La primera jornada del Congreso Jurídico y de Contratación de Defensa ha girado en torno a la necesidad de una nueva Ley de Contratación para la Defensa más ágil y flexible que la actual a la que expertos en contratación de la Administración y el ámbito jurídico consideran ya obsoleta más de una década después de su entrada en vigor.
El Ministerio de Defensa fue muy claro sobre esta cuestión. El subdirector general de Contratación, general de brigada Germán Martín Casares, reconoció que es el momento de introducir cambios en la legislación para adaptarla a un mercado de la defensa que poco tiene que ver con el de hace diez años caracterizado hoy por el I+D+i, la presencia de una amplia red de pymes y la colaboración a nivel europeo.
Casares no puso plazos para la aprobación de la nueva norma, pero sí entró a analizar algunas de las actualizaciones que habrá que hacer en la actual Ley 24/2011 de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad manteniendo los principios de transparencia, igualdad de trato y concurrencia. El representante del ministerio mencionó en más de una ocasión la importancia de agilizar las licitaciones y reducir la burocracia para contar "con procesos de contratación más ágiles", sobre todo, en los contratos asociados a la I+D.
La ley en vigor pone el foco en la preparación y contratación, mientras que la ejecución se rige por la norma general. En este punto, apostó por una nueva ley integral que englobe las tres fases. También defendió la necesidad de procedimientos abiertos simplificados para fomentar la innovación en las pymes y de promover la colaboración en contratos internacionales en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo, abrió la puerta a otro tipos de contratos como la concesión de servicios y a incluir en el presupuesto de una licitación no sólo los créditos del Ministerio de Defensa, sino también los que proceden de otras administraciones (españolas o europeas) o incluso fondos de diferentes países.
Expertos en contratación del ámbito jurídico también coincidieron en el evento organizado por GDELS Santa Bárbara Sistemas, Escribano y Tedae en la necesidad de actualizar la ley de contratación de defensa para dotarla de mayor agilidad y flexibilidad y adaptarla a las nuevas directrices que han aparecido en la última década, especialmente, en el ámbito europeo.
Presupuesto estable
Más allá de los aspectos puramente contractuales, Casares resaltó que al final es clave contar con un presupuesto estable y previsible para hacer frente a los compromisos plurianuales. "El 80% de los problemas está relacionado con el presupuesto", puntualizó. También puso el acento en que hay que disponer de mayor flexibilidad para incrementar, por ejemplo, las anualidades de un contrato; revisar y incorporar créditos a otros ejercicios; gestionar contratos de larga duración, donde el ciclo de vida puede suponer hasta el 60% del presupuesto; y regular las compras conjuntas de la UE.
El objetivo, al final, insistió, debe ser potenciar la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa, y adaptar la regulación a las singularidades del sector. Otros aspectos a mejorar, comentó, son los plazos de los recursos que acaban alargando los procesos de adquisición. En esta línea, el director general de Armamento y Material (Digam), almirante Aniceto Rosique, pidió a las empresas evitar las denuncias en los procesos de contratación y apostar en su lugar por la coordinación y el diálogo entre compañías. Tanto el general como el almirante lanzaron otro mensaje a la industria: no hay que agotar siempre los plazos de entrega.
Revisión de precios
Los ponentes también se mostraron a favor de modificaciones legales para facilitar la revisión de precios en los contratos plurianuales, un mecanismo que a día de hoy no está muy extendido en la contratación de defensa. "En los contratos de larga duración, la empresa hace una propuesta de oferta a fecha de un día, pero tiene cuatro años por delante, y al final está obligada a hacer proyecciones del coste de las materias primas o de los salarios", explicó el Ángel de Álvaro, secretario general de GDELS-SBS y doctor en Derecho.
Y añadió: "Hay que intentar que haya mecanismos para evitar hacer esa proyección. El precio puede ser el día de la oferta, pero se puede ir también revisando con arreglo a criterios racionales durante la vida del contrato". El actual sistema normativo permite esta variación de los precios, recordó De Álvaro, pero al final es el órgano de contratación quien incorpora el mecanismo y "no lo hace muchas veces".
Esta revisión proporcionaría "mayor certidumbre" tanto a la Administración como a la empresas, aseguró Miguel Alcañiz de GDELS-SBS en su turno. Por su parte, el CEO de Escribano, Ángel Escribano, resaltó que mejorar la contratación es un desafío que también permitirá ganar relevancia internacional a la industria. Mientras, el presidente de Tedae, Ricardo Martí Fluxá, hizo hincapié en que el gran reto del sector es responder a la demanda y entregar en tiempo y forma. Para ello, hay que ser "más ágiles" y aprovechar la legislación actual.