Cuando están a punto de cumplirse ocho meses de la desaparición del submarino ARA San Juan en aguas del Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo, las novedades siguen siendo escasas. Recientemente, el Gobierno argentino ha dado otro paso atrás al cancelar la licitación que había otorgado a la española Igeotest Geoscience para la búsqueda del submarino y ha iniciado de nuevo el proceso para encargarle esta tarea a otra compañía.
La noticia ha supuesto un golpe más para las familias de los desaparecidos a bordo del buque de la Armada argentina. Algunas esposas, madres y hermanas de los marinos llevan desde el pasado 27 de julio encadenadas, en pleno invierno austral, en la céntrica Plaza de Mayo, ante la sede del Gobierno de Mauricio Macri, para reclamar que este acelere el proceso de búsqueda del submarino.
Fue allí donde recibieron la pasada semana la noticia de que el Ejecutivo cancelaba la “preadjudicación” de esta tarea a Igeotest Geoscience. Como publicó Infodefensa.com, a comienzos de junio, esta había sido seleccionada en un proceso de “contratación directa de urgencia” abierto por el Ministerio de Modernización del país austral, al que se habían presentado nueve empresas.
En la licitación se solicitaban dos cosas: una unidad de superficie y/o una submarina habilitada para la "búsqueda batimétrica, sonográfica, magnetométrica y de imágenes de vídeo” en el área en el que se perdió el rastro del sumergible. Finalmente, el Gobierno concluyó que ninguna de las firmas que presentaron sus ofertas contaba con un buque habilitado para el operativo, pero sí consideró que la española podía proporcionar un AUV con capacidad de llegar hasta los 3.000 metros de profundidad donde se cree que puede encontrarse el San Juan. Sin embargo, esto quedó paralizado después de que el Ejecutivo detectara errores formales en la declaración jurada de la compañía española.
Por ese motivo, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, anunció a los familiares que en los próximos días se iniciará un nuevo proceso de licitación para hallar una empresa que sí esté habilitada para la búsqueda.
Pese al operativo sin precedentes que se realizó en el Atlántico Sur, desde aquel 15 de noviembre de 2017 no hay rastro alguno del submarino. Su última comunicación la estableció a unas 240 millas náuticas (unos 430 kilómetros) de la costa patagónica argentina, cuando volvía a su base naval, después de realizar ejercicios militares en la zona más austral del país.
Lo único que se sabe a ciencia cierta es que el día que el buque se contactó con la base naval por última vez, en la misma zona desde la que lo hizo, se registró una explosión. Horas antes, el comandante había llamado a la base naval para comunicar que se había producido un cortocircuito en las baterías debido a la entrada de agua como consecuencia del complicado temporal.
Además de la gran indignación de las familias de la tripulación y de rumores y cavilaciones de todo tipo, este caso ha desatado una fuerte crisis en las Fuerzas Armadas del país, provocando destituciones como la del propio jefe de la Armada, Marcelo Srur, a finales de año, como publicó Infodefensa.com. También ha provocado la apertura de varias causas judiciales y la puesta en marcha de una comisión parlamentaria específica.