Los datos sobre comercio exterior muestran que las exportaciones españolas del sector de defensa se han duplicado en el último lustro. La facturación para el exterior del sector defensa en 2012 fue de 1.950 millones de euros. Durante el periodo 2013 a 2017 la cifra promedio ha sido de 4.000 millones, con un valor máximo precisamente en 2017 cuando se alcanzaron los 4.340 millones. Aproximadamente el 80% del volumen total de facturación del sector corresponde a la exportación.
Se trata sin duda de una buena noticia. Que las exportaciones de las industrias de defensa españolas alcancen medio punto del PIB nacional no es nada desdeñable, especialmente si consideramos la situación vivida en el último decenio con una desinversión pública importante.
Sin embargo conviene analizar algunas de las sombras que se perciben tras la cifra global. En primer lugar, debemos señalar que los clientes principales están en el ámbito europeo, y que estos reciben más de las tres cuartas partes del total de las exportaciones. En siguiente orden de importancia aparece Arabia Saudí como cliente preferente. Somos por tanto muy dependientes del mercado interno europeo y de algunos clientes muy concretos.
Por otro lado, si analizamos el dato por sectores, el aeronáutico supone dos tercios de la cifra total y de ese porcentaje prácticamente el 80 por ciento corresponde a Airbus.
Ambos factores, cliente europeo y predominio de un sector dominado por una gran empresa multinacional, se deben a primera vista al importante efecto tractor que han tenido los grandes programas internacionales. El apunte requeriría un análisis de mayor profundidad, pero no cabe duda que las actividades impulsadas desde los años 90, especialmente en materia aeronáutica, están teniendo sus resultados positivos para la economía española. Insistimos que esto se produce tras dos décadas de esfuerzo y trabajo continuado, siguiendo una línea de actuación en el que la participación de la administración, y especialmente del Ministerio de Defensa, en grandes programas tractores ha producido un efecto positivo.
En sentido inverso podemos preguntarnos cuál sería el efecto si no se continúa en esa línea de actuación. Previsiblemente, la presencia limitada de España en grandes proyectos europeos llevaría a una pérdida inmediata de actividad tecnológica e industrial y de puestos de trabajo. Lo que parece más importante es el lucro cesante que se produciría a medio plazo, por la descapitalización tecnológica y laboral que incidiría sobre los retornos que se pudieran obtener y sobre los posibles ingresos vía exportaciones. A largo plazo se podría producirá una situación de dependencia tecnológica que no parece deseable.
La evolución del sector está condicionada por la posibilidad de que el Ministerio de Defensa pueda abrir inversiones. Una posibilidad que está en cuestión. Mientras tanto en el exterior, especialmente en el ámbito europeo, el papel cada vez más activo de algunos países está llevando a una racionalización de la industria que condicionará el futuro dependiendo de las decisiones que hoy se tomen
Hasta ahora ha sido el lado de las Fuerzas Armadas, los clientes, los que han planteado la necesidad de realizar nuevas inversiones para modernizar el equipamiento de nuestros soldados. Quizás haya llegado el momento de que sea el lado de la industria, la oferta, la que plantee los riesgos de no invertir. Algo que no afecta solo al ministerio de Defensa. Los ministerios de Trabajo, Industria, Economía y Ciencia también deben tener algo que decir. Cinco ministerios que son un tercio del gobierno.