Inversiones para las Fuerzas Militares de Colombia: verdades y desinformación intencional

Dentro del proceso de renovación de la flota de los cazas colombianos, recientemente impulsado por la nueva administración presidencial de este país, se han presentando una serie de opiniones tanto de miembros (de la reserva) de la Fuerza Aérea, de analistas, conocedores y también de nuevos expertos (exministros de defensa) acerca de cómo se ha desarrollado el mismo, particularmente durante los dos últimos meses de 2022 y, con excepción de los exmilitares, en base a información casi en su totalidad revelada por Infodefensa.com.

Sin embargo, recientemente han surgido nuevas voces -difundidas en medios nacionales-, en las que se cuestiona este proceso, pero fundamentadas en premisas que no se corresponden con la realidad del país, desconociendo proyectos adelantados por las Fuerzas Armadas y proponiendo nuevos paradigmas totalmente ajenos a las experiencias y lecciones que los conflictos convencionales de alta intensidad están generando actualmente.

En este sentido, se cuestiona la modernización de los aviones de combate afirmando que no existirían "circunstancias que apresurasen definiciones sobre este asunto", desconociendo que este proceso se ha venido llevando a cabo rigurosa y sostenidamente durante 12 años, desde 2011, sin que ninguno de los gobiernos anteriores tomase la decisión de concretar este programa.

Violaciones reiteradas a la soberanía colombiana

Se objeta también que la "amenaza estratégica" aducida (Venezuela) sea real, olvidándose que solo durante el periodo comprendido entre 1992 a 2018 se produjeron -al menos- 21 denuncias documentadas de violaciones del espacio aéreo colombiano por parte de la Aviación Militar Bolivariana Venezolana (AMBV), cifras que demuestran que esta conducta dista a todas luces de ser casual y, por lo contrario, producto de una política de estado.

Además, esa postura omite que, a través de pronunciamientos públicos, miembros del Gobierno venezolano han dado a conocer aparentes planes que implican la destrucción, por ataques aéreos coordinados de la AMBV, de infraestructura civil colombiana (puentes) y de blancos civiles (Bogotá), basados en la aparente superioridad operacional de las Fuerzas Armadas de ese país y sin ningún tipo de justificación.

Sostienen también estas opiniones contrarias a la inversión en las Fuezas Militares, que las atenciones del gobierno están dirigidas a la compra únicamente de aviones, dejando fuera submarinos, corbetas, tanques, APC, drones o baterías antiaéreas, demostrando estas afirmaciones un total desconocimiento de los procesos de modernización o de compra realizados no solo en los últimos años sino también en las últimas semanas. 

Solo por ser didácticos, en el caso de los submarinos, la Armada Colombiana (ARC) adelantó hace pocos años procesos de modernización de sus U209/1200 (oceánicos) y de compra de los U206A (costeros) y, en el caso de las corbetas (ahora fragatas ligeras) la fuerza actualizó sus cuatro unidades de la clase FS 1500.

Respecto a blindados (APC) y tanques, el Ejército ha comprado vehículos de los tipos 4x4 AFV Textron Marine & Land Systems (TM&LS) M1117, así como GDLS LAV-III, por no mencionar los de fabricación nacional de los tipos Armor International Hunter TR-12 y Hunter XL y los IDS Titán-C (TROP), adelantándose el pasado 30 de diciembre un proceso por 305 millones de dólares, para la compra de equipo adicional, así como de un sistema de artillería autopropulsada por 102 millones.

En el caso de los UAV, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) ha desarrollado y vendido a las FFAA sus prototipos Coelum y Quimbaya, realizando la Fuerza Aérea, la ARC, la Policía y el Ejército compras adicionales de este tipo de sistemas a proveedores estadounidenses, israelíes, españoles y chinos.

Y en el caso de baterías antiaéreas, el también pasado 30 de diciembre, se concretó la compra de un sistema de estas características del tipo IAI Barak-MX.

¿Preferencia por la Fuerza Aérea?

De la misma forma, estos artículos de opinión cuestionan al gobierno por "sobredimensionar a la Fuerza Aérea", ignorando que en septiembre pasado, el nuevo gobierno colombiano firmó el diseño y la compra de la primera Fragata (PES) para la Armada, en un proceso que potenciará a la industria de defensa nacional, pues en el mismo participará activamente el astillero nacional Cotecmar, al que le fue encargado también la fabricación de una nueva OPV-93C y un nuevo buque de carga y cabotaje 6012: una inversión de 435 millones de dólares.

En esta línea, el pasado 30 de diciembre, se firmaron contratos para el Ejército por 407 millones de dólares y para la FAC (Sisdan y Guerra Electrónica) por 223 millones, sin contar los casi 20 millones pagados por tres aeronaves para la Policía Nacional. Actualmente se espera la elaboración de un nuevo Conpes, que incluya los valores necesarios para la renovación de los cazas de combate, para una segunda fragata y un segundo buque logístico, sumando todo esto inversiones por 1.065 millones de dólares.

Estos análisis plantean también nuevos paradigmas, como el de la "creciente irrelevancia de los aviones de combate", que olvidan -quizás adrede- los procesos que actualmente se adelantan para el desarrollo de precisamente nuevas aeronaves, entre ellos los programas FCAS (Alemania, Francia, España), Tempest (UK, Italia, Suecia, Japón), KF-21 (Korea del Sur), TF-X (Turquía), por no hablar del SU-57 (Rusia), el J-20 (China) y los F22 y F35 estadounidenses.

Adicionalmente, estas voces críticas revelan supuestas cifras sobre los valores finales de cada uno de los modelos preseleccionados (Rafale y Gripen), excluyendo extrañamente los costos de los F16 Bloque 70, tasados para Colombia en 223 millones cada unidad, los mas caros dentro de la shorlist.

Los contrarios a invertir en Defensa desconocen además -o niegan- los retos estratégicos que afrontará el país en las próximas décadas, esbozados en los análisis de las Fuerzas Armadas y planteados en el Sistema Integral de Defensa Nacional (Siden) por la pasada administración, que la actual comienza a desarrollar.

Todo lo anterior para explicar el desdén del estamento colombiano hacia el sector de la defensa y por qué a sus Fuerzas Armadas les ha costado tanto construir capacidades estratégicas en defensa. Las conclusiones de análisis y opiniones como las disgregadas aquí reflejan el desconocimiento absoluto sobre estos temas y alertan sobre la necesidad de materializar los procesos previstos en el Siden. La cordura y la razón, así lo indican claramente.