Ejército del Aire durante los próximos 40 años. Así debe enmarcarse en los futuros conceptos de aviación de combate (FCAS), analizar la demanda operativa en función de las amenazas o capacidades exigidas, determinar las consideraciones sobre apoyo logístico, las necesidades de formación de personal y plantear los costes de operación a lo largo de un ciclo de vida que será necesariamente largo. En paralelo debe determinarse, como parece que ya se está haciendo, si debe igualmente abordarse la renovación de la aviación naval. Una cuestión que debe ir más allá del relevo de unas plataformas determinadas y plantear si necesitamos esa capacidad y, en caso afirmativo, para qué misiones y con qué plataformas.
Desde el punto de vista de los costes la cuestión afecta a necesidades que previsiblemente pueden alcanzar varias decenas de miles de millones de euros durante la vida operativa de los aviones. La auditoría de los costes que ha supuesto la compra, modernización, operación y mantenimiento de la flota de F18 nos podría dar alguna idea del volumen del problema que está sobre la mesa.
De esa manera, si nos estamos planteando unos costes de magnitud importante durante un tiempo prolongado, sería conveniente establecer los objetivos que pretende esa inversión también en términos de política industrial y tecnológica. Si la base actual de la industria española no es la misma que la de hace 40 años es, en parte, por las decisiones que se adoptaron en su momento de cara a la obtención de retornos a cambio de la entrada en el programa. Un nuevo programa de grandes dimensiones podría permitir un nuevo salto adelante.
No es posible hablar de "compensaciones" en el ámbito europeo, pero las opciones norteamericanas no impiden aplicar acuerdos, que inexplicablemente se han obviado en el caso de la compra del Reaper. Si se decidiera optar por soluciones europeas, nos moveríamos en otro marco pero en el que, igualmente, habría que intentar plantear los mayores beneficios para el impulso del tejido tecnológico e industrial español. Unos beneficios que finalmente se traducirían en generación de empleo cualificado a largo plazo.
Todo este conjunto de factores obliga a que el relevo de los F-18 no se aborde solo como una cuestión del Ejército del Aire y ni siquiera del Ministerio de Defensa. Afecta a los intereses nacionales y es una cuestión estratégica que requiere visión comprensiva y a largo plazo.
[1] “El difícil relevo de los F18”. Ventana 15 de febrero de 2016.