La estrategia de seguridad del presidente de México Andrés Manuel López Obrador pasa, al igual que la de sus dos predecesores inmediatos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, por las Fuerzas Armadas del país. Tras dos sexenios de intervención de los militares en la seguridad pública sin apenas respaldo legal, en una condición de emergencia que ya se prolonga más de doce años, la propuesta securitaria estrella del nuevo presidente es la creación de la Guardia Nacional.
Se trata de un cuerpo que estará formado, al menos durante el comienzo de su recorrido, por una mayoría de efectivos procedentes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), además de adscritos a la Policía Federal, que se disolverá.
El primer comandante de este nuevo cuerpo de seguridad es el general Luis Rodríguez Bucio, un militar con más de cuarenta años al servicio de la Sedena. Hasta ser nombrado el 11 de abril, ejercía como presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa. Rodríguez Bucio se convirtió en general brigadier en 2005 y ascendió a general de brigada en 2012.
Tiene además una dilatada experiencia en tareas de lucha contra el narcotráfico, ya que entre 2011 y 2013 fue coordinador de operaciones en el cuartel general de la IV región militar, con sede en Monterrey. Desde ahí se encargó de combatir las actividades del narcotráfico en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, importantes focos del crimen organizado en México.
Antes de eso fue comandante de la guarnición militar de Cancún (Quintana Roo) entre 2010 y 2011 y también comandante del Segundo Batallón de Fuerzas Especiales, desde donde dirigió operaciones contra el narcotráfico en los territorios de Tamaulipas, Durango y Sinaloa.
Entre 2013 y 2017, el general estuvo a cargo del Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que gestiona proyectos de investigación y e innovación tecnológica. Aprovechó ese periodo para completar, en 2016, el doctorado en Defensa y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales de Semar, con una tesis que precisamente analizó la participación de las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico bajo la presidencia de Calderón (2006-2012).
Además, el comandante de la Guardia Nacional tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de Popotla (Ciudad de México) y un curso de Estado Mayor en Alemania, que cursó durante los años 90. En ese país también se desempeñó como agregado militar de la embajada entre 2000 y 2002.
La Guardia Nacional se ha concebido como un cuerpo de seguridad que debe hacer frente a la situación extraordinaria que vive México después de dos sexenios de violencia inusitada entre el crimen organizado y diversas fuerzas del Estado. Su tarea principal será controlar el territorio y garantizar la seguridad en contextos en los que las policías municipales y estatales no se consideran confiables, aunque su modelo a largo plazo es convertirse en un cuerpo de seguridad híbrido al estilo de la Guardia Civil española o la Gendarmería francesa.
Tras meses de polémica y críticas de la sociedad civil, el Senado enmendó el proyecto de ley inicial para que estuviese sometida a un mando civil. No obstante, López Obrador decidió poner al frente a un militar y se valió de la circunstancia de estar el general Rodríguez Bucio en proceso de retiro.
La creación de la Guardia Nacional representa un gran viraje de la política del presidente respecto a sus promesas de campaña, que pasaban por el retiro paulatino de las fuerzas armadas. El presidente argumentó que el Ejército es una institución más confiable que las policías locales, estatales y federal, a pesar de que no está exento de casos de violaciones de los derechos humanos. Según un informe de la independiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre 2007 y 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 148 recomendaciones a las Fuerzas Armadas por casos de violaciones de los derechos humanos.
Aunque administrativamente la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Alfonso Durazo, muchos expertos han señalado que, como militar, el superior jerárquico directo de Rodríguez Bucio será el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de Sedena.
Por el momento, la Guardia Nacional será un cuerpo de clara vocación castrense, pues sus altos mandos serán militares, los nuevos reclutas recibirán entrenamiento militar y la mayor parte de sus primeros integrantes procederán de Sedena, de Semar y de la Policía Federal, que se disolverá en el nuevo cuerpo paulatinamente.
El propio Durazo señaló que la meta para este año es que la Guardia Nacional cuente con 80.000 efectivos. Sandoval, el secretario de Sedena, detalló que 21.000 de estos elementos deberán ser civiles reclutados a través de campañas del Gobierno.
A pesar de su composición, el cuerpo de seguridad tendrá competencias para investigar y prevenir delitos de fuero federal, pero también locales si las autoridades territoriales así lo solicitan. Los miembros de la Guardia Nacional podrán efectuar detenciones y registros y tendrán amplias atribuciones de inteligencia, como el monitoreo de conversaciones privadas previa autorización judicial.
Lejos de ir a la baja, los niveles de violencia batieron récords históricos durante el primer trimestre de 2019. En esos tres meses, 8.773 personas fueron víctimas de homicidio doloso o feminicidio en México según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se trata del registro más alto de la serie histórica para el país. Entre diciembre de 2006 -cuando Calderón lazó la llamada “guerra contra el narco”- y diciembre de 2018 -cuando López Obrador tomó posesión de la presidencia-, más de 220.000 personas fueron asesinadas en México.
El actual presidente, conocido como AMLO, ha propuesto una estrategia de seguridad basada en la Guardia Nacional, un incremento de los esfuerzos en inteligencia financiera contra el crimen organizado y la promoción de alternativas de vida para los jóvenes, a través de becas para estudios y formación profesional. Es pronto para sacar conclusiones, pero por ahora no hay ningún indicador que diga que la violencia y la criminalidad vayan a menos en el país.