Las Fuerzas Armadas Colombianas y su lento proceso de construcción de capacidades mínimas disuasivas

En medio de la pandemia del Covid-19 y las consecuencias que en todos los ámbitos ha generado, las Fuerzas Armadas Colombianas se avocan a otro período de fuertes restricciones presupuestarias que dificultarán aún más sus incansablemente postergados, cuando no recortados, procesos de construcción de capacidades mínimas disuasivas.

Es así que, para el presente 2020, las Fuerzas Militares cuentan con un total de 266.606 efectivos (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), a los que se suman 185.000 policías y 23.513 civiles que trabajan en el sector defensa, para un total de 452.446 miembros.

Estas cifras revelan ya el inicio de un descenso del pie de fuerza de esta nación, que en 2017 contaba con 291.771 efectivos disgregados en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, más 190.443 policías y 23.993 civiles, contabilizando en ese entonces un total de 482.154 miembros, evidenciandose entonces una reducción del 6,1% en tres años.

Esta contracción se da en medio de un creciente accionar delictivo de la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de las reincidencias de las Farc-EP y de los grupos armados organizados (GAO), entre ellos el Clan del Golfo así como de los grupos delincuenciales organizados (GDO), todos los anteriores dedicados casi que exclusivamente al narcotráfico y al terrorismo.

A estas amenazas internas se suman constantes tensiones fronterizas que se traducen en intimidaciones por parte de sectores políticos reaccionarios de países vecinos, cuyas Fuerzas Armadas realizan también persistentes ejercicios militares y que además se han destacado por una tendencia –casi que histórica- de violaciones a los espacios aéreos y terrestres colombianos, sin justificaciones algunas.

Ante este panorama, el Ministerio de la Defensa de Colombia proyectó una serie de recursos para el presente año tasados en aproximadamente 10.371 millones de dólares, de los cuales 10.081 millones -casi el 97.7%- vienen siendo destinados a gastos de funcionamiento, mientras que solo unos restantes 294 millones de dólares (2.3%) estarían disponibles para inversión o compra de nuevos sistemas y equipos.

De esos escasos 294 millones, 61 fueron asignados al Ejército, 46 a la Fuerza Aérea y otros 46 a la Armada, esperándose que estas cifras fueran efectivamente invertidas en la adquisición de los tan necesitados nuevos medios.

De hecho, y en sus justificaciones, el Ministerio de la Defensa aseguraba que con estos recursos buscaba (o busca) fortalecer el control territorial, el mantenimiento de los niveles de alistamiento y fortalecer su política de defensa y seguridad nacional.

Promesas financieras

Siendo entonces consecuentes con estas "promesas" financieras, las diferentes fuerzas realizaron la labor de presentar una serie de proyectos y programas con el fin de renovar, modernizar, actualizar, reemplazar o mantener sistemas y medios, ampliamente justificados (tanto por esas amenazas internas como externas) y soportados en estudios de factibilidades económicas.

Pero la realidad ha chocado –y fuertemente- con los deseos y aspiraciones del conjunto de las Fuerzas Militares. En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha sido reiterativo a lo largo del último lustro, luego de establecidos los rubros de inversión para el sector defensa, en comenzar desde el inicio de las nuevas vigencias fiscales, con un proceso sistemático de recortes –cuando no bloqueos- de los mismos, aduciendo diversas razones, todas fundamentadas en últimas a la no disponibilidad de recursos para los fines previamente concertados y contrarios a los discursos y justificaciones del ministro de Defensa de turno.

Todo esto viene generando consecuencias contrarias a los planeamientos estratégicos de las Fuerzas, en momentos de un acelerado rezago tecnológico como consecuencia del fin –a pesar de las extensiones continúas- de la vida útil de diversos sistemas y de la falta de materialización de los proyectos que desde las fuerzas se plantean para la renovación de esos medios.

Es así como la Armada, a pesar de haber planteado la necesidad de adquirir once nuevos buques (de acuerdo a su Plan ya no 2030, sino 2042) se ha visto en la obligación de reprogramar fechas, extendiendo en casi 12 años sus planes originales de renovación de una importante parte de sus flotillas, postergando también el inicio de su programa de Plataforma Estratégica de Superficie (PES) y reduciendo, además, el número original de embarcaciones de ocho a cinco.

Por su parte, la Fuerza Aérea insiste en la necesidad de materializar la compra de un sistema de misiles para su Sistema Integral de Defensa Aérea (Sisdan), habiendo avanzado en las conversaciones con un posible proveedor, pero sin un panorama claro en cuanto a la posibilidad de comprar una o dos baterías para tales efectos. A esto se suma el requerimiento –ya inaplazable- de ponerle fechas definitivas de retiro a sus aviones a reacción (IAI Kfir C-10/12 y Cessna A-37B), que se encuentran si no al límite, ya más allá de su vida útil.

Y en cuanto al Ejército, la institución continúa justificando, en documentos reservados, la necesidad de renovar medios y equipos y de dotar a otros con mayores capacidades de fuego, ante la imposibilidad de poder responder de manera contundente (defensivamente) ante una agresión o violación de los espacios soberanos, con el material con que dispone actualmente.

A lo anterior se suma, en la actualidad, el complejo panorama político y social que, reacio en gran medida a aceptar y justificar (o por lo menos a entender) compras de nuevos equipos, tilda de inmediato el adelanto de procesos e inversiones mayores como innecesarios y belicistas, escenario en el que la administración presidencial no tiene interés de entrar a explicar o defender.

Esto sin olvidar que desde hace dos años se pertenece en calidad de socio global a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que exige una modernización y estandarización de sistemas para poder proyectar internacionalmente las capacidades propias.

En resumen, un panorama complejo con un limitado apoyo político y financiero, con necesidades crecientes y capacidades disuasivas cada vez más escazas que, ojalá en un futuro, no se conviertan en cuentas de cobro para unas administraciones nacionales completamente de espaldas a las realidades geopolíticas y a la debida atención de la defensa de la soberanía e integridad nacional.