Los ministerios y reparticiones del Gobierno de Chile tendrán un recorte de 2.000 millones de dólares en el Presupuesto 2020 que se redestinarán al Plan Económico de Emergencia implementado para enfrentar la pandemia de coronavirus.
La medida de austeridad fiscal, que incluye al Ministerio de Defensa Nacional, forma parte del segundo paquete de medidas económicas destinado a entregar mayores beneficios a las personas y familias vulnerables que se han visto afectadas por los efectos del brote de Covid-19. El primer paquete, anunciado en marzo, alcanza los 11.750 millones, un 4,7% del PIB anual.
El presidente Sebastián Piñera afirmó que esta actualización del Plan Económico de Emergencia “complementa las medidas tomadas por el Banco Central para fortalecer la liquidez en el mercado financiero y por la Comisión de Mercado Financiero para flexibilizar normas que permitan un mejor acceso de las empresas a los créditos”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó que estas medidas auxiliarán a las personas más vulnerables y a los trabajadores informales, que se han visto afectados por la baja de la actividad económica y la imposibilidad de generar ingresos.
"Quiero ser claro, nuestro presupuesto en estos meses, en este año, es un presupuesto de pandemia" indicó Briones, manifestando también que "por eso queremos dar una señal muy clara: el Estado va a estar presente para apoyar a los más vulnerables cada vez que sea necesario, y apoyar sus ingresos".
El Ministerio de Hacienda envió un instructivo a 196 reparticiones del Estado que establece 16 instrucciones de austeridad y eficiencia entre las que destacan el congelamiento de nuevas contrataciones y remuneraciones en el sector público e incorporación de reemplazos en lo que resta del año.
Las horas extraordinarias se pagarán con tiempo de descanso complementario, los viajes de las autoridades fuera de Chile en lo que queda del año se efectuarán en categoría turista y los viáticos nacionales e internacionales deberán ajustarse al mínimo necesario que las actividades de fiscalización y prestación de servicios requiera.
En cuanto a gastos en bienes y servicios, se extremarán las medidas para ahorrar recursos en artículos de oficina para generar un mayor grado de eficiencia mientras que los gastos en representación, protocolo y ceremonial deberán reducirse al mínimo posible.
Se suspenderá la compra de vehículos para traslado de autoridades y mobiliario. Además se rebajará la adquisición de activos no financieros como programas, equipos informáticos, computadores y vehículos limitándose al pago de licencias y contratos de arrastre mientras que la compra de equipos y servicios de telefonía celular se suspenderán limitándose a lo estrictamente necesario para enfrentar la emergencia y el funcionamiento del servicio.
El instructivo establece la suspensión de nuevos contratos de arriendo limitándose solo a los necesarios y los organismos deberán tomar precauciones para asegurar un precio justo en las compras y contrataciones. Asimismo deberán reducir sus saldos en cuenta corriente solo a los montos necesarios para cubrir sus obligaciones más inmediatas e implementar un sistema centralizado de pago de facturas electrónicas a través de la Tesorería General de la República.
Como publicó Infodefensa.com, el proyecto de Ley de Presupuestos 2020 para las Fuerzas Armadas y organismos relacionados contemplaba una partida consolidada estimada en 3.000 millones de dólares para la financiación de gastos generales anuales como sueldos, bienes de consumo y todos aquellos servicios que permiten su operatividad.
El ejercicio fiscal 2020 consideraba una partida inicial de 2.025 millones para gastos en personal, 621 millones para bienes y servicios de consumo, 2,2 millones para prestaciones de seguridad social, 38,2 millones para transferencias corrientes, 19,6 millones para íntegros al Fisco, 959.000 para otros gastos corrientes, 50,8 millones para activos no financieros, 215 millones para activos financieros, 14,7 millones para iniciativas de inversión, 7,5 millones para préstamos y 74,9 millones para transferencias de capital.
En cuanto a la línea programática Defensa, integrada por las Fuerzas Armadas, organismos de soporte administrativo y otros, el proyecto de Ley de Presupuestos 2020 asignaba 2.025 millones lo que representa un incremento de 0,1% en relación a 2019. Según estos datos, el Ejército recibiría una partida de 875 millones, la Armada contaría con 663 millones mientras que la Fuerza Aérea de Chile (FACh) dispondría de 420 millones.
El Poder Ejecutivo introdujo en la tramitación del proyecto una serie de modificaciones al texto original con el propósito de efectuar reasignaciones dentro del presupuesto ya ingresado a discusión en el Congreso Nacional para financiar la Agenda Social que el Gobierno de Chile implementó para enfrentar la crisis social que afecta al país desde octubre del año pasado.
Las modificaciones fueron aprobada por la Cámara de Diputados y Senado disminuyendo en 33,8 millones de dólares los gastos corrientes y en 9,9 millones las iniciativas de inversión. De esta manera la partida presupuestaria del Ministerio de Defensa y de los 16 capítulos que la integran experimentó una reducción del 5% en el Subtítulo 22 destinado a bienes y servicios de consumo además de rebajas en la adquisición de activos no financieros y proyectos.
Como parte de las disminuciones, el Ejército de Chile rebajó la compra de bienes y servicios de consumo en aproximadamente siete millones y la adquisición de activos no financieros en más de 50.000 mientras que la Armada de Chile sufrió un recorte de 17 millones en la compra de bienes y servicios de consumo y en 3,6 millones para la adquisición de activos no financieros.