Argentina, un país en guerra contra la pesca ilegal

Argentina posee un litoral marítimo de más de 4.000 kilómetros de extensión que le brinda un aporte de aproximadamente el 1,5% del PBI y, ante la falta del equipamiento adecuado para su control, es depredado año a año por cientos de barcos que pescan de manera ilegal en sus aguas, provocando una pérdida económica que especialistas calculan en 2.000 millones de dólares.

Las tareas de vigilancia y disuasión de la actividad pesquera de este espacio soberano son llevadas a cabo por un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, a cargo de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el Ministerio de Defensa, a cargo de la Armada Argentina (ARA), la Cancillería y la Subsecretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para mencionar algunas. Estas Áreas coordinan patrullajes en forma geográfica y temporal desplegando unidades navales, apoyadas por medios aéreos para recorrer los límites de la ZEE.

La Subsecretaría de Pesca mantiene relación con la ARA a través de la Dirección de Intereses Marítimos (DIM) compartiendo información y articulando el patrullaje en función de la situación y de las necesidades. Además, se está avanzando en la conformación de un Sistema Nacional de Vigilancia y Control de los Espacios Marítimos (Sinvycem), que comprenda una acción interagencias, con un rol activo en la vigilancia, control y fiscalización de las actividades pesqueras, que integraría proyectos de investigación y desarrollo que apunten a fortalecer la vigilancia y control de los espacios marítimos.

De manera permanente se llevan a cabo vigilancias por medios satelitales y electrónicos a través del Sistema Guardacostas, que permite conocer la posición y los movimientos de los buques pero no si estos se encuentran involucrados en una acción de pesca ilegal.

Despliegue de embarcaciones y aviones

Para realizar los patrullajes, la PNA cuenta con cinco buques de patrulla oceánica (OPV) Clase Mantilla, desarrollados y construidos en los astilleros españoles de Empresa Nacional Bazán (hoy Navantia), e incorporados entre 1982 y 1983; un Guardacostas Multipropósito; tres aviones de origen español CASA C-212, incorporados en 1990; y un Beechcraft King Air 350IER adquirido en Estados Unidos y provisto con tecnología de patrullaje marítimo en Alemania.

Actualmente, el GC-24 Mantilla está en alistamiento y acondicionando sus motores principales, el GC-26 Thompson se encuentra en Tandanor en proceso de reparación, modernización y actualización tecnológica. Por su parte, el CASA C-212 matricula P-71 perdió su condición de aeronavegabilidad en 2007.

Para las tareas de vigilancia, la ARA cuenta con las unidades dependientes de la División de Patrullado Marítimo (DVPM), un OPV Clase Bouchard, una Corbeta Clase Drummond y un Aviso Clase Islas Malvinas, reforzados por aquellos pertenecientes al Comando de la Flota de Mar (COFM). Las unidades de superficie son apoyadas por unidades aéreas del Comando de Aviación Naval, un Beechcraft B-200M Super King Air de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y un Grumman S-2T Turbo Tracker de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina.

Dificultad de las operaciones

Ante el contacto de un buque pesquero extranjero que ingrese en la ZEE se procede con los lineamientos establecidos en el Protocolo de Actuación para Unidades de Superficie, se realiza una minuciosa verificación de toda su documentación, carga, rol del personal, último puerto de zarpada, tipo de permiso de pesca, especies autorizadas, vencimientos, autoridades que la expiden, datos del armador y del propietario.

Calcular el costo para llevar a cabo estas operaciones es muy difícil ya que hay muchas variables involucradas, como los medios utilizados, los tiempos involucrados y la metodología. Además, hay que tener en cuenta que la captura de un buque es el resultado de un conjunto de tareas llevadas a cabo por un tiempo prolongado. Por ejemplo: en la captura del buque pesquero chino Hong Pu 16, en la que participó el ARA Bouchard se calculó un costo de 1.771.362,50 pesos (23.725,47 dólares a cotización oficial), los cuales fueron incorporados al sumario para que le sean cobrados al armador del buque.

El Jefe de Operaciones de la corbeta ARA Granville, teniente de navío Nelson Preveth, destacó: "Resulta de vital importancia llevar a cabo este tipo de actividades a fin de contribuir a la protección de los recursos nacionales, siendo esta tarea una de las principales de la División Patrullado Marítimo".

El ministerio de Seguridad informa que la PNA efectuó en el período 2000-2020 410 operaciones marítimas, con 4.531 días navegados, patrullando 1.084.577 millas náuticas, equivalente a 65.074.620 millas náuticas cuadradas con sus unidades de superficie y el Servicio de Aviación. En el mismo período, realizó 115 operaciones marítimas, con 479.1 horas de vuelo patrullando 71.865 millas náuticas equivalentes 1.031.183 millas náuticas cuadradas.

Los buques destinados a las patrullas de control de los espacios marítimos deben efectuar reparaciones periódicas que incluyen entradas en Dique Seco cada 24 meses. Las mismas son realizadas principalmente en el Arsenal Naval de Puerto Belgrano .Con la sanción del Fondo de Defensa Nacional (Fondef) se buscará promover la renovación del equipamiento de las Fuerzas Armadas, incorporar nuevas unidades y recuperar los P3-Orion. Ésto, sumado a la llegada de las OPV en los próximos años, apunta a fortalecer las tareas de patrullaje marítimo.

Pérdidas millonarias

Si bien la flota pesquera argentina es la única que tiene permitida la explotación comercial de los recursos vivos marinos de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), establecido por el artículo 35 del Régimen Federal de Pesca, cada año un promedio de 400 barcos opera de manera no reglamentada en la milla 2001, la cual se convierte en pesca ilegal cuando ingresan a pescar en la ZEE.

A estos barcos pesqueros, principalmente chinos, coreanos y españoles, los acompañan buques frigoríficos que concentran la carga obtenida para su transporte a los puertos de destino y petroleros que reabastecen de combustible a los pesqueros. Esta flota generalmente se posiciona en el área adyacente a la ZEE Argentina en tres puntos focales: lateral Península Valdés, lateral Golfo San Jorge y norte de las Islas Malvinas, permaneciendo allí por períodos de entre uno y doce meses, y están charteados por grupos navieros privados internacionales.

El costo de las perdidas anuales causados por la pesca ilegal es difícil de calcular, ya que el único dato concreto es el decomiso realizado por infracción al régimen federal de pesca, que entre 2019 y 2020 fue de 88.195.488 de pesos, alrededor de un 1,2 millones de dólares. Sin embargo, especialistas afirman que las pérdidas para el país alcanzarían los 2.000 millones de dólares. Cabe destacar que la mayor pérdida se produce en aguas circundantes a las Islas Malvinas, ya que los buques que operan allí lo hacen con permisos o habilitaciones ilegales e ilegítimas.