México llega a diciembre con unas Fuerzas Armadas casi reguladas como Policía

Independientemente de avances significativos en materia de reequipamiento para las Fuerzas Armadas mexicanas o la inexcusable racha de accidentes que la Fuerza Aérea experimentó durante el 2017, la nota que ha definido el año 2017 para el Ejército mexicano y la Armada de México será sin duda la promulgación y la subsecuente lucha legal y política derivada de la Ley de Seguridad Interior.

Durante los últimos diez años México ha vivido en estado de una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado donde las Fuerzas Armadas de México han salido a la calle para llenar los vacíos dejados por las policías municipales y estatales que han sido no solo desbordadas, sino corrompidas. La presencia de las Fuerzas Armadas, lejos de ser un incentivo para que los gobiernos estatales recompongan sus policías, se han convertido en un nido de comodidad para los gobernadores quienes parecen usar esto como un placebo mientras su administración continúa.

Sin embargo, lejos de arreglar el problema, después de diez años, el actuar del Ejército y Armada no han sido verdaderamente efectivos en eliminar el problema de raíz, despúes de todo no son polícias, e incluso hay indicios de que su acción en el combate a las células delictivas termina fragmentándolas en grupos cada vez más radicales y violentos, aparte del desgaste que las fuerzas mexicanas han sufrido en lo militar como en lo público, especialmente cuando soldados mexicanos han incurrido en violaciones a los derechos humanos o crímenes del orden común, situacion que poco ayuda al apoyo popular de los soldados mexicanos.

Un año de récords

Al ser el año 2017 el más violento que se haya registrado en México y con una fuerte proporción de ciudadanos en abierta oposición a que las Fuerzas Armadas continúen realizando labores de seguridad pública, sin que sea su verdadera tarea ni función legal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Armada de México comenzaron a hacer lobby para promover una ley que les diera un marco legal en su actuar, hasta que a finales de 2017 el borrador de la ley fue aprobado sin mayor revisión, lo que generó aún mayor descontento en la población ya que dicha ley no es nada clara en los tiempos y momentos en que las fuerzas armadas podrán actuar.

Y es que la oposición ha señalado que la ley de seguridad no ataca el problema de raíz y sólo funciona como un cheque abierto para mantener la gobernabilidad a discresión, sin dar definición en los temas más sensibles de lo que una verdadera ley de seguridad (defensa) contempla: las reglas de combate. Lejos de ser un juego de reglas claras y explícitas, pareciera que la nueva ley habilita a los políticos mexicanos el uso discrecional de las fuerzas armadas, al más puro estilo de la era revolucionaria de Méxicode 1910, muy lejos de las leyes que regulan a otras fuerzas armadas, de primer orden, en situaciones de combate.

Un proceso aún por terminar

Por lo tanto, no es de extrañar que pese a que el pasado jueves 21 de diciembre el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgÓ dicha ley, no hará uso de ella ya que la Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse sobre su verdadera constitucionalidad, acotando que entre muchas organizaciones de derechos humanos que han rechazado dicha ley, destaca la ONU quien ha pedido al Gobierno de México que no lo haga.

Sin duda, la relevancia de esta ley destaca, debido a que definirá y gobernará el papel de la defensa mexicana en los siguiente años y por supuesto pondrá a prueba su reputación y profesionalismo ante el mundo; lo que incluirá mucho de su desarrollo industrial y, por supuesto, será un importante factor en materia de reequipamiento y compras.