Una comisión legislativa en el Congreso de El Salvador estudia la Ley de Navegación, con la cual la Fuerza Naval de El Salvador podrá recuperar la facultad de controlar a todas las embarcaciones.
El ministro de Defensa de El Salvador, vicealmirante René Merino, aseguró que, entre las acciones que se realizarían luego de la aprobación de la nueva Ley de Navegación está el registro y control de embarcaciones para interrumpir la interacción de "pescadores pandilleros narcotraficantes".
El proyecto de la Ley de Navegación que estudia la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa, a la que asistió el ministro Merino, este miércoles pasado, otorga la autoridad marítima a la Fuerza Naval en sustitución de la actual Autoridad Marítimo Portuaria (AMP).
Nuevas responsabilidades
La Fuerza Naval salvadoreña se encargará de la seguridad de la navegación, la salvaguarda de la vida humana en el océano, la cautela de los intereses marítimos nacionales y la protección del medio ambiente acuático, según explicó el funcionario.
"Lo que se pretende es garantizarle al Estado que el transporte de mercancías por vía marítima sea seguro y para que sea seguro hay un tema que se llama la seguridad de la navegación", dijo Merino a los diputados de la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa.
El jefe militar indicó que deben verificar que buques, tripulación y seguridad de puertos cumplan requisitos de seguridad y tengan las certificaciones correspondientes. En el caso de los intereses marítimos nacionales, el ministro dijo que la Marina se encargará de los barcos pesqueros en aguas territoriales salvadoreñas sin autorización.
El vicealmirante aseguró que, en 2002, la Fuerza Naval perdió facultades como autoridad marítima y, desde entonces, hubo aumento de narcoactividad y pesca ilícita, “ante la ausencia de buques que pudieran ejercer esta función”.
Aseguró que a partir del Plan Control Territorial se retomó la presencia en el mar, lo que resultó en el decomiso de 52 toneladas de cocaína, 11 barcos de bajo perfil y 464 pescadores nacionales y extranjeros detenidos, así como casos de trata de personas.
Expuso que, entre las acciones que realizarían para “el buen orden en la mar”, están el registro y control de embarcaciones para interrumpir la interacción de “pescadores pandilleros narcotraficantes”.
Indicó que buscan que el territorio marítimo “no quede vulnerable” en seguridad y que en otros países latinoamericanos las Armadas fungen como la autoridad marítima.
“Esta ley le viene a dar todavía aún más capacidades para poder cuidar los intereses marítimos, los intereses del Estado, a través de todas las funciones que cumplen ustedes”, indicó, por su parte, el diputado del oficialista Nuevas Ideas, Eduardo Carías.
Aparte, el ministro de Defensa manifestó que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), administrador de puertos y aeropuertos en El Salvador, destinará 1% de sus utilidades para reforzar las actividades de la Fuerza Naval, que ya cuenta con capitanías y buques.
En ese sentido, la Marina asumirá el registro de los buques de todo tamaño y artefactos navales, algo que actualmente realiza la AMP y la administración portuaria comercial se mantendrá a cargo de CEPA.
Por otro lado, Merino abordó el tema de seguridad de la vida humana en el mar, como rescate de personas que naufragan. “Al haber un siniestro en la mar, que sea a 100 millas o a 200 millas de la costa, obviamente para hacer un rescate o para actuar en ese lugar se necesita de buques y de gente que conozca”, indicó.
El servicio de Guardacostas es una especialidad en la Marina salvadoreña separada de las funciones de defensa nacional. De esa manera, el funcionario explicó que no se creará una instancia nueva, sino que la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) solo ordenará internamente la asignación del servicio de Guardacostas.