Amnistía Internacional (AI) solicitó a los gobiernos de Chile y Perú el retiro de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad ciudadana en la zona fronteriza como una de las soluciones para aliviar la crisis de migrantes que se vive en la frontera entre Arica y Tacna.
En una carta dirigida a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Perú, Dina Boluarte, la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, expresó su preocupación por la respuesta a la presencia de personas refugiadas y migrantes tratando de cruzar la frontera en esta zona, incluyendo el despliegue de fuerzas militares y la imposición de un Estado de Emergencia.
Según el documento, el decreto publicado el 20 de febrero de 2023 en Chile otorga a las fuerzas militares las facultades de control de identidad, registro y detención. Además, prevé que colaborarán con la policía para controlar el ingreso y egreso de personas extranjeras del territorio nacional, y para fiscalizar la legalidad de la estadía de personas extranjeras en el país.
De acuerdo a AI, la implementación de esta medidas, vigentes por el plazo de 90 días en determinadas zonas fronterizas del norte de Chile y que tienen como propósito contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas, ha desatado una crisis humanitaria en la frontera donde se estima que alrededor de 300 personas, en su mayoría venezolanas, así como personas haitianas y de otros países, se encuentran varadas.
AI reconoce la prerrogativa de los gobiernos para controlar la entrada y decidir su política migratoria, pero indica que estas medidas deben estar en línea con las obligaciones establecidas en los tratados internacionales ratificados por ambos Estados, y remarcó que los nacionales de Venezuela y Haití tienen derecho a buscar asilo y recibir protección internacional.
Medidas solicitadas
La organización considera que la salida duradera de esta crisis de protección en la región debe pasar por soluciones que garanticen plenamente los derechos de las personas refugiadas y migrantes, y propone una serie de soluciones apegadas a derechos humanos como acudir a la determinación colectiva de la condición de refugiado para responder a las necesidades de protección y facilitar su asistencia.
AI recuerda que los países tienen la obligación de garantizar que las personas con necesidades de protección internacional tengan acceso al territorio y a procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado, y que no se las rechace en frontera en vulneración del principio de no devolución. Este principio prohíbe devolver o trasladar a cualquier persona a un lugar donde pueda ser perseguida, o pueda sufrir violaciones a sus Derechos Humanos.
Además. exhorta al retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad ciudadana, incluyendo los operativos de control de identidad de personas refugiadas y migrantes; y derogar inmediatamente las normas que establecen estas medidas ya que no se apegan a los estándares internacionales de Derechos Humanos, ya que su aplicación podría poner en riesgo la vida y múltiples otros derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes.
Asimismo, solicita garantizar que cualquier persona detenida sea llevada sin demora ante una autoridad judicial; asegurar que sus ordenamientos internos tengan normas de carácter legislativo para regular el uso de la fuerza según al principio de legalidad; y velar que el uso de la fuerza cumpla con los estándares internacionales en la materia, garantizando el apego irrestricto a los principios de precaución, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
La carta pide también garantizar investigaciones inmediatas, imparciales, independientes y efectivas por parte de autoridades civiles sobre todos los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza, en particular, pero no exclusivamente, en aquellos relacionados con la implementación de los decretos mientras estos se mantengan vigentes en Chile y Perú.