El general Salvador Cienfuegos Zepeda priorizó su codicia personal sobre sus deberes juramentados como servidor público y, con ello, aseguró el éxito y la seguridad a una de las organizaciones narcotraficantes más violentas de México, así lo expone el fiscal adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Seth DuCharme, en el expediente penal que se abrió para procesarlo
El exsecretario de la Defensa Nacional violó sus juramentos como servidor público, pero hay algo peor: violó su juramento como militar, los valores del Ejército.
El alto mando cuatro estrellas, que fue Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018, está acusado de supuestamente evitar que se realizaran operaciones militares contra el cártel H-2, iniciar operaciones contra sus organizaciones rivales y presentar a los principales líderes del cártel H2 a otros funcionarios corruptos dispuestos a colaborar a cambio de sobornos.
Todo lo anterior deberá ser comprobado, claro, pero la DEA no se atrevería a irrumpir de tal manera sin las pruebas: miles de comunicaciones en Blackberry, en las que incluso el general habla de su histórica colaboración con otros cárteles, así como las voces de testigos.
Más allá de eso, están los datos, los dolorosos datos. Entre 2010 y 2018 el acusado estuvo en la cúpula del ejército, en ese periodo fueron localizadas cerca de 10.000 pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves cargadas de droga en el país, sobre todo en el pacífico, principal zona de influencia del H-2. Eso es mucho -muchísimo- y es apenas lo que se localiza y registra. Para equiparar, en México solo hay 77 aeropuertos. Ese desarrollo es imposible sin el amparo de un generalísimo de cuatro estrellas, que según la DEA permitió las actividades criminales sin interferencia significativa del ejército.
Por otro lado, en el país circulan 14 millones de armas de fuego ilícitas, suficientes para armar a un ejército. Para conseguirlas los criminales también contaron con el amparo de autoridades de alto rango.
Lo peor: los miles de muertos que día a día ocasiona el narcotráfico. Los huérfanos, los daños colaterales a la productividad y a la economía.
Seguramente no es el único funcionario involucrado y será tarea de las autoridades en Estados Unidos (en México antes se tendría que hacer una consulta) aclararlo y, en caso de comprobarse todo lo anterior, sentenciar a Cienfuegos.
El sentimiento por ahora es de vergüenza, de una profunda desilusión. ¿Todos son corruptibles? ¿Incluso el alto mando de las Fuerzas Armadas?. Todo parece indicar que la respuesta es afirmativa.