Los presupuestos para 2022 marcan como uno de los objetivos de política de defensa el apoyo y fortalecimiento de la base industrial española. Dicho objetivo se materializa en un capítulo 6 del presupuesto de Defensa dotado con 3.647 millones de euros. El 78% de esa cantidad (2.848 M€) corresponde a compromisos de pago para programas especiales. Las posibilidades de inversión del Ministerio quedan muy limitadas.
Como ha apuntado la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, no deben esperarse nuevos grandes programas que demanden pagos antes de 2028. Es evidente. Las cifras muestran que los compromisos aumentarán hasta los 3.200 millones de euros en 2025. Si no cambian las condiciones, la industria española afronta una nueva contracción del mercado interior como la vivida entre 2008 y 2016.
Los datos de Tedae muestran que la facturación de las empresas asociadas creció entre 2009 y 2013 un 1,9%. En ese periodo el aumento de las exportaciones compensó la caída de la demanda interna. Entre 2014 y 2019 se inició la recuperación interior y se mantuvo el esfuerzo en exportaciones. La facturación creció un 6,9%. Los datos de 2020 rompen la tendencia con un descenso del 19% y una facturación de 11.413 millones de euros, que nos lleva al nivel de 2016. La caída refleja el efecto Covid, pero puede que no sea el único factor a considerar.
La facturación de defensa fue de 6.723 millones de euros en 2020. Disminuye un 6% con respecto a 2019 como consecuencia de la caída del sector aeronáutico con un descenso del 12%. El naval mantiene prácticamente las cifras en unos 1.380 millones. El volumen de facturación en el terrestre crece 100 millones, y la del espacial 75. La importancia del sector aeronáutico sobre el conjunto es evidente. Es el que se beneficia de políticas más activas y de la mayoría de las últimas inversiones en programas especiales, tras el acuerdo entre el Gobierno y Airbus de 2020. Las cifras del naval reflejan que está fundamentalmente soportado por el mercado interno. Por su parte el terrestre es el que más depende del exterior y el que menos se favorece de la demanda interna. Sin embargo, realiza una aportación al PIB similar al del naval, con unas cifras de empleo equivalentes, pero con una inversión en I+D y un efecto arrastre superiores.
Las exportaciones de defensa han disminuido un 10% respecto a 2019. Suponen 3.622 millones, el 54% sobre el total de facturación. El sector aeronáutico es responsable del 72% de ese volumen y el valor de las exportaciones sobre su facturación es del 60,5%. El naval habría exportado por valor de 246 millones, casi el 18% de su facturación total. El terrestre exporta un 71,5% de su facturación, y aporta 543 millones al conjunto de la actividad exterior.
Destinos de las exportaciones
Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, entre 2011 y 2020 el promedio de exportaciones de defensa fue de 3.500 millones anuales. La tendencia general de esa década fue de crecimiento en el exterior. Entre 2016 y 2020 el promedio de exportaciones fue de casi 4.000 millones anuales, pero con tendencia decreciente y una importante caída en 2020, que esperemos sea coyuntural. Por destinos, el volumen de exportaciones españolas a países miembros de la UE u OTAN es creciente, pero la tendencia en otros mercados es decreciente. En los últimos 10 años el reparto porcentual entre ambos grupos de destinos era de un 60/40 aproximadamente. La tendencia de los últimos 5 años es que la ratio tienda al 70/30.
En términos porcentuales nuestras exportaciones ganan peso entre nuestros aliados europeos o de la Alianza Atlántica, pero lo pierden en otros mercados. En general y más allá de las cifras que ofrecemos, las exportaciones de nuestro sector responden a tres tipologías diferentes. En primer lugar, las relacionadas con la participación en programas internacionales que entre 2013 y 2019 supusieron el 48% del total. Se trata de operaciones ligadas en su mayoría al sector aeronáutico del que nuestras exportaciones son cada vez más dependientes. Su peso en los últimos 10 años sobre el total fue del 72%, pero en los últimos cinco ha supuesto casi un 80%.
