La firma de San Valentín

Durante la pasada edición de la feria ILA celebrada en Berlín, Francia y Alemania firmaron el documento de requisitos operativos de alto nivel para el futuro avión de combate europeo, FCAS en sus siglas en inglés. En realidad se trata de un proyecto de mayor envergadura enmarcado en el concepto de Next Generation Weapon System (NGWS) que incluye plataformas aéreas tripuladas y no tripuladas, así como capacidades satelitales y misiles de siguiente generación. En ese concepto se enmarca el programa Euromale en el que España participa con un 23% o el UCAV Neuron donde la contribución española en el pasado ha sido significativa.

El 14 de febrero, en los márgenes de la reunión ministerial de la OTAN celebrada en Bruselas, se firmó el documento de adhesión de España al programa "en igualdad de condiciones" de acuerdo con las manifestaciones políticas. Según parece el MoU trilateral se firmará durante la feria de Le Bourget prevista en junio.

El calendario previsto establece que la fase de estudio para el desarrollo del concepto durará hasta 2021. Esta etapa será liderada por Airbus (Alemania) y Dassault. Posteriormente seguirán las fases de diseño, desarrollo y producción con la idea de que los futuros aviones estén en servicio operativo en 2040. El coste previsto para España de la fase de estudio de concepto se estima en un mínimo de 25 millones de euros.

La firma por parte de la ministra Margarita Robles, tan solo un día antes de que el presidente Pedro Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, se había anunciado por la propia ministra unas semanas antes en un encuentro público celebrado en Madrid. Ahora se abren multitud de cuestiones en diferentes ámbitos.

La primera desde el punto de vista político. La negociación del MoU se habrá iniciado, previsiblemente, con anterioridad por parte de equipos técnicos. La fase final de ésta se producirá en un momento político en el que España tendrá un gobierno en funciones. No parece una situación ideal para un programa de esta envergadura.

Desde el punto de vista operativo, para el Ejército del Aire la prioridad es buscar un relevo para la flota de F18 que finaliza su vida operativa entre 2025 y 2030. Para esa fecha el nuevo avión no estará disponible. Su entrada en servicio parece orientada a la sustitución de las flotas Rafale y EF2000. En este último caso, el Consejo de Ministros aprobó el 14 de diciembre un incremento de techo de 906 millones de euros para actualizar las capacidades de la flota en servicio e incorporar unidades adicionales.

Pero esta medida no garantiza la cobertura de necesidades de defensa aérea para el periodo 2025-2040, por lo que la sustitución de la flota de F18 sigue abierta. Muy posiblemente habrá que buscar una solución interina como se realizó en el caso del programa RPAS estratégico. Un programa que, por cierto, representa un coste mínimo estimado de unos 250 millones de euros, sin beneficios industriales.

En cualquier caso, la elevación de techo para EF2000 no está consolidada y surge así una tercera cuestión que afecta al plano económico. En el escenario presupuestario actual la reprogramación prevista, así como las nuevas inversiones, han quedado en el aire y a la espera de que se despeje el panorama político. Evidentemente, habrá que contemplar, en cualquier caso, la contribución a la cuota de participación comprometida para el nuevo programa en la cuantía que se haya estimado. Para ello hará falta una generación de crédito adicional para el Ministerio de Defensa, salvo que este tenga que hacer la contribución con los fondos del presupuesto prorrogado. Un problema complicado para los gestores. Por otra parte, debe considerarse que la entrada en el nuevo programa complica el escenario financiero a largo plazo ya que plantea un volumen de inversiones importante, que pueden condicionar el marco global y afectar a otros programas.

Es quizás en el apartado de política industrial donde surgen mayores dudas. España participa en Airbus actualmente con un 4,17% a través de la SEPI por lo que no parece que a ese nivel se tenga una posición cómoda para negociar en el escenario que planteamos. La experiencia española demuestra que la participación en programas internacionales ha contribuido a mejorar nuestra capacidad tecnológica e industrial cuando las cosas se han hecho con visión estratégica y sin prisas.

La colaboración de nuestra industria se está jugando en unas condiciones de contorno que no parecen las más adecuadas. En ese caso, solo queda la esperanza de que los equipos técnicos, militares e industriales, implicados en la negociación tienen la suficiente experiencia y solidez como para sacar el mejor resultado del partido que se está jugando.