El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto llevar a juicio a la empresa Defex por las irregularidades en once contratos firmados entre 2005 y 2014 para exportar material de Defensa a Arabia Saudí valorados en 48 millones de euros.
En un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado -similar al de procesamiento-, el magistrado da el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a la excúpula de la empresa, encabezada por el expresidente José Ignacio Encinas. Desde el año 2014, la Audiencia Nacional investiga a la compañía participada al 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el desvío de fondos en acuerdos comerciales con Arabia Saudí, Angola, Brasil, Camerún y Egipto.
La de Arabia Saudí es la tercera pieza separada vista para juicio, después de las de Angola y Camerún. En este caso, el magistrado plantea juzgar a nueve personas físicas, entre las que está el presidente y varios directivos, y a tres entidades como personas jurídicas -Defex, Defence Devolopment y Nytel Global-. Los hechos investigados, considera el juez, son constitutivos de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y delito de organización y grupo criminal.
Según el auto, los directivos de Defex presuntamente computaron como verdaderos gastos los pagos de comisiones a sociedades consultoras que no se corresponderían con trabajos reales o verdaderos, o que no han resultado justificados, y pagos a terceros identificados, en algunos casos, con siglas o con la graduación militar que podrían referirse a personas pertenecientes o relacionadas con el gobierno de Arabia Saudí.
Además, añade, se pagaban también comisiones "extraordinarias, irrazonables y no justificadas" a agentes por medios de sus empresas, todas ellas "meros parapetos para ocultar los intereses personales de los anteriores".
En la pieza de Angola, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado esta misma semana 50 años de cárcel para el expresidente de la compañía y diferentes penas de prisión para 27 acusados por la presunta venta irregular de armas por un importe superior a 152 millones de euros. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal relata un supuesto desvío de fondos de 41 millones de euros en sobornos a funcionarios y altos cargos angoleños para obtener contratos de material policial.
Los escándalos de corrupción en la cúpula de la empresa y el entramado societario diseñado para cobrar comisiones irregulares provocó que en septiembre de 2017 el Gobierno aprobará la disolución y liquidación de la compañía Defex.