2020: Año Covid

Ha sido el año Covid. La crisis sanitaria ha sido el problema más importante al que nos hemos enfrentado en muchos años. Su relevancia ha difuminado decisiones políticas que son importantes para nuestro futuro. La actuación de las FAS y de la industria de defensa para hacer frente a la pandemia ha sido muy significativa, aunque no se haya trasladado claramente a los españoles. Su labor sigue siendo importante en la distribución inicial de la vacuna. Pero han sucedido otras cosas en el ámbito de la defensa. Repasaremos lo que nos parece más destacado.

En el juego de intereses entre las superpotencias, se han producido movimientos que nos afectan. Aunque ha pasado casi desapercibido, el reconocimiento norteamericano de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental no es ajeno a España. Es evidente la importancia que tienen nuestras relaciones con ambos países y las implicaciones para nuestra seguridad de un posible conflicto en la zona gris que para algunos ha comenzado. Nuestra capacidad de influencia exterior y un nivel de disuasión adecuado son factores imprescindibles. El compromiso de España con nuestros aliados es importante, pero no debemos desatender cuestiones más próximas y que deben verse en clave de influencia política puesto que no son un problema militar.

Para Europa la defensa no es una prioridad en los mecanismos de recuperación y en el marco financiero plurianual, pero tampoco ha sido desatendida y se continúa en la línea de fortalecer la política de seguridad y defensa común como reclamaron los responsables de defensa el pasado mes de mayo. La necesidad de contar con un poder militar reforzado estaba también detrás del documento firmado por Borrell y Breton en junio que resaltaba las ideas de unidad, soberanía y resiliencia. Tres ideas que también valen para la política española. El fortalecimiento industrial del sector de defensa está muy presente en las iniciativas comunitarias.

En el plano nacional, las directivas de Defensa Nacional y de Política de Defensa promulgadas en verano inciden en el principio de solidaridad en el marco de la defensa colectiva. También en la necesidad de potenciar el sector industrial y de disponer de un marco financiero estable y suficiente. Ambos documentos abren un nuevo ciclo de planeamiento de la defensa en un marco estratégico preocupante y en unas condiciones, sobre todo financieras, que obligarán a hacer un importante esfuerzo de priorización de las necesidades. La reorganización de las FAS aprobada en mayo y la posterior reestructuración del EMAD deberían promover unas fuerzas cada vez más integradas desde los puntos de vista orgánico y de actuación operativa.

Por su parte la estructura administrativa del Ministerio de Defensa ha realizado un importante esfuerzo de gestión. Como ejemplo citaremos que se han tramitado expedientes para aprobación por Consejo de Ministros por más de 4.000 millones de euros. Se trata de expedientes de diferente carácter y con distintas implicaciones que dan idea de la actividad de los organismos técnicos a pesar de la pandemia y que hay que analizar desde la óptica de la política de defensa en dos vertientes: operatividad de las FAS y política industrial del sector de defensa.

Para ambos ejes el inicio de nuevos programas es importante. Este año se han contratado el 8x8 y la fase 1 A del NGWS. Pero no deben obviarse autorizaciones para otros como Euromale, helicópteros, y capacidades espaciales. Todos ellos necesarios y que deben repercutir en mejoras operativas y en la generación de actividad industrial. Su inicio ha obligado a realizar una enésima reprogramación de obligaciones para ejercicios futuros, que ha llevado a la Sedef a alertar de que no deben esperarse nuevos programas antes de 2028. Una afirmación que, de confirmarse, llevaría a una parálisis operativa e industrial por problemas financieros. Un problema que se ha convertido en estructural y cuya solución necesita consenso político, tanto a nivel interno del propio gobierno como con otros partidos. Esa idea de consenso ha sido planteada por la propia Ministra desde su nombramiento, aunque el crispado panorama político español no lo favorece.

Es importante disponer de nuevas capacidades pero hay que sostener lo que se tiene. El próximo presupuesto contempla una reducción de casi el 20% en las partidas para preparación y apoyo logístico. Una situación que afecta al alistamiento y a las capacidades para hacer frente a riesgos, y también al tejido industrial. Las cifras muestran la realidad más allá de los grandes números. El incremento presupuestario se produce por el aumento de los compromisos de pago. La filosofía de los presupuestos de defensa prioriza el pago de la deuda, a costa de la operatividad y de inversiones reales que fomenten el desarrollo industrial.

Las Fuerzas Armadas tendrán que continuar asumiendo el peso de sus actividades de preparación y sostenimiento con las asignaciones con cargo al fondo de contingencia. El penúltimo consejo de ministros del año aprobó el despliegue de 2900 efectivos en operaciones para 2021. Un importante esfuerzo de presencia en cuatro continentes que obliga además a realizar un esfuerzo adicional para atender compromisos internacionales materializando nuestra solidaridad con los aliados. El importe autorizado es de 1176 millones de euros, la misma cantidad que la aprobada en diciembre de 2019.

Por su parte, la industria de defensa española ha continuado realizando su actividad de forma sobresaliente en un entorno desfavorable. Ha tenido un papel relevante en el marco EDIDP, tanto en el resultado de la convocatoria de 2019 como en la de 2020 donde empresas españolas lideran 12 propuestas y participan en un total de 30. Su actividad queda también reflejada en el volumen de autorizaciones de exportación durante el primer semestre por importe de 22.500 millones, del que dos tercios afectan a material aeronáutico y tienen como destino países OTAN y UE. El propio gobierno destacó la relevancia de la industria aeronáutica de defensa tras la firma del acuerdo alcanzado con Airbus. Tedae ha cuantificado recientemente su valor de forma más precisa. La facturación de las empresas de aeronáutica, defensa y espacio tiene un impacto de casi 21.000 millones de euros, que supone un 1,7% del PIB nacional. Su actividad afecta a más de 200.000 empleos directos, indirectos e inducidos. De esas cifras aproximadamente el 50% corresponde a actividades propias de defensa que aportan fiscalmente al Estado más de 700 millones anuales.

Al igual que las Fuerzas Armadas la industria necesita horizontes financieros y de planificación. Mientras se reitera el mantra de la estabilidad presupuestaria se olvida con frecuencia que no se dispone de las herramientas adecuadas para hacer frente a los objetivos operativos y de desarrollo industrial. Tenemos un modelo financiero encorsetado cuya reforma necesitaría una profunda reflexión política. La planificación existe pero está excesivamente condicionada por factores externos.

Durante 2020 las Fuerzas Armadas y la industria han hecho muchas cosas. También lo ha hecho el equipo político del ministerio con apoyo de la parte menos ideologizada del gobierno. Sin embargo el ambiente que se respira no es optimista. ¿Será un problema de confianza en el nivel político? Con la aprobación del presupuesto para 2021 hay recorrido en la legislatura. Veremos el rumbo que toma la política de defensa y cuáles son las consecuencias para nuestra seguridad.