Recientemente se ha dado a conocer una nueva edición de la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID). Es la tercera versión desde que en 2010 se promulgara su primera edición. La ETID 2020 marca una línea de continuidad pero introduce avances significativos en cuanto a la estructura del documento, taxonomía y clasificación de las actividades de desarrollo de tecnología y su enlace con la Estrategia Industrial de la Defensa.
Sin embargo, introduce un cambio de política relevante. En un entorno financiero restrictivo, es prioritario impulsar las actividades de cooperación, que ya se reflejaban en ediciones anteriores, aunque se ponía el énfasis en la capacidad de aportar capacidades financieras y de gestión propias.
El pilar de cooperación para el desarrollo de tecnologías que apoyan las capacidades militares cobra ahora más valor, no solo por el carácter cada vez más dual de las tecnologías, pero también como soporte para obtener apoyos en el desarrollo de actividades por parte de otros organismos, tanto nacionales como europeos o de otras organizaciones como la OTAN.
Se trata así de aprovechar al máximo los recursos propios y los externos para impulsar el desarrollo de tecnologías, siempre en beneficio de los objetivos que fija la propia estrategia, que propicien la competitividad industrial en áreas estratégicas. No se trata tanto de disponer de recursos financieros propios, sino más bien de tener capacidad de movilizar esos recursos allá donde se encuentren. Es un cambio relevante.
En ese sentido, la estrategia se enmarca como una estrategia sectorial dentro de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021-2027) y pretende poder utilizar los instrumentos de los planes estatales de investigación científica, técnica e innovación. El Ministerio de Defensa centrará su esfuerzo inversor en aquellos objetivos de alto impacto para las capacidades operativas. Un esfuerzo que, como se viene insistiendo desde 2010, debe ser finalista y orientado a los sistemas de armas que necesitan las Fuerzas Armadas, sin olvidar la necesidad de preservar aquellas capacidades tecnológicas e industriales que se consideran estratégicas.
La colaboración con otros agentes públicos ya se materializó hace casi dos años con el protocolo de colaboración entre los ministerios de Defensa y Ciencia, el CDTI y la Agencia Estatal de Innovación. Ese marco ha permitido que vía CDTI se proporcione soporte a proyectos de I+D que el Ministerio de Defensa no puede financiar pero en los que tiene interés y necesita colaboración para su desarrollo. El mecanismo de colaboración entre DGAM y CDTI está permitiendo avances en un marco como el del programa Coincidente que había alcanzado su límite de elasticidad en el ámbito orgánico de la DGAM.
La necesidad de una mayor coordinación debe alcanzar también a los organismos responsables del Ministerio de Defensa, que deben colaborar entre sí de forma estrecha como soporte a las actividades de la industria, o actuar donde esta no llegue, pero sin entrar en competición con las iniciativas del sector.
En otro plano, pero también relacionado con la idea de propiciar la cooperación, se incide en el valor de la experimentación, como mecanismo imprescindible para poner en contacto a usuarios, responsables de adquisiciones e industria. El programa Rapaz abrió un camino que se ha extrapolado a otras iniciativas, y junto con las actividades del Ejército para el desarrollo de la Fuerza 2035 han demostrado lo que tanto usuarios como industria pueden ganar actuando juntos en un proceso de desarrollo de tecnologías y productos que necesita perfilarse.
En este sentido es importante resaltar la necesidad de que tanto Fuerzas Armadas como Ministerio continúen su esfuerzo en difundir sus necesidades y líneas de interés prioritarias. En esta versión se produce un avance en este ámbito puesto que las líneas tecnológicas aparecen priorizadas y con una nueva clasificación, que las relaciona de forma general con las líneas de interés de la estrategia industrial.
Una asignatura pendiente es lo que se puede hacer desde el Ministerio de Defensa en apoyo al emprendimiento tanto interno de personal de las Fuerzas Armadas como externo. En los últimos años se han mostrado iniciativas de personal militar que plantean mejoras de los sistemas en servicio que rara vez llegan a la industria, o sensu contrario, actividades de emprendimiento planteadas especialmente desde pymes que no se trasladan con suficiente agilidad a los usuarios. Un campo de actuación que, nos parece, tiene algún recorrido.
En el plano financiero, aunque no se proporcionan estimaciones futuras, no es previsible grandes cambios con respecto a la situación actual. Las posibilidades de DGAM e INTA son limitadas y de ahí la necesidad de abordar una relación más estrecha entre ellos y con otros organismos públicos. Es cierto que se ha dado impulso a los apoyos desde el Ministerio de Industria. Pero quizás haya que dar un paso más ya que quedan por explorar las posibilidades de apoyo financiero que pueden ofrecerse desde el sector privado.
En los últimos años las inversiones privadas en I+D han ido cobrando fuerza, en general en España y en particular por parte de la industria de defensa, pero necesitan un marco adecuado de políticas de incentivos. Pensamos que son necesarias fórmulas de colaboración que permitan una mayor implicación del sector privado en la financiación de actividades de interés para la defensa y que quizás puedan desarrollarse en los próximos años para contemplarlas en próximas versiones de la estrategia. La búsqueda de estas nuevas fórmulas requiera también una mayor flexibilidad por parte de los gestores para adaptarse a la realidad actual.
La idea fuerza del valor de la cooperación marca un hito importante en el camino hacia el futuro, que todavía está muy lejos de ser “un país tranquilo” como fabulaba el profesor Sánchez Ron hace unos años. Es un camino muy necesario para la competitividad tecnológica de la industria española y para que las Fuerzas Armadas dispongan de la mejor tecnología que desde casa se les puede proporcionar. Una idea que debe calar entre administraciones y también entre la propia industria.