El Consejo de Ministros autorizó el 12 de julio la celebración del contrato para la fabricación de una primera serie de 348 unidades de vehículos 8x8 en 13 versiones. Su valor estimado es de 2.083.275.262,81 euros, distribuidos entre 2019 y 2030. Los primeros vehículos deben entrar en servicio en 2025. Apelando a intereses esenciales para la defensa nacional, se ha designado a Santa Bárbara Sistemas como contratista principal y “autoridad técnica de integración”, actuando Indra y Sapa como subcontratistas de primer nivel.
El acuerdo da luz verde a un programa al que ya se habían asignado unos 90 millones de euros, para el desarrollo de programas tecnológicos que llevasen a la evaluación de cinco prototipos durante este año. Los prototipos contemplan la integración de torres en diferentes versiones. Para ello inicialmente se planteaban dos opciones, ambas con tecnólogos extranjeros, procedentes de suministradores de torres para vehículos en servicio operativo en el Ejército. En uno de los casos se trata de una solución con tecnólogo europeo y razonable presencia industrial en España desde hace años. En el otro un tecnólogo extra europeo con limitada presencia industrial pero con ciertas preferencias desde el lado operativo.
Durante el proceso de desarrollo de los programas tecnológicos, a instancias de las autoridades del ministerio de industria se planteó, no sin ciertas reticencias desde defensa, la evaluación de una torre desarrollada por una empresa privada española que dispone de una solución con tecnología y capital propios.
Los retrasos en el programa han dado lugar a la aparición de nuevos actores para el suministro de torres. Por orden cronológico, una versión desarrollada por un consorcio en el que participan tres de las empresas que ya ofrecían soluciones en las opciones inicialmente previstas, otra sobre la base de otro tecnólogo extra europeo asociado con una empresa pública de referencia en el sector de defensa español, y finalmente una tercera sobre la base de una industria europea, líder mundial en el segmento, que tiene presencia incipiente en España pero que está asociada con industrias nacionales.
Así son al menos seis los actores, con diferentes características en cuanto a presencia industrial y aporte tecnológico, que pugnan por una parte importante del programa. Las torres son un elemento esencial desde el punto de vista operativo, y también por lo que pudieran suponer en cuanto a desarrollo de tecnología y carga de trabajo. Sin olvidar el elemento económico. Algunas estimaciones cifran en hasta un 30% del importe total para este componente, lo que representaría para esta fase entre 600 y 700 millones de euros.
La decisión sobre el suministrador de torres es compleja. El factor operativo deberá tener su peso en cuanto a requisitos y plazos de entrada en servicio. Pero no deben olvidarse los factores tecnológicos y de política industrial, sobre todo en el marco general de las iniciativas de impulso a las capacidades industriales europeas.
Si se ha apelado a intereses esenciales para la defensa nacional, el suministro de torres debería considerar también el aporte real en desarrollo tecnológico e industrial de las diferentes opciones. Son factores muy ligados a la soberanía y seguridad de suministro de un componente esencial del sistema y en donde hay diferencias importantes entre los candidatos.