Armada de Uruguay, un barco sin capitán por falta de decisión política

El pasado lunes 4 de marzo pasó a retiro el almirante Jorge Wilson, hasta entonces comandante en jefe de la Armada Nacional. Wilson ha sido el encargado de liderar el proceso de reequipamiento de la fuerza, incluida la compleja compra de los dos buques de patrulla oceánica al astillero gallego Cardama; la remotorización del ROU 04 General Artigas, el buque de mayor desplazamiento con que cuenta la Armada; la recepción de tres patrulleras Marine Protector desde Estados Unidos; la compra del ROU 22 Oyarvide y la recepción de la lancha rápida de ataque clase Chamsuri, donada por Corea del Sur. 

La silla, ahora vacía, deberá ser cubierta a la brevedad por el entrante gobierno del Frente Amplio, partido opositor al del Gobierno saliente liderado por Luis Lacalle Pou. A diferencia de las otras fuerzas, donde se eligió mantener comandantes en jefe para dar continuidad a la gestión con la extensión de un año para general Mario Stevenazzi en el Ejército y la selección del general del aire Fernando Colina (mano derecha del anterior comandante en jefe), en la Armada aún no se ha seleccionado a un sucesor para Wilson. Esto genera un vacío institucional muy importante, particularmente en una organización que necesita un mando político sólido, en momentos donde la interna de la fuerza se ha convertido en su peor enemigo. 

La interna de la Armada

Si bien es verdad que en el pasado hubo situaciones irregulares en la fuerza, como ha ocurrido en la mayoría de las distintas reparticiones que conforman el Estado, las consecuencias de estas irregularidades hicieron que la institución, más allá de los responsables particulares, pague con creces su coste. Los controles del Estado, aumentados hasta hacer casi imposible la adquisición de bienes por parte de la fuerza, han llevado a la institución al borde de su inoperatividad. Esto, sumado a la normal desidia política con respecto a la adquisición de material para las fuerzas, conviritieron a la Armada en básicamente una fuerza nominal, sin capacidades operativas. 

Durante estos últimos cinco años y pese a los continuos ataques recibidos desde todos los frentes, esa situación se ha ido revirtiendo paulatinamente, con la adquisición de buques y lanchas de patrulla. Si bien se puede debatir si el material recibido o en proceso de construcción es o no el ideal, la realidad es que el Gobierno decidió el equipo que se podía obtener y la Armada, como debe ser, acató la orden. 

Sin embargo, pese a estas mejoras, la Armada y particularmente el almirante Wilson, fueron blanco de un sin fin de ataques, desde algunas facciones internas de la fuerza que son alimentadas por la influencia de apenas un par de oficiales superiores retirados, que han hecho de la venganza personal su razón de existir. Estas vendettas personales, mezcladas con intereses corporativos, generaron desconfianza en todos los proyectos llevados a cabo durante la pasada gestión, distribuyendo informaciones inexactas y tratando de minar cada uno de los procesos que se llevaron adelante. Desde el Gobierno anterior se reconocía que la interna de la Armada era las más compleja de las tres fuerzas y eso repercutía seriamente en la institución. 

Nuevo Gobierno, más indecisiones

Con la asunción del nuevo Gobierno, se esperaba una decisión respecto al futuro de las tres fuerzas. Rápidamente se declaró una continuidad en dos de ellas, pero un silencio absoluto con respecto a la Armada. La danza de posibles nombres comenzó con el del prefecto nacional naval, el contralmirante José Luis Elizondo, uno de los más problemáticos para la situación actual de la fuerza y que supondría un sacudón importantísimo en la interna. Incluso este candidato cuenta con cuestionamientos legales por pertenecer al cuerpo de Prefectura, algo que según la Ley Orgánica de la Armada, no le permitiría acceder al puesto de comandante en jefe. A esta opción, que parecería estar descartada, le siguió la del contralmirante Miguel Ángel De Souza, actual director general de Finanzas de la Armada, pero hasta ahora, el gobierno no ha comunicado su decisión y ha preferido dejar el despacho vacío. 

Esta indecisión, en una institución que está siendo erosionada desde adentro, por unos pocos marinos retirados y algunos en actividad que ponen sus intereses personales por encima de los de la fuerza y el propio país, profundiza aún más la crisis institucional y moral que atraviesa la Armada de Uruguay.