Cohemo afirma que no tiene prohibido contratar con Defensa

La empresa Cohemo, especializada en el mantenimiento de vehículos militares y suministro de repuestos, ha asegurado que no tiene la prohibición de contratar con el Ministerio de Defensa.

Esta compañía y otras tres más, todas con una actividad muy similar, fueron sancionadas en junio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), después de una larga investigación de dos años. Este órgano concluyó en un escrito que las empresas crearon cárteles para repartirse adjudicaciones del Ministerio de Defensa.

Desde Cohemo afirman a Infodefensa.com que "la sanción no es firme". La compañía detalla que ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que suspende la multa de forma cautelar hasta la resolución del procedimiento judicial por parte del tribunal.

“Los tribunales vienen suspendido cautelarmente todas las sanciones impuestas por la CNMC por los graves perjuicios que supone y, después del procedimiento judicial, más del 70% de las sanciones impuestas son anuladas total o parcialmente por la Justicia, según los propios datos del organismo supervisor”, apunta.

La empresa también afirma que por el momento “no tiene prohibición de contratar con la Administración, que deberá acordarse en su caso, después de la finalización del procedimiento judicial, por el órgano competente que no es la CNMC”. A este respecto, según Cohemo, “la prohibición de contrato no se ha impuesto porque la CNMC carece de competencias para acordarla; la potestad para imponer la prohibición de contratar corresponde al Ministerio de Hacienda a propuesta a la Junta de Consultiva de Contratación del Estado”.

Y agrega: “Mientras la prohibición de contratar no se imponga y se ratifique por un tribunal, la Administración está obligada a aceptar a la compañía en todas las licitaciones y adjudicarle los contratos a los que tenga derecho”.

Cohemo ha suscrito recientemente junto con su socio alemán FFG un contrato con el Ejército de Tierra para el mantenimiento de carros de combate de la familia Leopard por 2,2 millones de euros.

En este caso concreto, argumenta que existe un acuerdo marco en vigor con un único adjudicatario (Cohemo-FGG) por lo que, añade, “el Ministerio de Defensa estaba obligado legalmente a adjudicar el contrato basado a la UTE adjudicataria, sin que una prohibición de contratar pueda afectar a contratos en vigor, mucho menos ni siquiera cuando se ha acordado”.