Desde hace cerca de dos años el avión presidencial Boeing 787-8 Dreamliner que opera la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) está a la venta sin que hasta ahora haya conseguido comprador o arrendador, ni en el mercado aeronáutico nacional ni en el internacional.
El avión se remata en 130 millones de dólares, es decir, por debajo del precio de otros similares. Sin embargo, existen razones por las que el avión no ha sido atractivo para aerolíneas, bizzliners y representantes de naciones.
Al menos en tres ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, principal promotor de la venta del avión por considerarlo oneroso, ha presumido una posible oferta formal, pero la aeronave continúa en la Base Aérea Militar 19, en lo que antes fue el Hangar Presidencial, ubicada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
El avión formó parte de la flota de pruebas del Boeing 787-8, es decir que, tras salir de la fábrica en 2009, fue sometido a extenuantes ensayos para demostrar los límites de su funcionamiento bajo condiciones extremas. Esto se traduce en un mercado más limitado, pues las aerolíneas con flotillas Boeing 787 no están interesadas en tener el modelo de prueba.
Los otros aviones de prueba, hermanos del presidencial, fueron enviados a museos y o descartados, en 2016, por el fabricante y su costo absorbido por la empresa.
Otra de las razones por las que no se ha concluido la venta del Dreamliner mexicano es porque se trata de un avión personalizado y con acabados de lujo que incrementa sus costos, pero no así sus beneficios.
Entre las amenidades que ofrece el TP-01 se encuentran los acabados finos en madera y marmolería, una recamara presidencial, sala de prensa, entre otros, que tendrían que ser readaptados o reemplazados por el nuevo comprador, de acuerdo con sus necesidades.
El avión presidencial regresó a México luego de permanecer 19 meses en el Aeropuerto Víctorville. en California (Estados Unidos). Allí no solo no se logró su venta, sino que supuso una pérdida de 1,21 dólares, por los gastos de mantener la aeronave en tierra.
Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó a Boeing por el resguardo de la aeronave 508.511 dólares y otros 201.000 por supervisarlo dos veces a la semana, más los trabajos de mantenimiento.
En noviembre de 2011, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, murió en un percance aéreo en un helicóptero del Estado Mayor Presidencial en Chalco, Estado de México. Tras ese hecho, la Cámara de Diputados consideró renovar el avión presidencial yel resto de las aeronaves asignadas al jefe del Ejecutivo con el fin de garantizar su seguridad.
El expresidente Felipe Calderón anunció la compra de un nuevo avión en noviembre de 2012, muy cerca del término de su mandato. El Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) concretó la compra de un Boeing 787-8. El costo total del avión con todo y las adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina, certificaciones y un paquete de refacciones, fue de 218,7 millones de dólares.
Banobras firmó un contrato de arrendamiento financiero con el Gobierno Federal a 15 años, con lo que al final de este periodo el equipo pasará a formar parte de los activos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En septiembre de 2015, tras acusaciones de haber sido una compra onerosa, el expresidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar un estudio para determinar, con base en elementos técnicos, financieros y de Seguridad Nacional, la conveniencia de vender o mantener la aeronave para uso del Estado Mexicano.
Se contrató a la consultora con sede en Londres, Ascend Flightglobal Consultancy, que determinó que de venderse la aeronave a una aerolínea comercial se tendría una pérdida muy significativa respecto del valor de compra, debido a los costos de reconversión y la pérdida del equipamiento original.
Se estimó que la pérdida, en ese supuesto sería de 58% de su costo, es decir, 128.2,millones de dólares (precio similar al que en la actualidad se remata). Por otro lado, de comercializarse con su configuración original en el mercado de aeronaves privadas, la pérdida podría ascender al 30% de su valor.
Ante este panorama, se determinó que conservar la propiedad de aeronave era lo más recomendable. Sin embargo, con la llegada de López Obrador se inició el proceso de venta del avión, hasta hoy infructuoso.
En una de sus ya rtadicionales conferencias matutinas, el presidente dijo: “Si no se puede vender, que se rife”. A pesar de parecer un dicho trivial, la Administración Federal lo realizó al pie de la letra y, aunque no se rifó el avión físicamente (como se propuso en un principio), se organizó una rifa a cargo de la Lotería Nacional con fines benéficos.
Aunque se ofrecieron 100 premios de un millón de dólares, no se vendió la totalidad de los boletos: de los seis millones disponibles sólo se colocaron algo más de cuatro millones, el 69.65%. El sorteo se realizó el pasado 15 de septiembre.
La rifa no tuvo el éxito esperado pues aún con los múltiples recordatorios en redes sociales el Gobierno Federal compró un millón de cachitos, lo que se suma a los miles que compraron los secretarios de Estado, diputados federales, gobernadores, alcaldes y líderes sindicales para sumar más ventas.