El presidente Petro eliminará el permiso especial para el porte de armas en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha manifestado su intención de eliminar el permiso especial para el porte de armas, actualmente vigente en esta nación sudamericana.

Las declaraciones en torno a este tema, las hizo, dias antes de asumir la presidencia, en el marco de un evento en donde diferentes organizaciones comunitarias le solicitaron adoptar medidas para evitar el asesinato de líderes sociales. En este sentido, el mandatario apunto a la necesidad de una reforma con la cual acabar con los permisos para porte, los que además califico como un “buen negocio”.

Cabe anotar, que mediante el decreto 1873, del 31 de diciembre de 2021, se extendió entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2022, la prohibición del porte de armas, argumentando que el monopolio de las mismas debe estar en manos del estado y que dicha medida, estadísticamente, muestra una disminución de homicidios precisamente con este tipo de armas de fuego. Sin embargo el Ministerio de la Defensa viene permitiendo el proceso de tramite y aprobación -a través del DCCAE-, de permisos especiales de porte (regional o nacional), por razones comprobables de seguridad del solicitante, o por estar incluido dentro de listado de excepciones establecido por dicha cartera.

Dura realidad

Pero la percepción de la realidad en materia de seguridad, por parte de los ciudadanos es contraria a las estadísticas, y ven en dicho anuncio una medida opuesta a esa realidad, con la cual el nuevo gobierno pretende esconder que un altísimo porcentaje de los homicidios con armas de fuego se llevan a cabo con armas que provienen del mercado ilegal, -el 91 % de las decomisadas, siendo de hecho muchas de ellas alquiladas por organizaciones que prestan ese servicio-, comercio que crece debido a los vacios jurídicos y penales que afectan el accionar policial.

La lentitud por parte del estado en la reforma a la justicia, la congestión en la resolución de procesos, la burocracia y los trámites, ha generado un aumento en la necesidad –por parte de la población- de solicitar la tenencia o el porte de un arma legal, pero que y por las trabas impuestas por las sucesivas restricciones (expedidas desde el 2016), han generado contrariamente un auge del mercado negro, lo que ha redundado en un aumento de la inseguridad, propiciando otros escenarios violentos, productos estos de la impotencia ante la inoperancia del estado, que no puede garantizarles la seguridad a sus ciudadanos, lo que a su vez conlleva a la búsqueda de soluciones (alternas por fuera de la legalidad), que afectarán aún más no solo la seguridad, sino la convivencia ciudadana y el orden público de esta nación.