En segundo lugar, las derivadas de las actividades de las grandes empresas integradoras que implican establecer acuerdos de cooperación industrial con el cliente, que con frecuencia extienden su alcance para incluir el apoyo a ciclo de vida. En su mayoría son operaciones que derivan de inversiones previas realizadas en programas nacionales. Los casos más significativos son las del sector naval en Noruega, Australia o Turquía; o en el sector terrestre los casos del programa Ajax británico o los recientes concursos de vehículos blindados de cadenas en República Checa y Eslovaquia. En estas operaciones, los retornos exigidos por el cliente están en el entorno del 50% y con frecuencia se exige en los pliegos la integración por empresas locales, lo que condiciona la participación de la cadena de valor española.
En tercer lugar, podemos considerar las exportaciones directas, donde entran un amplio conjunto de tipologías. Los destinos tradicionales de nuestras exportaciones han sido Oriente Medio y, en menor medida, Iberoamérica. Ambos presentan peculiaridades significativas y están condicionados por razones políticas.
En cualquier caso, las exportaciones obligan a disponer de capacidad de diseño e integración, y de productos o tecnologías diferenciales y competitivas en términos de coste o prestaciones. Las empresas que no aporten valor añadido corren el riesgo de quedarse fuera de la ecuación. La visión a largo plazo y la estabilidad son también importantes para aquellos que disponen de productos competitivos en un mercado en el que la visión a corto a menudo se penaliza.
Actualmente disponemos de buenas capacidades, fruto de varias décadas de esfuerzo. En las condiciones que apuntamos de contracción del mercado interior, a lo que no deberíamos resignarnos, y de una mayor complejidad en el exterior, si no actuamos tendremos dificultades para mantenerlas y mejorar nuestra competitividad.
Programas europeos: Pesco
En el ámbito de los programas internacionales el futuro se confía en el NGWS. Un programa que requiere un importante volumen de inversiones que no debería condicionar la actuación en otros sectores. La experiencia obtenida en programas aeronáuticos internacionales puede extrapolarse a otros. Las iniciativas Pesco en el sector naval apuntan hacia una mayor integración europea, que por otra parte ya se había iniciado a través de iniciativas de algunos países. España participa en 25 proyectos Pesco. Recientemente se ha decidido participar en los proyectos EPC y 4E de colaboración naval. El empuje de la Armada y de la industria han sido determinantes en esta decisión que afecta a un subsector ciertamente estratégico, pero cuya subsistencia no se soporta exclusivamente con la demanda interna, y sobre el que una previsible integración europea obligará a hacer renuncias, como ha ocurrido en otros en el pasado.
El sector terrestre solo está tímidamente presente en iniciativas Pesco, pero está experimentando, desde hace algunos años, movimientos que deberían llevarnos a establecer una estrategia específica. Quizás sea este sector el más necesitado de estrategias que permitan alinear necesidades operativas con capacidades industriales y tecnología. En ello, el impulso del Ejército en colaboración con la industria puede ser determinante, como ha sucedido en el ámbito naval, aunque en el sector terrestre no haya un referente industrial único.
La participación española en iniciativas Pesco, ha venido acompañada por una actividad de liderazgo en Edidp que esperemos tenga continuidad. La colaboración de la administración con la industria ha sido un elemento importante. Pero el éxito colectivo de España en este ámbito se debe principalmente a dos factores: voluntad de cooperación y capacidad tecnológica propia. Nuevamente las disponibilidades financieras están limitando nuestra actividad. Recordemos que el presupuesto para 2022 contempla una partida en el Ministerio de Defensa de 7,4 millones de euros para financiar la participación en estos proyectos. En estas iniciativas, que repercuten directamente en el futuro posicionamiento de la industria española en Europa, sería deseable la contribución de otros ministerios y no confiar solo en las limitadas posibilidades de Defensa. La búsqueda de sinergias entre organismos es una de las líneas que se está potenciando desde Bruselas con el plan de acción aprobado en febrero de 2021.
