Chile aprueba ley que permitirá a las FFAA el resguardo de infraestructura crítica y fronteras

El Congreso Nacional de Chile, luego de la aprobación de diputados y senadores, despachó ayer a la Presidencia de la República el proyecto de ley de resguardo de infraestructura crítica que permitirá al Ejecutivo disponer, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas se desplieguen en zonas fronterizas en caso de peligro grave o inminente del país. 

El proyecto precisa que "infraestructura crítica" serán todas aquellas instalaciones físicas estratégicas y que prestan servicios básicos en temas de abastecimiento, telecomunicaciones, salud, centrales eléctricas, entre otras. De acuerdo a lo establecido, las Fuerzas Armadas cuidarán las fronteras en caso de peligro grave o inminente en el país y podrán solicitar, a quienes cruzan por pasos no habilitados, que se identifiquen, ser registrados y, eventualmente, detenerlos y ponerlos a disposición de las policías.  

Antes de que este proyecto de ley sea promulgado y publicado, se firmó un protocolo de acuerdo que compromete que desde febrero se van a constituir mesas técnicas de trabajo para analizar propuestas sobre las reglas de uso de fuerza, con el fin de elaborar un proyecto a enviar, con suma urgencia, la primera semana de abril de este año. Además, dicha instancia técnica desarrollará una propuesta para analizar los medios legales, financieros y administrativos para crear grupos especializados de las policías y Fuerzas Armadas para la protección de fronteras, las que deberán ser entregadas -de acuerdo al protocolo- la segunda mitad de mayo para ser utilizada como insumo de otra iniciativa legal.  

Asimismo, se acordó desarrollar una propuesta para la especialización de las policías o Fuerzas Armadas en protección de fronteras, cuyas conclusiones deberán estar como máximo a mitad de mayo, y a partir de eso elaborar una iniciativa legislativa. También se reafirmó por parte del Gobierno la decisión de impulsar iniciativas legales como facultar controles de identidad en fronteras; facultades a tribunales para que puedan, en circunstancias de reincidencia, considerar penas en el extranjero; o habilitar al Ministerio Público a realizar actuaciones ante embajadas y organismos consulares ante una detención, pudiendo pedir aumento de plazo de detención de hasta 96 horas. 

El contenido del proyecto también establece que para el resguardo zonas fronterizas, el presidente de la República deberá designar a un oficial general que tendrá el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en las áreas especificadas. Los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en estos lugares, según las instrucciones que establezca Interior en el decreto. La medida puede durar hasta 90 días, aunque se podrá renovar con el acuerdo del Congreso Nacional mientras siga existiendo el peligro grave o inminente.