Seguridad Pública en México, ¿quién paga los platos rotos

En meses pasados se reportó el enfrentamiento entre miembros del Ejército mexicano y los llamados hauchicoleros, que se dedican a robar combustible, con el lamentable resultado de cuatro soldados muertos y un delincuente. Esto provocó en la opinión pública las más diversas reacciones, interviniendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos para realizar las investigaciones necesarias.

En este episodio de nueva cuenta, las Fuerzas Armadas no salieron bien libradas por la muerte de un civil dentro de los operativos, provocando una cascada de críticas hacia esa actuación a pesar de estar asumiendo una función que no les corresponde como es la Seguridad Pública. De varias maneras y en varios tonos los integrantes de las Fuerzas Armadas han expresado su harztago en realizar estas tareas, fuera de su ámbito de acción y un frágil marco jurídico de actuación, en los siguientes meses el asunto tomaría fuerza siendo aprobada la Ley de Seguridad Interior. Tuvieron que pasar casi tres sexenios, y casi seis legislaturas, sin que el Poder Legislativo hubiera hecho algo al respecto, dando en el papel al menos un único recurso legal con el que los militares cuentan para poder seguir cumpliendo con su papel fundamental en apoyo a las autoridades civiles y a la ciudadanía en general.

Es aquí donde resalta de manera estrepitosa el fracaso en las políticas de seguridad pública implementadas por el Gobierno mexicano, ya que la inseguridad está estrechamente relacionada con la baja efectividad de las instituciones para aplicar castigos efectivos a los criminales. México destina cuantiosos recursos a la seguridad pública. Las entidades federativas asignan cerca del 10% de su gasto directo en temas de seguridad, y una parte importante del presupuesto se gasta en este rubro. De 1999 a 2009, el gasto en seguridad se ha incrementado en nueve veces, al pasar de 10.990 a 91.153 millones de pesos corrientes.

Seguridad Nacional & Seguridad Pública

Uno de los rasgos más importantes en la política de seguridad de la actual administración, es que ha ampliado las funciones de seguridad pública en las instituciones que tradicionalmente realizaban tareas de seguridad nacional, lo que ha dado paso a posibles confusiones conceptuales.

Para el ejercicio fiscal 2017, el gasto propuesto para seguridad pública obtuvo un incremento de 1.25% con respecto al aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2016. En el análisis del presupuesto para seguridad pública, por destino del gasto, se observa un marcado predominio del gasto corriente sobre el gasto de capital. En el año 2017, del gasto total propuesto para esta función, el 85,67% corresponde a gasto corriente y 14,33% al gasto de capital.

El Gobierno Federal, en su función de preservación de la seguridad pública, le dio a esta política la más alta prioridad. Una de las medidas más importantes que se tomó desde el inicio de la pasada administración ha sido incrementar significativamente el gasto público federal para la seguridad pública, que en el año 2006 ascendió a 50.936,25 millones de pesos (mdp). Para el año 2017, el monto propuesto se incrementó a 162.038,37 mdp, lo que implica que este gasto se ha triplicado durante este periodo.

Si el análisis presupuestario se realiza por destino del gasto, se observa que durante el 2017 para impartición de justicia se aprobaron 67.481,16 mdp (equivalente al 0,33% del PIB), para policía se aprobaron 25.654,22 mdp (0,13% del PIB), para reclusorios y readaptación social el gasto propuesto fue de 17. 125,12 mdp (0.08% del PIB) y para procuración de justicia el gasto propuesto fue de 15. 955,99 mdp (0.08% del PIB).

Uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto en seguridad pública es que el 85.67% se destina para gasto corriente, necesario para cubrir los rubros de servicios personales (sueldos, prestaciones de seguridad social), gasto de operación para que las organizaciones funcionen adecuadamente (papelería y equipos de cómputo); subsidios (ayudas de carácter social y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones) y únicamente el 14.33% se asigna para el gasto de inversión, necesario para la modernización de las actividades que conforman esta función, e incluye la adquisición de patrullas, armamentos de vanguardia, medios de comunicación móvil, tecnologías para la policía investigadora, construcción de infraestructura para la ampliación de los centros de readaptación social y de juzgados para la administración de justicia, entre otros rubros.

¿Una policía profesional?

A partir de este punto, que es necesario plantear de una vez por todas la desmovilización de las fuerzas castrenses a partir de la profesionalización de los cuerpos policiacos, llegando a un punto en el cual los militares no tengan nada que ver, ni con la procuración de justicia ni con la persecución de delitos, es decir las Fuerzas Armadas no deben a partir de un determinado momento, seguir en el combate contra el crimen organizado, debido a que esa función está determinada para las policías federales, estatales y locales.

Las Fuerzas Armadas están para defender la integridad, preservar la soberanía de las instituciones, del territorio y de la población ante riesgos y amenazas externas que pongan en entredicho la seguridad nacional, no la seguridad pública, eso le corresponde a las policías estatales y federales, no a los militares.

Si los mexicanos queremos ver a las fuerzas armadas fuera de las calles, lo primero que se tiene que hacer es voltear a ver las instituciones que operan este presupuesto, las corporaciones policiales a pesar de tener cuantiosos recursos no están haciendo su trabajo.