Grandes programas: S-80, F-110 y VCR Dragón
En el campo de las posibilidades de exportación de los grandes integradores, los programas en curso, como S-80 y F-110 en el campo naval o el VCR Dragón, obligarán a buscar clientes exteriores para rentabilizar las inversiones y garantizar su viabilidad en el futuro. El esfuerzo en desarrollo de tecnología está siendo importante tanto por parte de los integradores como de las empresas participantes a lo largo de toda la pirámide. Sin embargo, el contexto internacional no nos permite ser optimistas si no favorecemos la competitividad, que pasa en primer lugar por revisar los costes que se imponen por razones sociales en algunos casos. Es en estos programas donde las exigencias de colaboración industrial por los posibles clientes obligan a presentar una buena capacidad de integración y diseño, y disponer de tecnología avanzada a nivel componentes para materializar el efecto tractor que la actividad de las grandes puede tener sobre otras empresas.
El papel de las pymes es esencial y debe favorecerse su presencia en los programas a través de mecanismos de apoyo específicos que les permitan mantener el esfuerzo en sus nichos de excelencia. Los integradores y las industrias de primer nivel tendrán que velar por huir de suministradores impuestos que no dispongan del nivel tecnológico adecuado, y al mismo tiempo favorecer la presencia de aquellos que sean realmente diferenciales. La administración por su parte debería vigilar que los esquemas de participación industrial de los programas dan cabida a pymescompetitivas y que la ejecución de la política industrial de defensa no recae de facto en suministradores de diferente nivel que buscan beneficios particulares que a la larga perjudican al conjunto.
En zonas donde tenemos potencial con productos y tecnologías propios, pero en las que no estamos suficientemente presentes, deben impulsarse políticas más decididas y con menos prejuicios. Ya hemos citado el mercado iberoamericano, donde otros países europeos con políticas más agresivas han conseguido éxitos relevantes. El mercado de Oriente Medio está condicionado por factores políticos que están limitando la actividad de las empresas. El mercado asiático, el de mayor potencial de crecimiento, está casi sin explotar más allá de algunas iniciativas específicas.
La tecnología como elemento diferenciador
Nuestro potencial exportador en defensa podría superar los 5.000 millones de euros anuales, pero depende de que seamos competitivos en términos de coste, ofrezcamos tecnología de vanguardia y seamos más agresivos desde el punto de vista comercial. Quizás de todos estos factores el elemento más significativo es el de la tecnología, basada en la fortaleza de nuestras pymes, por las que la administración debe velar con políticas de apoyo más activas. Una buena base tecnológica favorecerá el efecto tractor de las grandes en las operaciones de exportación. En cualquier caso, habrá que priorizar aquellos nichos que sean realmente competitivos aun a costa de renunciar a otros. La priorización tecnológica e industrial podrá llevar a renunciar a algunas capacidades porque no podremos abarcar todo. Poner el foco en competencias tecnológicas diferenciales, colaborando desde las empresas del sector con el conjunto del sistema de ciencia e innovación y la mejora continua de los productos aportando la experiencia de los usuarios serán elementos que pueden favorecer la competitividad.
La selección y priorización tecnológica ayudará a priorizar las inversiones, donde es necesario implicar a otros agentes. Desde Europa se está intentando eliminar las barreras a la financiación del BEI en proyectos de defensa, lo que hasta ahora no es posible por prejuicios que actúan en contra de otras políticas comunitarias. Algunas corrientes que piden excluir al sector de defensa del acceso a mecanismos financieros por razones medioambientales tienen un impacto negativo y no son coherentes con otras políticas comunitarias y nacionales. Por otro lado, la financiación de proyectos de defensa desde entidades privadas es algo que no hemos explorado pero que podría valorarse por parte de los responsables de la política industrial de defensa, máxime si ellos mismos anuncian un escenario de inversiones públicas limitadas.
En conclusión, en el escenario que aventuramos de contracción del mercado interno y de mercado exterior más complejo, nos aproximamos a la tormenta perfecta que puede afectar al futuro del sector. No se trata de proteger a la industria, como la Secretaria de Estado ha manifestado en el Congreso. Se trata de apoyar la actividad tecnológica e industrial para que pueda competir y fortalecer la posición de España sobre la base del conocimiento y estímulo de nuestras capacidades, fomentando nuestras fortalezas, reduciendo o eliminando nuestras debilidades y actuando con coherencia y visión a largo plazo.