Inversiones de defensa: debe y haber

Desde julio de 2018 hasta el pasado 30 de agosto el Consejo de Ministros ha autorizado operaciones de inversión en sistemas de armas y material para las Fuerzas Armadas por un total de casi 14.500 millones de euros. Adicionalmente se han destinado, con cargo al fondo de contingencia, inversiones para operaciones exteriores por un total de unos 900 millones de euros. En total las autorizaciones superan los 15.000 millones de euros, una cifra nada desdeñable. De esa cantidad casi un 20% se han autorizado cuando el Gobierno ya se encontraba en funciones.

La práctica totalidad de los acuerdos han dado luz verde política a unas necesidades operativas prioritarias que, aunque planeadas con ejecutivos anteriores, habían sido pospuestas y no podían retrasarse sin poner en riesgo la necesaria modernización de los Ejércitos. El impulso político de los últimos 15 meses en este sentido debe figurar en el 'haber' del Ejecutivo. Las decisiones del Gobierno en funciones han dado curso a acuerdos anteriores y su demora hubiera podido afectar a la seguridad nacional.

Por otra parte, los acuerdos manifiestan el compromiso español con nuestros aliados. Hacia Estados Unidos, más allá de consideraciones de política general, se han mantenido alianzas estratégicas u operaciones vía FMS que mantienen la especial relación bilateral hispano-norteamericana. En el ámbito europeo, el acuerdo del pasado 30 de agosto, relativo al programa NGWS es quizás el ejemplo más relevante, junto con la asignación de 906 millones para el programa EF2000 aprobada el 14 de diciembre del año pasado. En esa fecha se aprobaron también los techos que han permitido iniciar los programas F110 y VCR 8x8, tras una nueva reprogramación de pagos de programas que llevan el actual horizonte financiero hasta el año 2035.

En el plano industrial, el impulso al sector naval ha sido significativo. Los programas S80, BAM y F110 han recibido autorizaciones por más de 6.000 millones, aproximadamente un 40% del total. Bajo control público este sector ha impulsado la diversificación de su actividad, especialmente hacia sistemas terrestres, en cooperación con tecnólogos extranjeros, y asiste como espectador a los movimientos entre astilleros europeos.

En el sector terrestre, la autorización para contratar la primera serie de vehículos 8x8, una necesidad que no puede demorarse sin poner en riesgo la seguridad de nuestras tropas, ha venido acompañada por una decisión de política industrial relevante. El acuerdo del pasado 12 de julio "considera a Santa Bárbara Sistemas como contratista principal y autoridad técnica de integración" junto con Indra y SAPA "como la única opción con capacidad industrial suficiente". Una decisión política que responde a una necesidad operativa crítica, y que permite mantener capacidad tecnológica y productiva en España en el sector de vehículos blindados.

Voluntariamente o no, se ha marcado un camino en estos dos sectores. En el 'debe' de las decisiones adoptadas anotamos cierta falta de claridad en el mensaje que se manda a la industria de defensa nacional. Algo que se puede ver de forma más clara en el sector aeronáutico, que ha sido el verdadero impulsor del conjunto en las tres últimas décadas.

El contrato para el futuro sistema de entrenamiento de pilotos no contempla la participación industrial española como elemento de valoración. Coherente con la normativa europea, pero no mucho si se adjudica a un candidato extracomunitario. Pero lo que parece más significativo es que la decisión de entrada en el NGWS se ha producido sin que, de forma clara, se plantee una estrategia industrial que afecte a la cadena de valor. Algo que nos parece que se debería hacer para impulsar adecuadamente nuestro desarrollo tecnológico.

La política industrial de defensa excede al propio Ministerio de Defensa. Las inversiones, aprobadas por el Consejo de Ministros, deben acompañarse de medidas que favorezcan el desarrollo industrial y tecnológico propio. No olvidemos que el sector defensa necesita de actividad doméstica para continuar siendo viable. La actividad exportadora puede haber llegado a su límite de elasticidad, máxime cuando, por decisiones de carácter político, algunas exportaciones a clientes preferentes están congeladas a la espera de la entrada en vigor del nuevo real decreto sobre comercio exterior de defensa, pendiente desde el 11 de enero.

Bienvenidas sean las inversiones, pero es preciso que estas se acompañen de una política industrial con visión global. El sector de defensa español, en su mayoría en manos privadas y conformado por pymes con capacidad tecnológica importante, necesita una estrategia que favorezca su desarrollo de cara al cliente interno y hacia el exterior.