En pleno debate político y moral por la venta de armas a Arabia Saudí tras las muertes de civiles en Yemen y el asesinato de un periodista en Turquía, la Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación por el supuesto pago de sobornos millonarios de la empresa pública Defex para conseguir contratos en el país árabe.
Según publica el diario El País, la Audiencia Nacional investiga cinco operaciones realizadas entre 1992 y 2004 y otros 11 contratos firmados entre 2005 y 2014. En total, 23 años de relaciones con Arabia Saudí que están siendo estudiadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, el juez José de la Mata. El caso es una pieza separada de la venta irregular de material de seguridad y defensa a Angola por la que el juez ha sentado en el banquillo a la empresa pública y a otras dos sociedades con un total de 27 imputados. Es de recordar que este caso ha terminado con Defex, que actualmente está en proceso de liquidación.
El País ha tenido acceso a diversa documentación judicial española y suiza, requerida esta última por la Audiencia Nacional mediante comisión rogatoria a las autoridades helvéticas. Según el diario, la investigación sobre el primer periodo, de 1992 a 2004, ha localizado cinco operaciones comerciales en Arabia Saudí con pagos realizados desde Defex por valor de 60,7 millones de euros a la empresa Peninsula Inc Ltd, domiciliada en las Islas Caimán, realizados en facturas “sin detalle y sin contrato”, según define el propio magistrado.
En un segundo periodo, entre 2005 y 2014, Defex consiguió 11 contratos con Arabia Saudí gracias supuestamente a la entrega de comisiones ilegales. Esos montantes se destinaban a pagar, sin recibir a cambio ninguna contraprestación comercial, a personas bien relacionadas con las autoridades saudíes y a los propios directivos de Defex. Los desembolsos eran posibles gracias a una “compleja constelación” de sociedades, como define la documentación suiza. Entre los contratos investigados destacan, por ejemplo, el suministro de munición por valor de 14,5 millones de euros por la que se pagaron más de 19 millones o el pago de 7,6 millones a una empresa saudí sin que realizara los trabajos recogidos en el contrato.
Peninsula no es la única empresa involucrada, hay otras cuatro sociedades instrumentales que según la investigación se dedicaban por un lado a desviar fondos para pagar sobornos y por otro a ocultar esas ganancias. Un sistema calificado por el juez de “patrón criminal sistemático” en el que aparecen implicados el director de operaciones de Defex, Ángel María Larumbe, alias Kogan, y el expresidente José Ignacio Encinas, alias Óscar. El juez determina que ambos contactaron con varias personas para que les administrasen los fondos en el extranjero en una “estrategia cuidadosamente planificada”. Esta estructura fue diseñada, según la investigación, por Beatriz García Paesa desde su despacho de abogados de Luxemburgo, una mujer conocida por ser la sobrina del conocido espía Francisco Paesa.