Las empresas fabricantes de armas demandadas por tráfico de armas por el Gobierno mexicano presentaron su contrarréplica ante tribunales estadunidenses. Smith & Wesson Brands, por ejemplo, solicitóque se desestimen los argumentos presentados por México al alegar que no se les puede aplicar la jurisdicción de Massachusetts ya que cuentan con una licencia federal. Por otro lado, argumentó que no se les puede establecer un vínculo de responsabilidad en el tráfico de armas.
Por su parte, el distribuidor Witmer presentó su propio argumento, en el que indica que hay falta de jurisdicción y fundamento en el reclamo. Señala que la responsabilidad del tráfico de armas es de los intermediarios de las adquieren y las revenden no de las empresas que venden cumpliendo la ley.
Con la demanda el Gobierno de México busca una reparación económica de hasta 10.000 millones de dólares, lo que ocasionó el desplome en bolsa de la empresa Smith & Wesson y mantiene en vilo a las otras diez que también podrían tener serias repercusiones económicas en caso de perder el litigio.
Reclamo ante la ONU
En el marco del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente presidido por México, el canciller del país, Marcelo Ebrar, criticó los esfuerzos del organismo para combatir el tráfico de armas de fuego.
"Muchos son los esfuerzos que desde las Naciones Unidas se han emprendido para fortalecer la cooperación y acción conjunta, que permitan prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras, así como sus terribles consecuencias. Sin embargo, nuestros esfuerzos han sido, debemos reconocerlo, insuficientes", aseguró durante la sesión del organismo con sede en Nueva York.
"En México creemos que los gobiernos y el sector privado deben de trabajar en conjunto para frenar el tráfico de armas y sus efectos nocivos en las poblaciones. Los actores privados deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y de monitoreo de sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse que las que fabrican bajo la ley, no lleguen a manos criminales", señaló el mandatario.
En los últimos 10 años se calcula que al país ingresaron dos millones de armas de manera ilegal por la frontera con Estados Unidos y, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las armas se encuentran involucradas en siete de cada diez delitos por lo que la demanda de México considera la reparación del daño a través de una multa económica.