La justicia por crímenes de guerra en El Salvador llegó tarde, pero llegó

Aunque tarde, la justicia por crímenes de guerra en El Salvador, después de casi 30 años de los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992, finalmente está llegando en diferentes casos relacionados con homicidios y masacres cometidos por ambos bandos de la guerra interna que costó, oficialmente, más de 70.000 muertos, entre 1980 y 1992.

Sin embargo, algunos escépticos podrían decir que aparte de llegar tarde está llegando también a medias o a cuentas gotas, debido, por ejemplo, a la más reciente sentencia contra el excoronel Inocente Montano (parte del alto mando militar), quien fue el único condenado por un tribunal de la Audiencia Nacional de España a 130 años de cárcel por la muerte de cinco (los españoles, ya que el sexto era salvadoreño y la extradición solo se vinculó por los españoles) de los seis sacerdotes jesuitas, una empleada y su hija adolescente.

Los hehcos por los que se condenó a Montano ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, en medio de la última gran ofensiva guerrillera a la capital salvadoreña y que para algunos analistas fue un acto absurdo y desesperado de la cúpula militar, pues la entonces guerrilla del FMLN -partido político desde los Acuerdos de Paz- ganaba terreno militar, sobre todo con la introducción de misiles tierra aire SAM 7, 14 y Red Eye, que bien hubiera podido inclinar a su favor un posible triunfo y toma del poder al dejar sin Fuerza Aérea a las Fuerzas Armadas.

Erróneamente, los militares consideraban a estos jesuitas (rector, decanos y catedráticos de una de las principales universidades de la región, la Universidad Centroamericana de El Salvador) como afines a la guerrilla por su pensamiento de justicia social de la población y defensa de los derechos humanos, pero el pensamiento oficial de la casa de estudios siempre fue en contra de la guerra interna para buscar una solución armada a la injusticia social y respeto de los derechos humanos

Montano fue el único imputado que la justicia española pudo requerir pues había sido detenido en Estados Unidos por indocumentado y fue extraditado a España por el caso. Los demás se refugiaron en las instalaciones de la ex Guardia Nacional, en agosto de 2011, ante la alerta de la Policía Internacional (Interpol), pero que curiosamente ninguna autoridad policial ni militar hizo efectiva hasta que la Corte Plena (formada por los 15 magistrados de las cuatro salas de la Suprema Corte) negó la extradición, en 2012, por mayoría: nueve votos en contra de la extradición versus seis a favor de concederla.

Se trata de los militares en condición de retiro, que en aquella época eran parte de la cúpula militar y de donde se habría dado la orden para ejecutar la masacre en las instalaciones de la universidad: Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo. La difusión roja de Interpol también incluía a René Emilio Ponce, pero falleció en mayo de 2011.

También se señalaba como parte de este grupo de imputados al expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994), quien recién fungía su mandato al momento del crimen y como comandante general de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) también habría sido parte de la orden para comerte la masacre, sin embargo el tribunal español lo excluyó del proceso. Cuatro militares más, de medio rango y cargo en la época del crimen, si fueron capturados a consecuencia de la difusión roja, pero después también fueron puestos en libertad cuando se negó la extradición.

Por otro lado, el comando militar ejecutor material del crimen sí fue procesado poco después de los hechos en el pasado, se condenó a algunos, pero poco tiempo después fueron liberados al ser beneficiados por la Ley de Amnistía, para ser recapturados algunos casi tres décadas después, ya en avanzada edad, ahora que se derogó dicha ley.

En teoría, si los señalados en su momento por la Audiencia Nacional en el crimen salieran de El Salvador podrían enfrentar extradición como fue el caso de Montano, pero mientras permanezcan en su país pueden evitar a la justicia española, aunque localmente, ya sin la Ley de la Amnistía, bien se pudiera buscar procesarlos por los hechos que dejaron a la humanidad sin seis mentes brillantes de la academia, entre ellos el rector de la UCA en ese momento y reconocido teólogo y filósofo Ignacio Ellacuría.

De hecho, la UCA urgió la semana pasada a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema en El Salvador por la resolución a un recurso de apelación para que se retome investigaciones contra autores intelectuales en el país.

El Mozote

Por otro lado, ante la derogatoria de la Ley de Amnistía se reabrió la investigación por la masacre de civiles por parte de militares, inclusive niños, de 1981, conocida como El Mozote, un caserío a unos 200 kilómetros al noreste del territorio salvadoreño, en el departamento de Morazán.

Un juez salvadoreño ordenó investigar por indicios en los archivos militares, a partir del próximo 21 de septiembre, a los cuales no había sido concedido el acceso por muchos años y que la inconstitucionalidad de la Amnistía, en parte, favoreció también el acceso.

La masacre se produjo durante un operativo militar en plena guerra, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, elaborado con apoyo de Naciones Unidas. En la operación denominada Tierra Arrasada, cerca de 1.000 personas, en su mayoría niños y mujeres, fueron asesinadas, según el reporte del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

También para la exguerrilla

La derogatoria de la Amnistía también favoreció la reapertura de investigaciones de crímenes de guerra por parte de la entonces guerrilla del FMLN, para los tiempos de la guerra interna salvadoreña, entre 1980 y 1992.

Tal es el caso de la extradición del pasado 25 de agosto, en plena pandemia y en vuelos humanitarios, desde Costa Rica hacia El Salvador, del excomandante guerrillero Santos Guevara Portillo, de seudónimo Comandante Domínguez, a quien se le atribuye la responsabilidad, junto a otros guerrilleros (parte del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, uno de los cinco grupos que formaron el FMLN desde 1980), el derribo de un helicóptero Bell UH-1H, en enero de 1991, y el posterior asesinato de tres asesores estadounidenses, quienes yacían heridos entre los escombros de la aeronave, en lugar de facilitar su evacuación como establecen las normas humanitarias internacionales, aún en situación de guerra.

A pesar de estos casos que posiblemente comiencen a esclarecer la verdad de una época convulsionada en El Salvador, todavía existen otros que mantienen muchas contradicciones e impunidad, como el asesinato del arzobispo de San Salvador, en 1980, mientras oficiaba misa, ahora ya nombrado santo por la Iglesia Católica, Oscar Arnulfo Romero, y que se atribuye a un comando de los llamados Escuadrones de la Muerte, grupo irregular vinculado a militares en los 70 y 80, que no solo se le adjudica el crimen de Romero, sino el de cientos de salvadoreños más en esa época.

Para la exguerrilla también existe un crimen parecido al de Romero, donde hay contradicciones, impunidad y hasta hechores confesos, como es el caso de asesinato del poeta Roque Dalton, en 1975, de quien inclusive ni siquiera se conoce el paradero de sus restos.

En conclusión, para este tema, como en su momento declaró en sus resoluciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a inicios de los 2000, en contra del Estado salvadoreño, por el crimen de los jesuitas y de Romero, el principal derecho vulnerado, aparte de la evidente violación a la vida de las víctimas, es el conocimiento de la verdad de los hechos y se trata de una violación para la generación que vivió los crímenes en el pasado, para la actual y para las futuras generaciones.