Nueva etapa y nuevos retos para la industria de defensa española

La tensa e inestable situación geopolítica, cuyo paradigma son los conflictos de Ucrania, Gaza o la caída del régimen de Assad en Siria, unido a los cambios que se perciben en la política exterior de los Estados Unidos, principal aliado de la Unión Europea, que apuntan a un debilitamiento de la Alianza Atlántica, una aproximación a la Federación Rusa y una mayor relevancia de la zona del Indo-Pacífico, han motivado una reacción que se hizo pública el pasado 6 de marzo, en la reunión del Consejo donde se presentó el denominado plan ReArm Europe/Readiness 2030 destinado a facilitar que los europeos se hagan cargo de su propia defensa, reforzando sus capacidades en esta materia y dotándoles de una mayor autonomía estratégica para hacer frente a los retos actuales, en particular el apoyo a la defensa Ucrania. 

El compromiso de los Estados Miembro de aumentar su gasto en defensa, la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permite un mayor endeudamiento de los Estados para hacer frente a circunstancias excepcionales y aumentar el porcentaje de su PIB dedicado a defensa en un 1,5%, y la creación de un nuevo reglamento, denominado Security and Action for Europe (SAFE), por el cual la Comisión concederá préstamos con un bajo interés y un largo plazo de amortización respaldados por deuda común, en planes cuyos programas ayuden a mejorar las capacidades europeas en esta materia hasta un límite de 150.000 millones de euros en los próximos años, por no contar con la relajación de los requisitos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para conceder préstamos en esta materia a la industria o la posibilidad de usar los fondos de cohesión en inversiones relacionadas con la defensa, supondrán un cambio, especialmente significativo, sobre la disponibilidades financieras que las administraciones van a tener para los asuntos de defensa.

Desde el punto de vista presupuestario nacional, el aumento del gasto en defensa, que podría llegar al 2% antes de 2029, supone un considerable aumento de las cantidades dedicadas a la modernización de los medios actuales, lo que va a permitir, aparte de amortizar las deudas de los programas especiales de armamento (PEA), iniciar muchos programas que estaban en la agenda, aunque su falta de financiación impedía poner en marcha.

Además, los préstamos que concede la Comisión para proyectos de defensa suponen otra importante fuente de financiación, aunque para ello hay que cumplir algunos requisitos. En primer lugar, tienen que dedicarse a proyectos europeos (al menos en un 65% de su valor) y no tener limitaciones de uso impuesto por otras naciones. 

En segundo lugar, tienen que ser proyectos en colaboración, agrupados en consorcios formados por, al menos, dos Estados, perteneciendo uno de ellos a la Unión Europea, mientras que el otro puede ser un Estado Miembro, un miembro de la EEA EFTA (es decir, Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza) o Ucrania, mientras que una cláusula abre la puerta a la participación de otras naciones, en particular, Reino Unido.

En tercer lugar, estos proyectos deberán ser coherentes con los objetivos y prioridades que los Estados Miembro consensuen en esta materia. Es decir, deben ser proyectos de interés común. Si las solicitudes deben presentarse antes del 31 de diciembre de 2030, esto supone aproximadamente 30.000 millones al año, una cifra que multiplica por veinte las cantidades que maneja DG Defis para los programas actuales en el Fondo Europeo de Defensa. La exención del IVA para estos proyectos constituye otra ventaja importante. Para el caso español, considerando nuestro peso en el PIB europeo, supondría unos 12.900 millones de euros, una cifra muy considerable si lo comparamos con las cantidades que destinamos a modernización.

Así pues, el sector va a experimentar una considerable demanda y las oportunidades de negocio se van a incrementar notablemente, lo que va a suponer una excelente oportunidad para su consolidación, crecimiento y generación de efectos de desbordamiento en el resto de nuestra economía. Ciertamente, el panorama es especialmente alentador, tras años de austeridad y escasez de financiación, pero esto no quiere decir que esta nueva etapa no esté exenta de dificultades y peligros. No aprovechar debidamente el momento, consumir recursos y no obtener las capacidades clave que podrían obtenerse con estos presupuestos, sería un flaco favor para los ciudadanos y la pérdida de una oportunidad histórica que puede no repetirse con facilidad en el futuro. Lograr una excelente cosecha con esta agua abundante en un terreno que ha sufrido una importante sequía, debería ser el objetivo general, evitando que esta lluvia caiga sobre una zona baldía que dé un magro fruto.

Pero, ¿Cuáles son los retos que se afrontan en esta nueva etapa y qué medidas son necesario aplicar para superarlos con éxito? Vamos a ir desgranando cada uno de ellos en las siguientes líneas.

Personal y recursos para gestionar

Por una parte, las naciones van a precisar de más personal y recursos para gestionar los programas. En particular las oficinas de programa deberán establecer las especificaciones del producto y verificar que éste satisface las prestaciones y características definidas, así como resolver los múltiples problemas que inevitablemente surgen a lo largo de los mismos caracterizados por la innovación y por los riesgos inherentes a esta actividad. Además, es necesario que los programas estén debidamente coordinados con el plan de acción de capacidades (CDP) y con la revisión anual coordinada de la defensa (CRAD) que lleva a cabo la Agencia Europea de Defensa. Estas oficinas deberán analizar también las soluciones industriales ofrecidas comprobando en qué medida refuerzan nuestra base tecnológica industrial y son sostenibles en el largo plazo.

