Ecolabel

En los últimos años desde la Comisión Europea se están impulsando diferentes medidas y actividades para contemplar el desarrollo sostenible en el conjunto de las políticas públicas comunitarias. La propia presidenta de la Comisión en su discurso de investidura de julio de 2019 manifestó que el “objetivo de reducir las emisiones en un 40 % hasta el 2030 es insuficiente”.

Aunque desde algunos medios se valoró esta afirmación como una concesión para obtener el apoyo de los “verdes”, la realidad es que el objetivo ya se había planteado en 2018 en un plan que incluía la definición de las actividades que se consideraban sostenibles. Lo que se pretende en definitiva es regular el acceso a la financiación para aquellas entidades que reciban una certificación específica denominada “ecolabel”. La normativa para recibir esa certificación está en proceso de elaboración.

La industria aeroespacial y de defensa europea ha estado recogida hasta octubre de 2020, excluyéndose del acceso a la financiación únicamente la fabricación de armas o equipos de combate si hay evidencia de ventas en países no autorizados. Una restricción en razón al destino de los bienes y no por la actividad en sí misma.

Sin embargo, en marzo de 2021, se presentó un nuevo documento en el que se excluye del acceso a la financiación a toda la industria de defensa europea y a las empresas cuya facturación por comercio de armas o productos militares sea superior al 5% del total. Se cambia el criterio y se penaliza la actividad.

Aunque este borrador se ha consultado en el interior de la Comisión y en los ministerios responsables de medioambiente de los países miembros, se ha excluido del debate sobre su contenido final al conjunto de la industria de defensa que sí había sido consultada hasta ese momento.

Independientemente del problema de procedimiento de consultas, que no parece un asunto menor, el asunto de fondo es que se considera a la industria de defensa, y a buena parte del sector aeroespacial, como no sostenible “por razones sociales”. Una premisa, con un sesgo ideológico, que olvida que la industria de defensa es el sector industrial más regulado y controlado por los Estados desde el punto de vista de respeto a la legislación internacional, a la ética del empleo de sus productos y al control de su actividad productiva.

La industria aeroespacial y de defensa europea factura aproximadamente unos 300.000 millones de euros anuales, de los que aproximadamente el 50% son exportaciones. El sector emplea un millón de puestos de trabajo directos, de los que aproximadamente la mitad corresponden específicamente a actividades de defensa. Su facturación se ha duplicado en la última década con unos niveles de generación de empleo que no han dejado de crecer desde 2011. En cuanto a aportación tecnológica sus inversiones anuales en I+D rozan los 20.000 millones de euros con un efecto tractor importante sobre otros sectores.

El trascendente papel de la industria de defensa para el futuro de Europa ha sido reconocido por la propia Comisión. No olvidemos que entre los objetivos del plan europeo de defensa se encuentra la potenciación de la industria, con especial atención a las pymes, y el impulso al desarrollo de tecnologías avanzadas. Todo ello en aras de conseguir una autonomía estratégica que es imposible conseguir sin soporte industrial.

Un principio que también fue recordado por Von der Leyen en su investidura y que responde al objetivo político de conseguir una Europa más fuerte. Uno de los seis objetivos principales fijados para su mandato, al mismo nivel que el pacto verde o la Europa digital, y que el Parlamento europeo en un reciente informe liga de forma directa a los otros tres como son el fortalecimiento de la economía, la promoción de nuestro modelo de vida y el impulso a la democracia.

Los grandes objetivos políticos no pueden verse de forma aislada. No lo hacen desde el otro lado del Atlántico en donde se dispone de un fondo de apoyo a la sostenibilidad de las industrias de defensa dotado con 5.000 millones de dólares hasta 2025. Su justificación es que la introducción de incentivos ayudará a conseguir objetivos medioambientales y repercutirá en el bienestar y la salud de los usuarios de los sistemas, de los empleados de las empresas y de los habitantes de las zonas donde se ubican. Es la diferencia entre el palo y la zanahoria.

La tendencia actual de la normativa europea sobre desarrollo sostenible parte de una premisa errónea, puesto que estigmatiza a todo un sector sin entender como desarrolla su actividad tanto industrial como comercial. Pero sobre todo, plantea incoherencias graves entre las políticas comunitarias, y afecta directamente a la viabilidad de unas industrias que respetan escrupulosamente el marco regulatorio en el que se desenvuelven bajo la atenta vigilancia de los Estados y de la propia Comisión.

Si finalmente se materializa, la exclusión del sector aeroespacial y de defensa de la obtención del “ecolabel”, no contribuye a alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Sus efectos afectarán a la economía europea, el empleo y el desarrollo de tecnología de vanguardia también en otros sectores que se benefician del efecto tractor de la actividad aeroespacial y de defensa.

La industria europea, toda, necesita incentivos para mejorar su competitividad siendo siempre respetuosos con el medio ambiente pero no frenando el desarrollo de ciertos sectores por prejuicios no justificados, en un momento en el que Europa necesita recuperar posiciones en el escenario mundial.