Financiación a la rusa

A finales del siglo XIX se emprendió en Rusia un proceso de modernización de los Ejércitos, en un marco de reformas generalizado impulsado por el Zar Nicolás II. Como casi siempre el principal problema era encontrar financiación para acometerlo. La política rusa del momento favorecía la alianza con Francia, puesto que ambos países miraban con recelo el auge alemán. En 1904 Francia garantizó a Rusia créditos para equipamiento militar y modernización de la red de ferrocarriles, esencial para la movilización y despliegue de fuerzas, a cambio de que las empresas francesas se beneficiasen de los contratos.

La derrota frente a Japón en 1905 hizo más evidente la necesidad de modernización militar de los rusos. En 1909 recibieron un nuevo crédito francés para duplicar la red ferroviaria entre Varsovia y Moscú y reconstruir la flota perdida en Tsushima. Sin embargo, como todavía no habían acabado la devolución del primer préstamo, dos tercios de la nueva cantidad recibida se dedicaron a pagar la deuda. En consecuencia la ayuda financiera no consiguió sus efectos, y su reembolso supuso una pesada carga para la estrategia de modernización y reformas, condicionando la aplicación de los créditos y la fuente de suministros de equipamiento. El resultado se vio en la derrota rusa de 1914 que desembocaría en la revolución de 1917.

Según datos oficiales, aproximadamente dos tercios de los créditos de inversiones recibidos por el Ministerio de Defensa en 2020 se destinaron a pagos asociados a programas especiales de armamento, prefinanciados por el Ministerio de Industria. El porcentaje en 2021 es del 76%. Su peso en el conjunto de las inversiones reales crecerá aproximadamente un punto porcentual en los próximos años, para llegar al 80% en 2024. El mecanismo de prefinanciación por vía anticipos reembolsables, que indudablemente ha tenido y tiene sus ventajas, condiciona las posibilidades de inversión en otras adquisiciones y necesidades asociadas a gastos operativos, de apoyo logístico y actividades de investigación y desarrollo. Es un mecanismo que permite abordar grandes programas, pero que limita las posibilidades del Ministerio para materializar sus políticas. No debemos olvidar, por otra parte, que un porcentaje importante del dinero revertirá al Estado, para recuperar los créditos anticipados a las empresas, que en parte corresponden a pagos asociados a programas ya finalizados.

Actualmente el Ministerio de Defensa se financia vía presupuesto específico y con créditos de Industria. Quizás podrían explorarse otras posibilidades. Por citar un ejemplo, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de diciembre un acuerdo por el que se autorizaba al Ministerio de Ciencia la fabricación en 30 meses de un buque oceanográfico y de investigación por un valor estimado de 70 millones, en tres anualidades: 17,5 en 2021, 31,5 en 2022 y 21 en 2023. Se contemplan otros 15 millones más para equipamiento. El coste total del programa estaría, por tanto, en los 85 millones. El objeto es complementar las capacidades del Hespérides, y aportar otras nuevas en exploración de pecios o yacimientos arqueológicos. El 80% del total será aportado a través de fondos Feder, y por tanto sujeto a licitación europea.

Ese criterio de financiación no se ha seguido para necesidades del Ministerio de Defensa. Por seguir en el ámbito naval, el 24 de noviembre el Consejo de Ministros había autorizado a Defensa la modificación de los límites de gasto, en los ejercicios 2021 a 2024, para adquirir un Buque de Intervención Subacuática (BAM-IS), y renovar las capacidades de salvamento y rescate de submarinos e intervención subacuática en la Armada, por un importe total de 183.012.000 euros. Este buque es importante para necesidades específicas, que se desarrollan en la actualidad por el Neptuno que tiene 45 años de antigüedad, y contribuye además como apoyo a la acción del Estado. El programa será desarrollado por Navantia, con cargo a presupuestos del Ministerio de Defensa, que tendrá que contemplar en sus posibilidades, ya limitadas, unos pagos estimados en unos 46 millones anuales durante los próximos cuatro años. El coste total para Defensa, duplicaría los del buque de Ciencia, lo que estaría justificado por las necesidades específicas, pero también tiene otras razones políticas.

Los Feder, o el acceso a la financiación a través del mecanismo de recuperación europeo, pueden ser vías alternativas para satisfacer necesidades del Ministerio de Defensa. Seguramente haya otros mecanismos para paliar la situación actual que lastra la política de modernización de las Fuerzas Armadas y el papel del Ministerio de Defensa como impulsor del tejido industrial de defensa, condicionando la aplicación de los fondos disponibles y la fuente de suministro del equipamiento.

Si no queremos caer en errores “a la rusa” deberían explorarse estrategias financieras que ayuden a conseguir los objetivos políticos y estratégicos y que no los condicionen.