"Las Fuerzas Armadas son una herramienta fundamental para preservar nuestro marco de convivencia. Alcanzar una estabilidad presupuestaria que permita una adecuada planificación en la dotación y sostenimiento de las Fuerzas Armadas exige asegurar una financiación suficiente, previsible, estable y acorde a las necesidades de las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacional". (Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Informe Económico y Financiero, pág. 123).
Esta impresionante declaración de intenciones se queda en eso si la prioridad de la política de defensa no se ve acompañada de las dotaciones presupuestarias que respondan a ella. Una forma de “medir” si las palabras son consistentes con los hechos es el orden de prioridad que se concede a una política de Estado. En este caso se puede aproximar a través de dos vías. La primera de ella es el porcentaje que supone el presupuesto de defensa con relación al resto de los presupuestos de otros ministerios. Pues bien, supone el 2,1% del total de los Presupuestos Generales del Estado. La segunda de las formas es estudiar qué posición ocupa España dentro del entorno de los países de la OTAN en términos de gasto y, el resultado es el penúltimo lugar.
Por lo que respecta a “planificación en la dotación” se puede decir algo similar, ya que hay casos en los que sería necesaria una mayor planificación, como ocurre en el caso de las operaciones en el exterior. Normalmente se aduce que debido a los cambios que hay a lo largo del período presupuestario, no se puede saber con exactitud la cuantía. Sin embargo, dentro de los países de nuestro entorno somos el que peor planifica este gasto con notable diferencia.
En lo que se refiere a la “financiación suficiente, previsible, estable”, desde hace años se conoce que la financiación no es suficiente y, en muchos, tampoco estable, motivo por el cual se viene planteando desde hace tiempo la necesidad de una ley que aporte dicha estabilidad, al menos en la parte que tiene que ver con las inversiones, considerando que este es el segundo ministerio más inversor. Sin embargo y, a pesar de que los principales partidos políticos están de acuerdo con la necesidad de dicha ley y que, a pesar de que son el poder legislativo, dicha norma no llega.
Dicho todo lo anterior hay que congratularse de que el presupuesto del Ministerio de Defensa haya aumentado un 4,7%. No es una importante cuantía, pero se ha mostrado necesaria si lo que se desea es que las Fuerzas Armadas (FAS) estén preparadas para todo tipo de eventualidades, como la que estamos viviendo actualmente con el Covid 19, algo que no se puede improvisar y que ha demostrado la gran importancia de las FAS.
Entrando en algunos detalles de los números del presupuesto de defensa, su montante total asciende a 9.072 millones de euros, de los cuales el 53% se destina al capítulo primero de gastos de personal, un 10% a los gastos corrientes en bienes y servicios y un 35 % a inversiones y los tres suman más del 97% del total.
Con relación al capítulo de personal, no se puede decir mucho debido a que es bastante fijo, al contener fundamentalmente las retribuciones. Sin embargo, llama la atención el reducido volumen del capítulo dedicado a los gastos corrientes, que desde 2018 se ha reducido en más de 11%. Este capítulo incluye, entre otros aspectos los relativos a reparación, mantenimiento y conservación, así como la formación del personal. Debido a la gran relevancia de estos dos aspectos –y otros complementarios a ellos-, su reducción resulta de especial importancia.
En términos de inversiones, de los casi 3.000 millones de euros,, unos 2.700 millones ya se encuentran comprometidos en el pago de los Programas Especiales de Armamento, por lo que para otros programas quedan unos 300 millones, cifra a todas luces insuficiente, debido al tipo de inversiones en infraestructuras que deben llevarse a cabo y su importancia para la operatividad de las FAS.
En general se puede decir que podría haber sido peor, pero considerando que el conjunto de los PGE han crecido algo más de un 20%, el de defensa se queda realmente escaso, máxime cuando desde hace años se saben los problemas de que adolece.
Volviendo al Informe Económico y Financiero, llaman la atención algunos argumentos a los que se da una particular relevancia, por encima de otros aspectos que son el núcleo de las actividades del Ministerio de Defensa. En particular lo que se refiere a "poner el acento en los siguientes objetivos": potenciar las políticas sociales y "reforzar la capacidad de defensa propia mediante la mejora de la cultura y conciencia de defensa de la ciudadanía" (pág. 123). En este sentido, resulta cuanto menos curioso, que habiendo ministerios dedicados a las políticas sociales, que son claramente transversales, no se impulsen éstas desde aquellos. Y, por otra parte, la mejora de la conciencia y cultura de defensa ha de pasar por cumplimentar dos aspectos.
El primero es poner en la agenda política un debate sereno y no sesgado sobre el tema, de manera que los ciudadanos puedan tener criterios claros de los motivos por los cuales se gasta e invierte en defensa y de la dificultad para medir los retornos de la misma. Y el segundo, relativo a la cultura de defensa, ésta sólo se puede obtener si se plantea de manera que pueda permear en la sociedad con un plan estratégico a largo plazo que, lamentablemente no se ha realizado y que tiende a chocar con posturas ideológicas que rechazan este tipo de actuaciones, en muchas ocasiones sin un criterio objetivo.
Por otra parte, en relación con la siguiente afirmación igualmente recogida en el Informe Económico y Financiero: "La adquisición de capacidades militares no se puede hacer con urgencias, se precisa un planeamiento y el Departamento considera importante apoyar y fortalecer la base industrial y tecnológica de la misma. Por eso, se hace una apuesta decidida por todo lo que implique desarrollo tecnológico, I+D+i, y, por tanto, un mayor valor añadido", (pág. 128), hay que subrayar la necesidad de una dotación presupuestaria ad hoc para realizar una política industrial de defensa más profunda que la actual, que implique otras instancias distintas al propio Ministerio de Defensa y que siga una senda que marque claramente prioridades, extensión temporal y presupuesto para llevarla a cabo.
En definitiva, los presupuestos planteados para el año 2021 siguen adoleciendo de los mismos problemas que se vienen arrastrando desde hace tiempo. Desde mi punto de vista, se hace cada vez más patente la necesidad de conjugar la coherencia de los números con la coherencia en los objetivos, políticas y declaraciones que sirven de preámbulo a los presupuestos.