Presupuesto de Defensa vs la realidad colombiana en materia de seguridad

En desarrollo de la nueva política de seguridad colombiana, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha definido el presupuesto de defensa de este país para 2023. Colombia ha planteado su nueva política de Seguridad Humana (Ley 2272 de 04 de noviembre de 2022) mediante la cual el nuevo gobierno busca "la protección de las personas, la naturaleza y los seres sintientes, de tal manera que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano por medio de la creación de políticas sociales, medioambientales, económicas y de la fuerza pública, que en su conjunto brinden al ser humano la supervivencia y la dignidad".

Estos postulados se materializan a través de la acción de la Fuerza Pública, que en virtud de ellos ha planteado necesidades tanto para sus gastos generales, como para la inversión destinada a la adquisición de nuevas capacidades.

Gastos generales e inversiones

Tras sendos debates en Senado y Cámara de Representantes de Colombia, fueron aprobadas finalmente sumas por 9.677.953.890 dólares, que representan un incremento de cerca de un 8,5% respecto a las cifras aprobadas para el presente 2022 (8.859.953.890 dólares).

Sin embargo, para este año se habían destinado para el rubro de inversiones 415.924.056 dólares (4,92% del presupuesto) frente a los 386.496.445 dólares aprobados para 2023 (4,1% del presupuesto), lo que supone una reducción del 7% en las sumas que se destinarán a la compra de nuevos sistemas y equipos.

Con unas Fuerzas Armadas que encuadran a 240.000 efectivos en el Ejército y 161.000 Policías, que se emplean constantemente en operaciones de vigilancia y control del orden público, Colombia necesita destinar sumas considerables para el sostenimiento logístico de esta fuerza, que además es desplegada a lo largo y ancho del país, a través de un esfuerzo aerotransportado que recae sobre la Fuerza Aérea, la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército y el Servicio Aéreo de la Policía.

Las cifras en cuestión representan un 12% del presupuesto general de la nación para el 2023 (PGN) y aproximadamente un 4% del PIB, lo que la coloca como uno de los países que más recursos destina al sector defensa, según el Banco Mundial (primero en la región en 2020), no reflejándose esto en la calidad y en la cantidad de sistemas de carácter disuasivo y mucho menos en los temas de seguridad, convivencia ciudadana y orden público.

Pie de fuerza comprometido

Esto sumado al inicio de procesos de disminución de los pies de fuerza motivados, por una lado, en el fin de la obligatoriedad del servicio militar, lo que se ha reflejado en un baja significativa en las tasas -ahora voluntarias- de reclutamiento (cercanas al 40%) y, por el otro, en una fuerte desmotivación de oficiales, suboficiales, personal ejecutivo y regulares frente a posiciones del gobierno que exigen e imputan mayores responsabilidades, sin las contraprestaciones en medios y en respaldos jurídicos, lo que y en el caso de la Policía Nacional ha representado una disminución de 176.728 para 2021, a 160.789 efectivos para mediados del presente 2022, sin contar aproximadamente las más de 10.000 solicitudes de retiro voluntario que se han presentado a lo largo de este año y que reflejan el profundo malestar al interior de las FFAA frente a posiciones y señalamientos de miembros del actual gobierno colombiano.

Las disminuciones de los pie de fuerza, no ayudan tampoco en el combate de los principales fenómenos generadores de violencia e inseguridad, que se traducen en la acción delictiva de 22 grupos armados organizados (GAO), dos de los cuales son de carácter insurgente (ELN y MRP), nueve organizaciones más caracterizadas como autodefensas ilegales y 11 grupos disidentes o reincidentes de las FARC-EP, que agrupan un total de 12.600 hombre armados (5.200 del ELN, 4.200 disidentes/reincidentes FARC y 3.200 del Clan del Golfo, principalmente).

Violencia y narcotráfico

Las acciones delictivas de estos GAO se han traducido en 91 masacres y 289 líderes y defensores asesinados, según Indepaz, a primero de diciembre y 9.844 homicidios, según Medicina Legal, a primero de noviembre del presente año, cifras que -en aumento desde 2017- por sí solas explican la creciente ola de violencia, inseguridad y alteraciones al orden público que acumula el país.

No obstante, es pertinente aclarar que los problemas de seguridad y orden público colombianos obedecen en gran medida al narcotráfico, porque de los 22 GAO referenciados y reconocidos por el Gobierno, 21 están dedicados absolutamente a esta actividad, que se traduce en unas 1.100 toneladas de coca derivadas de unas 200.000 hectáreas sembradas, en áreas bajo el control de estas organizaciones.

Desafíos considerables los que afronta el nuevo gobierno, que sin embargo cuenta con una hoja de ruta presupuestal para la toma de decisiones que favorezcan la construcción de capacidades mínimas disuasivas (SIDEN), pero que también debe establecer de forma precisa una política de seguridad y convivencia ciudadana, que se ajuste a las realidades del conflicto y más allá de enunciados teóricos sin ninguna aplicabilidad práctica.