Los militares han sido acusados de los delitos de deslealtad y contra la hacienda en el ámbito militar, castigados con entre tres meses y seis años de prisión, según el sumario al que ha tenido acceso COLPISA.
El juez instructor les acusa de haber urdido un fraude masivo a través de la simulación de facturas y documentos oficiales para recibir una indemnización por traslado forzoso. Se trata de un fondo nutrido por el Ministerio de Hacienda que está gestionado por la dirección general de asuntos económicos del Ejército del Aire.
Según la información de COLPISA, las pesquisas judiciales comenzaron a finales de 2012 y continúan abiertas a la espera de que el juez procese a los imputados o dictamine el sobreseimiento de sus procedimientos. La causa llegó a tener más de 150 militares investigados, pero finalmente se ha reducido a 46. Un volumen que ha llegado a repercutir en el funcionamiento de algunas unidades aéreas, ya que el Ministerio de Defensa suspendió de sus funciones a algunos de los implicados.
En cuanto a las estimaciones del dinero presuntamente malversado, podrían oscilar entre los siete y los 10,5 millones de euros, según el testimonio del principal encausado, el teniente Calet.
Las cifras del esquema delictivo incluían unas 500 mudanzas al año durante los "cinco o seis años" que funcionó la trama, es decir, de 2.500 a 3.000 traslados sospechosos. A esto hay que añadir los 3.000 o 3.500 euros de media que recibía cada militar como indemnización por realizar la mudanza, dado que en el Ejército del Aire existe una gran movilidad laboral.
El teniente Calet comenzó a urdir el plan de mudanzas simuladas en la base de Cuatro Vientos (Madrid). Vendía que tenía una empresa familiar que gestionaba el traslado de los enseres de los pilotos y se encargaba de gestionar con la autoridad competente la indemnización de 3.000 o 3.500 euros por traslado. A cambio, se llevaba unos 500 euros por cada gestión.
Todo estaba perfectamente engrasado hasta que una factura no pasó el filtro del funcionario de Getafe encargado de supervisar las cuentas. Fue en uno de los tres presupuestos de mudanza que presentaba cada solicitante. Lo que el supervisor pensaba que era «un error tipográfico» de una factura acabó destapando la trama. Fue en julio de 2012 y tras una serie de indagaciones la compañía SDR Mudanzas, de Madrid, denunció ante un juzgado que estaban usando su nombre para falsear facturas. Así se descubrió que había otras cinco empresas utilizadas.
El teniente Calet fue detenido en diciembre de 2012. En su declaración ante el juez, en abril pasado, negó todas las acusaciones y culpó a los dos propietarios de SDR, de nacionalidad colombiana, de querer hacer negocio con el Ejército. De momento, los denunciantes también están imputados.