​Sánchez ordena cancelar unilateralmente la compra de munición israelí para evitar una crisis de Gobierno

Pedro Sánchez no quiere, ni por asomo, oír hablar de una crisis en su Gobierno de coalición y menos por un contrato de 6,6 millones de euros para comprar munición para la Guardia Civil a una empresa israelí. Si el anuncio el martes del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa para llegar al 2% del PIB apenas provocaba una protesta de Sumar y otras formaciones de izquierda, no estaba dispuesto ahora a una rebelión interna por tan poca cosa. 

Por ello, esta misma mañana, a través de un comunicado conjunto de Presidencia del Gobierno y el resto de ministerios afectados, el presidente ha desautorizado a Fernando Grande-Marlaska, y ha ordenado rescindir unilateralmente dicho contrato, tras la fuerte presión de sus socios de coalición y en medio de una creciente tensión interna por la política de defensa y el conflicto en Gaza.​

Fuentes del Ejecutivo han asegurado que, "tras haber agotado todas las vías negociadoras", Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda y los ministerios competentes han decidido rescindir el contrato. La Abogacía del Estado ya están estudiando la respuesta a posibles reacciones legales y reclamaciones.

Poco después lo ha confirmado la propia vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en un mensaje en la red social Bluesky: "Hemos sido claras desde el principio y lo hemos hecho. El contrato de la vergüenza se ha rescindido.  España no puede comprar ni vender armamento a empresas israelíes. Nuestro compromiso con los Derechos Humanos es inamovible".

La operación, adjudicada en octubre de 2024 a la firma Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial de IMI Systems, preveía el suministro de más de 15 millones de cartuchos de 9 mm para la Guardia Civil. El contrato fue formalizado discretamente durante la Semana Santa, sin conocimiento de la cúpula de La Moncloa ni de los socios de Gobierno, lo que generó un profundo malestar en el seno de la coalición.​ 

Sumar, la plataforma liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, calificó la operación como una "violación flagrante" de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo, que en octubre de 2023 anunció la suspensión de la compraventa de armamento con Israel tras el estallido del conflicto en Gaza. La formación exigió la cancelación inmediata del contrato y la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.​

La presión política ha llevado por tanto a Sánchez a intervenir directamente y ordenar la rescisión del contrato, priorizando el coste político y la coherencia de su política internacional. La Moncloa está trabajando en una solución jurídica para revertir el acuerdo sin generar grandes pérdidas económicas, mientras la coalición gubernamental afronta una etapa especialmente delicada.​

El Ministerio del Interior justificó inicialmente la dificultad de anular el contrato por razones económicas y jurídicas, pero finalmente ha acatado la orden de Sánchez.​

Crisis política en el seno del Gobierno

La crisis se produce en un contexto de creciente tensión en el seno del Gobierno, tras el anuncio de Sánchez de aumentar el gasto militar en 10.400 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB, en línea con los compromisos con la OTAN y la UE. La decisión fue presentada en el Consejo de Ministros, donde encontró la oposición de los ministros de Sumar, quienes calificaron el plan como inconsulto y contrario a la política exterior progresista.

La situación evidencia una profunda fractura en la coalición, que podría comprometer su estabilidad a futuro. Mientras los socialistas guardan silencio, Sumar exige la cancelación del contrato y la comparecencia del ministro Marlaska, aunque descarta una salida inmediata del Gobierno. La crisis pone de manifiesto las dificultades de mantener una coalición con sensibilidades tan distintas en un contexto internacional cada vez más complejo.​