Los ministerios de Defensa y Transición Ecológica han puesto en marcha un programa para la modernización de la flota de aviones de lucha contra los incendios que operan los pilotos, más conocidos como ‘corsarios’, del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio. El programa, valorado en 375 millones, incluye la compra de siete nuevos apagafuegos DHC-515 y la actualización de los 14 CL-215 y CL-415 en servicio.
España y otros cinco países europeos –Francia, Italia, Portugal, Grecia y Croacia- apuestan por el nuevo DHC-515 Firefighter de la empresa De Havilland Canada para mejorar sus medios en el ámbito de la extinción de los incendios forestales. Este avión es una evolución del CL-415.
Tanto el CL-215 como el CL-415 fueron desarrollados por la extinta Canadiar, absorbida por Bombardier. En 2016, Viking Air adquiere los derechos de fabricación de ambos aviones anfibios y da continuidad al programa para el desarrollo del CL-515 y, seis años después, en 2022, esta empresa pasa a formar parte del grupo De Havilland Canada. Los últimos años el conglomerado empresarial canadiense ha estado negociando con posibles clientes un pedido de este último modelo para abrir la cadena de montaje y lanzar la producción del nuevo avión.
Ese pedido ya es una realidad. Los seis países europeos mencionados han acordado la compra de una veintena de apagafuegos de este modelo, después de dos años de negociaciones con la mediación de la Unión Europea y el Gobierno de Canadá. Por tanto, para empezar, hay que aclarar que el DHC-515 aún no existe, aunque su desarrollo no presenta en principio grandes riesgos tecnológicos, pues, como decíamos, es básicamente una modernización del CL-415.
De Havilland presenta el DHC-515 como un apagafuegos de “próxima generación” con cambios de diseño para incorporar nuevos materiales y protección contra la corrosión para reducir los costes de mantenimiento. La capacidad de cargar agua en los depósitos aumenta respecto a las versiones anteriores, pasando de los 6.000 litros a los 7.000. La aeronave estará diseñada de acuerdo con los estándares de aeronavegabilidad actuales y futuros y contará, según el fabricante, con una cabina de vuelo completamente actualizada y “un conjunto de aviónica avanzada” que mejorará la seguridad del vuelo y el conocimiento situacional.
El manejo de la aviónica se realizará a través de un cockpit que tendrá pantallas digitales multifunción y un sistema de proyección de datos HUD. El avión también contará con un equipo de navegación 3D para la descarga de agua a baja altura a lo que hay que añadir un sistema de visión nocturna.
El ensamblaje final de la aeronave tendrá lugar en la planta de la compañía en Calgary (Alberta, Canada), donde trabaja también en la actualización de los aviones CL-215 y CL-415. El avión podrá desempeñar otras misiones gracias a una puerta de carga más amplia para apoyo en casos de desastre y la opción de añadir un equipo de evacuación médica.
Las claves del programa
El programa impulsado por los ministerios de Transición Ecológica y Defensa tiene un presupuesto de 375 millones de euros. Los departamentos no han confirmado quién pagará la compra de aviones y la modernización de la flota actual, no obstante, todo apunta a que será Transición Ecológica, como hasta la fecha. Lo que sí han dado a conocer es que dos de los nuevos DHC-515 estarán financiados por la Unión Europea y suscritos, por tanto, al Mecanismo Europeo de Protección Civil.
Los nuevos DHC-515 estarán disponibles a partir de 2026, según el calendario del programa. La actual flota española de apagafuegos está formada por 14 aviones CL-215 y CL-415, de los que 11 son propiedad de Transición Ecológica (10 C-215 y 1 CL-415) y 3 (CL-415) de Defensa.
Estos aviones de extinción de incendios están operados por el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio, con base en Torrejón de Ardoz, que también es responsable de mantener las aeronaves conocidas con el sobrenombre de ‘botijos’. Dependen orgánicamente de Defensa y funcionalmente de Transición Ecológica, que decide sobre su actuación en función del riesgo de incendio y a solicitud de las comunidades autónomas.
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