Por otra parte, aunque las empresas van a encontrarse con nuevas oportunidades, lograr ser adjudicatarias seguirá siendo una tarea compleja, incluso cuando el número de proveedores no sea grande. Los programas van a precisar del dominio de tecnologías complejas, no siempre fáciles de obtener, en un contexto de relativa urgencia para tener productos listos para despliegue, en un plazo relativamente corto como es 2030 según dice el Libro Blanco. La formación de la cadena de valor que integre todas estas tecnologías va a suponer un reto considerable, y posiblemente precise del apoyo del sector civil.

Compleja regulación y dura competencia en Europa

Si bien en proyectos nacionales las empresas van a tener un ambiente más cómodo, éste no va a ser el caso de los programas financiados con el fondo SAFE, sujeto a una compleja regulación, y donde va a ser necesario ponerse de acuerdo con la Administración y las empresas de los otros Estados con el fin de presentar planes de inversión y proyectos de adquisición conjunta que se adecúen a los objetivos buscados. En este sentido, la competencia va a ser especialmente dura en la formación de estos proyectos de colaboración en los que será necesario demostrar capacidades tecnológicas e industriales iguales superiores a otros posibles participantes del consorcio o subcontratistas en un marco europeo. En cualquier caso, el fondo prevé fórmulas para que todas las naciones que presenten un plan razonablemente viable reciban financiación. Hay que tener en cuenta que los proyectos que se desarrollen en el marco de este fondo gozan de dos importantes ventajas. 

Por una parte, su volumen económico puede llegar a ser especialmente elevado y por otra, las tecnologías y desarrollos en este ámbito van a ser especialmente punteras (defensa aérea y de misil, artillería, munición y misiles, drones y contra-drones, movilidad militar, aplicaciones de defensa con inteligencia artificial, computación cuántica, ciber y electrónica, y tecnologías capacitadoras). Recibir financiación, será una excelente oportunidad para que las empresas mejoren su infraestructura, innoven, desarrollen nuevos y sofisticados productos y se sitúen en vanguardia, lo que se traducirá en una mayor competitividad. En este sentido, estas ayudas van a permitir desarrollar una masa crítica de capacidades para realizar suministros, algo inalcanzable a escala nacional para los proyectos de defensa más grandes y avanzados. Estos proyectos deben, en teoría lograr una mayor integración de nuestra industria con el resto de las naciones de la Unión Europea, algo absolutamente necesario si se desea ganar en economías de escala y disponer de una verdadera autonomía estratégica.

Cambios organizativos y cuellos de botella

Uno de los problemas que van a surgir en esta fase van a ser la adaptación al nuevo contexto tanto de nuestra Administración como de la industria, lo que va a exigir cambios organizativos y procedimentales sustanciales. Los órganos de planificación van a tener que estar especialmente atentos a realizar desarrollos que estén en consonancia con las capacidades europeas y, en la medida de lo posible y siempre que sea ventajoso, participar en estas adquisiciones conjuntas.

Otro problema importante que puede aparecer se debe a que, dada la rapidez que se quiere dotar a todo el proceso, es más que probable que se generen cuellos de botella. Minimizarlos va a requerir una gestión verdaderamente ágil y una excelente coordinación público-privada de estos asuntos en la que ambas partes muestren flexibilidad para adaptarse al nuevo contexto. Por una parte, las limitaciones actuales de algunos de nuestros activos industriales y de las infraestructuras, tanto de desarrollo y producción existentes, se traduce en un ecosistema industrial con debilidades que, en ocasiones, puede ser poco competitivo. Superarlas va a precisar de diferentes procesos, como el diseño y construcción de instalaciones apropiadas, lo cual puede tener una gestación lenta. Además, se va a precisar personal especializado en esta materia como gestores de programas, ingenieros, operarios, etc.), cuyo proceso de contratación y formación supondrá costes y plazos de tiempo hasta lograr alcanzar una eficacia razonablemente buena.

Estas necesidades de defensa, sobre todo al principio, tendrán posiblemente que aprovechar las capacidades industriales civiles y de mano de obra que existen actualmente. Esto puede aportar ventajas, ya que la industria puede tener el dominio de muchas tecnologías de aplicación dual que sin duda beneficiarán a la defensa. En un momento de crecimiento económico, estos recursos pueden ser escasos y su obtención, puede suponer sobrecostes para la defensa.

En resumen, esta nueva etapa supone oportunidades importantes para nuestra industria, pero también supone retos considerables no fáciles de superar. En este marco la colaboración y la buena coordinación entre la Administración y las empresas en la que exista abundante información para tomar decisiones bien informadas, así como transparencia en los procesos de elección de proyectos y en su adjudicación pueden ayudar considerablemente a evitar decisiones inapropiadas. Particularmente importante es participar en los proyectos que se puedan acoger al instrumento SAFE dada sus buenas condiciones económicas y la oportunidad de colaborar en determinados nichos que finalmente ofrezcan productos de defensa especialmente competitivos. Para ello tanto Administración como empresas deberán actuar de manera coordinada para negociar con los socios europeos un papel importante en los mismos. Los incentivos, en términos de mejores medios para la defensa y un buen beneficio industrial para las empresas, parecen apropiados para hacer realidad los objetivos perseguidos.