Argentina prohíbe el uso del polígrafo en efectivos de las Fuerzas de Seguridad

Desde el Ministerio de Seguridad argentino, encabezado por Sabina Frederic, se promulgó la resolución 74/2020 que prohíbe el uso del polígrafo para poder ingresar en determinados cargos.

Dejando sin efecto la resolución 540/2018 de Seguridad impulsada por su antecesora, Patricia Bullrich. Estos polígrafos habían sido presentados por Bullrich el pasado mes de octubre, como informó Infodefensa.com en su momento.

Frederic comentó: "La prueba de polígrafos es incompatible con los principios y garantías del Estado de Derecho y, consecuentemente, con un modelo de seguridad democrática y ciudadana". Y agregó: "No surge evidencia sobre los resultados alcanzados con el uso de los polígrafos, ni informes que fundamenten, además de la utilidad, la legalidad de su utilización para los fines declamados".

Desde la cartera de Seguridad afirmaron que estos equipos son considerados lesivos de derechos y garantías individuales y por cosificar a la persona humana, contraria a su dignidad.

La resolución se apoyó en la Constitución Nacional, que establece en su artículo 18 que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos; y en los artículos 33 y 75, inc. 22 donde se consagra el principio de inviolabilidad de la dignidad humana.

Las pruebas de polígrafos fueron introducidas por Patricia Bullrich como un requisito para seleccionar los integrantes de los Grupos Operativos Conjuntos de Investigaciones contra el Narcotráfico (Gocin). A su vez, los exámenes podían ser solicitados en el marco de actuaciones disciplinarias ya sea "en carácter de sospechoso, investigado y/o imputado". Incluso podían originar nuevas investigaciones.

Ahora, con la resolución 74/2020, todas estas medidas quedaron sin efecto y se prohibió el uso de estos aparatos en el ámbito del Ministerio de Seguridad y de las Fuerzas Policiales y de Seguridad que le dependen.

El próximo destino de los polígrafos quedará a consideración de la Secretaría de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional para su "posible aplicación en ámbitos académicos y médicos". Además, se solicitó que se realice una auditoría interna sobre la adquisición de los mismos.