El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, mantuvo el pasado miércoles un encuentro con el consejero de Economía, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, para abordar el futuro del Centro de Excelencia de vehículos no tripulados (CEUS), proyectado en el municipio de Moguer en Huelva.
Tras esta reunión, el Ministerio de Defensa anunció "el inminente inicio de los trabajos, por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), con la compra del terreno donde iría ubicado el CEUS y la construcción de una pista eventual para el vuelo de UAV".
Durante la reunión, celebrada en la sede del ministerio en Madrid, a la que también acudieron la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, y el director general del INTA, teniente general José María Salom, Olivares destacó que "se trata de un proyecto ilusionante, que ha contado con los esfuerzos y recursos constantes del INTA, y en el que estamos dispuestos a seguir avanzando".
Por otro lado, Defensa explicó que "se ha identificado la necesidad de definir un nuevo protocolo de actuación que permita adaptar el proyecto a la realidad actual, estableciendo un marco que defina un calendario realista y el compromiso de las partes".
El proyecto CEUS es una iniciativa promovida conjuntamente por el INTA y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Su objetivo es la implantación de un centro de ensayos para investigar con UAV en Huelva.
CEUS ocupará 75 hectáreas de terreno público y, por el acuerdo del 29 de octubre de 2013 del Consejo de Gobierno andaluz (BOJA núm. 230, de 22/11/2013) se determinó la prevalencia del interés científico-tecnológico sobre el forestal.
En noviembre de 2016, el ex director general del INTA teniente general Ignacio Azqueta reconoció que este proyecto, bautizado durante su presentación como el más avanzado de Europa, no estaba "olvidado". El general insistió entonces que se trabajaba "día a día" para conseguir financiación europea, aunque comunicó una reducción de 14 millones de euros en el coste total del proyecto, que asciende a unos 40 millones, sin perder "las capacidades diseñadas".
El Gobierno ha invertido en el futuro centro 10,2 millones de euros, la mayor parte (8,93 millones) en equipamiento técnico, mientras que 980.000 euros se han destinado a servicios de estudios, asesoramiento técnico y transportes, y los otros 340.000 euros a reformas y adaptación de edificios.
Por su parte, la Junta de Andalucía reservó en sus presupuestos de 2016 tres millones de euros y para 2017 una partida de 1,5 millones de euros. En un primer momento, el plan contemplaba que la Administración andaluza aportaría nueve millones de euros, el Ministerio de Economía 21 millones, y los otros diez millones restantes serían invertidos por el INTA.
En 2018, como publicó Infodron.es, el INTA pidió la concesión de una prórroga de dos años para la ejecución de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Esta solicitud al Ministerio de Transición Ecológica se produjo justamente cuando se cumplía el plazo de cuatro años que dio el Gobierno para su realización.
La autorización caducaba a los cuatro años de su concesión si no se iniciaba la actividad y el INTA solicitó una ampliación para evitar empezar de nuevo toda la evaluación ambiental.