La oposición pide apartar a las FFAA de las compras militares en Chile

Senadores de oposición de la Comisión de Hacienda del Senado de la República de Chile presentaron al Ministerio de Defensa Nacional una normativa que margina a las Fuerzas Armadas de las decisiones de compra con la finalidad de evitar casos de corrupción.

Según el diario local La Tercera, a pocas semanas que termine el plazo para que el Gobierno envíe indicaciones al proyecto que deroga la Ley del Cobre y crea un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas, la oposición presentó al Ministerio de Defensa una nueva propuesta para modificar el mensaje inicial, que se encuentra en trámite en el Senado y que ha sido calificado por el sector como “insuficiente”.

La iniciativa fue presentada por los asesores del presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (Partido Por la Democracia), y de los senadores Jorge Pizarro (Democracia Cristiana), y Juan Pablo Letelier (Partido Socialista), quienes proponen a la Comisión Técnica del Ministerio de Defensa, liderada por el jefe de la cartera Alberto Espina, lograr un texto consensuado.

La minuta

Según el diario chileno, en la minuta los parlamentarios que “la discusión legislativa sobre el Fondo Plurianual de las Capacidades Estratégicas de la Defensa abre la oportunidad política y legislativa para diseñar un nuevo sistema de adquisiciones y compras donde haya transparencia, profesionalismo y rendiciones de cuenta que eviten las situaciones de corrupción que hemos conocido en los últimos meses ligados al sistema de compras militares y policiales”.

Los senadores proponen que en el caso de las adquisiciones normales de bienes y servicios de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, “todas las compras con cargo a la Ley de Presupuesto Anual sean efectuadas a través del sistema que administra la dirección de Chilecompra, garantizando transparencia, competencia real entre proveedores y adecuados precios”. En ese sentido, en el documento agregan que eso “puede permitir importantes ahorros y prevenir eventuales conflictos de interés”.

En el caso de las compras de material ligado a la actividad de la Defensa, las que serán financiadas con cargo al Fondo Plurianual de Competencias Estratégicas, desde la oposición plantean crear una Agencia de Compras “como servicio público altamente profesionalizado, dependiente del Ministerio de Defensa, cuya función principal sea desarrollar el proceso de compras de equipamiento militar que se financia con los recursos del Fondo Plurianual y que se emanan de la planificación aprobada en la Política Nacional de Defensa”.

Además el sector propone que entre las principales funciones de este organismo especializado deberían estar recibir y administrar los requerimientos de compras y aprovisionamiento del Ministerio de Defensa en materia de adquisiciones de armas y su mantenimiento; generar las licitaciones públicas nacionales e internacionales para las adquisiciones ligadas al Fondo; administrar y formular los contratos asociados al material que se está adquiriendo; resolver los problemas técnico-jurídicos que emerjan de las negociaciones en consulta al ministerio de Hacienda y de Defensa, y gestionar los respectivos desembolsos que emanan de los contratos en coordinación con el Banco Central.

En cuanto a los criterios que debiesen regir al organismo, la oposición propone que el equipo de dirección superior sea seleccionado por concurso vía Alta Dirección Pública y que en la secretaría técnica sean todos elegidos por concurso. Por lo anterior los postulantes deben tener una trayectoria profesional de, a lo menos, 12 años. Esto, sometido a normas especiales de probidad y supervisado por la Unidad de Asuntos Financieros.

En materia de inhabilidades, se plantea que no podrán integrar dicho organismo: quienes hayan sido oficiales superiores de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas; quienes hayan participado de la gestión de intereses en la industria de armas en los últimos diez años, ya sea en Chile o el extranjero; quienes tengan familiares hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad asociados a la industria de armamentos; y quienes hayan participado en decisiones asociadas a compra de armas en los últimos cinco años.

La propuesta también establece sanciones “administrativas y penales” para aquellas empresas que sean detectadas en situaciones de corrupción, “lo cual supone elevar el actual código sancionatorio que aplica a compras efectuadas a través del sistema Chilecompra”.

Antecedentes

La Sala del Senado aprobó el 15 de enero la idea de legislar el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional.

El ministro Espina, junto al subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza, y el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, participaron de la sesión en la que el ministro planteó la necesidad de avanzar en un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas que sea estable, transparente, con control democrático y moderno, y así terminar con la Ley del Cobre.

El jefe de Defensa dijo que “no queremos que se financien si no es con un sistema que sea democrático, transparente, estable, fiscalizado, y que se conozca en detalle por el parlamento cómo se lleva adelante. Esto no puede ser un compartimento estanco. Las Fuerzas Armadas de nuestro país y la Defensa Nacional, quieren definitivamente terminar con un financiamiento que no tiene ninguna justificación en un sistema democrático”.

El proyecto del Gobierno plantea un sistema de financiamiento para la Defensa Nacional cuyo objetivo apunta por una parte dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios, en forma estable, para que puedan tener las capacidades estratégicas, operativas y disuasivas, y por otra parte, que puedan responder en tiempos de paz, en caso de una catástrofe o emergencia.

Énfasis en la polivalencia

Espina destacó que “no es posible que la Defensa Nacional, sin estabilidad en los recursos que se otorgan que son polivalentes, que significa que las Fuerzas Armadas no son sólo capaces de enfrentar una crisis, sino que como ocurre hoy en día son capaces de enfrentar las emergencias, las catástrofes, y esto es una política de Estado que viene aplicándose por muchos gobiernos”.

El jefe de la cartera hizo un llamado a los parlamentarios para poder alcanzar los acuerdos necesarios que permitan aprobar esta ley, que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. La Cámara Alta fijó un plazo hasta el 25 de marzo próximo para presentar indicaciones a la iniciativa del Ejecutivo, la que comienza así su discusión en particular.