El Ejército mexicano incorporará sistemas antidron para unidades operativas

En marzo pasado, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, advertía del uso de drones y explosivos en ataques contra militares que patrullan zonas con presencia de crimen organizado.

El general reportó que han confiscado 980 artefactos en Michoacán, región que ocupa los primeros lugares en asesinatos en medio de la disputa de los cárteles, señalando que se prepara un plan para adquirir tecnología que permita contrarrestar la acción de los drones, además de la ubicación rápida de este tipo de artefactos explosivos.

La página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en junio de 2024 cinco proyectos de inversión para la adquisición de sistemas antidron para detección, inhibición y neutralización de drones con explosivos para unidades operativas de la IV Región Militar en Nuevo León,  V Región Militar en Jalisco, VI Región Militar en Puebla, VII Región Militar en Chiapas, IX Región Militar en Guerrero y XII Región Militar en Guanajuato a un costo de 825 millones de pesos  (45 millones de dólares aprox) en una primera fase.

La adquisición de equipos de detección, inhibición y neutralización de drones y explosivos les permitirá a las unidades operativas incrementar su capacidad de respuesta ante ataques a las instalaciones o personal militar

Bombardeos con drones

De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 2020 se registraron cinco bombardeos con drones en el país. En 2021, se incrementaron a más de 100, para el 2022, se contabilizaron más de 200 y para el 2023 sumaron más de 260.

Aunque en los proyectos de inversión se reservaron los detalles, se conoce que un sistema antidrones es un mecanismo portátil compuesto por un radar que detecta la presencia de estos aparatos y un cañón con la capacidad de atraerlos y bajarlos a una distancia máxima de 1.5 kilómetros. Algunos gobiernos estatales como Michoacán ya cuentan con esta tecnología.

El 8 de junio pasado entró en vigor el decreto para sancionar el uso de drones con fines delictivos, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el documento fue aprobado en noviembre de 2023 por la Cámara de Diputados y en abril de 2024 por el Senado de la República.

La reforma publicada plantea sancionar con cárcel de 10 a 20 años a quien, mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia, arroje cualquier objeto o artefacto explosivo o sustancia química que impacte a cualquier persona o propiedad, para causar daño.

La Sedena preparó un plan para adquirir tecnología que permita contrarrestar la acción de los drones, además de la ubicación rápida de este tipo de artefactos explosivos. Firma JAQC 

Cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las fuerzas armadas o de seguridad pública, la pena establecida aumentará.Para quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte drones para el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas, se establece una pena de prisión de cinco a 10 años.

También castiga con prisión de tres a cinco años a quien utilice esos dispositivos para fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, con el fin de vigilar actividades de servidores públicos, para conocer o reportar su ubicación y de esa manera evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra.