La compañía aeroespacial y de defensa europea Airbus ha anunciado este martes la firma de “un principio de acuerdo” con organismos franceses, británicos y estadounidenses vinculadas con la lucha contra el fraude y los delitos económicos. La empresa explica en un comunicado que estos acuerdos “se realizan en el contexto de investigaciones sobre denuncias de soborno y corrupción y en cumplimiento de las regulaciones internacionales de tráfico de armas de EEUU (ITAR)”. Y concreta que “permanecen sujetos a la aprobación de los tribunales franceses y del Reino Unido y los tribunales y el regulador de EEUU”. En una nota posterior, la empresa añade que, en previsión de que salga adelante dicha aprobación, ya ha preparado "una provisión de 3.600 millones de euros para el pago de posibles sanciones".
El texto concluye indicando que, “por razones legales, Airbus no puede hacer ningún comentario sobre los detalles de sus conversaciones con las autoridades investigadoras”.
El rotativo británico Financial Times ha revelado esta misma semana que la compañía podría hacer frente a un pago superior a los 3.000 millones para acabar con las acusaciones a las que se refiere en su nota, y que pueden estar relacionadas con las investigaciones iniciadas en Francia y Reino Unido en el año 2016 sobre presuntas irregularidades en transacciones realizadas en ambos países. Posteriormente, en 2018, Estados Unidos también comenzó a investigar operaciones de Airbus.
En un comunicado adicional, que amplía los términos del primero, la empresa apunta que “si los tribunales lo aprueban, los acuerdos darán lugar a que Airbus tome una provisión de 3.600 millones de euros para el pago de posibles sanciones a las autoridades francesas, del Reino Unido y de Estados Unidos, que serán registradas en las cuentas de la compañía en 2019”. El texto aclara previamente que los acuerdos alcanzados requieren una aprobación posterior.
La empresa detalla que el principio de acuerdo ha sido alcanzado con la institución judicial francesa contra delitos económicos y financieros graves Parquet National Financier (PNF), la Oficina de Fraudes Graves (SFO) de Reino Unido, dependiente del gobierno de ese país, y autoridades estadounidenses no especificadas
Tom Enders, que ocupó el sillón de consejero delegado de Airbus hasta 2019, envió en octubre de 2017 una carta a los empleados de la compañía advirtiendo de una “oleada de noticias en los medios relativas a nuestros problemas de cumplimiento y a las investigaciones que están en curso”. En la misiva les pedía que se preparasen “para un periodo de confusión y turbulencias” que sería “largo y puede tener consecuencias graves, incluyendo multas de consideración para la compañía”.
Anteriormente, ante las investigaciones por corrupción (en aquel momento abiertas en Austria, Francia y Reino Unido), Airbus encargó a tres consultores externos la revisión del grado de cumplimiento de la empresa. Como resultado se detectaron actuaciones éticamente reprobables, como el ofrecimiento de sobornos de representantes de la empresa en algunos contratos, principalmente de índole militar.
Enders aclaraba en su carta que las investigaciones “por presuntas violaciones de las leyes contra la corrupción y el soborno” responden a la actuación responsable de la empresa, que en 2016 optó por “comunicar a las autoridades gubernamentales y a los organismos de investigación determinados problemas que nosotros mismos habíamos detectado”. El entonces consejero delegado apuntó que esa “era la forma correcta de proceder, la única que está en línea con nuestros valores, estándares éticos, normas de cumplimiento y responsabilidades legales, y lo hicimos así con el total respaldo de nuestro consejo de administración”.