Retos a la seguridad ante las nuevas estrategias del narcotráfico por la pandemia

La seguridad pública en el mundo entero enfrenta retos desafiantes por las nuevas estrategias de tráfico de droga que los grupos criminales están implementando por la pandemia global, y Centroamérica y el Caribe no son la excepción, sobre todo por ser uno de los principales puentes de tránsito desde el sur hacia el norte de América.

La pandemia de coronavirus puede llevar a un aumento del consumo y tráfico de drogas, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual confirma que con el aumento del desempleo y la falta de oportunidades será más probable que las personas pobres y desfavorecidas caigan en hábitos nocivos y recurran a la producción y tráfico de sustancias ilegales.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) alerta de que el consumo de sustancias ilegales ya ha aumentado alarmantemente en la última década.

Pero también la pandemia está provocando cambios en las rutas del narcotráfico. Al no haber vuelos internacionales los traficantes usan más las rutas marítimas, con envíos de cocaína de Sudamérica a Europa, pero también transporte por ríos en Latinoamérica.

El cultivo de hoja de coca, así como la producción y las incautaciones mundiales de cocaína, se encuentran en máximos históricos. Colombia sigue siendo el país que más hoja de coca produce, con un 70% de las zonas de cultivo del mundo, seguido por Perú y Bolivia. En Colombia se ha concentrado la producción y se ha hecho más eficiente.

El reporte también apunta a un cambio en las rutas del narcotráfico desde América del Sur en los últimos años. Antes Venezuela era un punto principal de salida de cocaína, pero ha caído en importancia debido a la volátil situación de seguridad en el país. Brasil se mantiene, y crece la importancia de Uruguay como punto de partida de la droga.

Por otro lado, es probable que como reacción a la reducción (debido al confinamiento) de las oportunidades de los traficantes de drogas para distribuirlas en los mercados locales, actores a lo largo de las cadenas de suministro las estén almacenando.

La disminución en los precios reportada por los países, en su mayoría productores de drogas, puede ser un indicador de esa evolución. El aumento de las existencias puede dar lugar a un exceso de oferta de drogas una vez que se levanten las restricciones, lo que podría dar lugar a un incremento en la disponibilidad de drogas de bajo costo y alta pureza, lo que podría intensificar el riesgo de sobredosis de drogas.

Pero las medidas para combatir el contagio por Covid-19 no solo representan retos y obstáculos para los narcotraficantes, sino que también oportunidades.

En ese sentido, por ejemplo, la Unodc reportó, a finales de junio pasado, hallazgos de droga en cargamentos (al interior de contenedores de carga por la vía marítima) de alimentos e insumos médicos, como mascarillas, en ruta a Europa y Estados Unidos.

Además, la Unodc reveló que los narcotraficantes salvadoreños se han adaptado al impacto de la pandemia del Covid-19, por medio de entregas a domicilio y uso de mensajería para pedidos.

Así, algunos repartidores de comida o de servicios (delivery), transportistas de carácter privado y personas que estuvieron habilitadas para circular durante la cuarentena domiciliaria obligatoria impuesta por el Gobierno salvadoreño para prevenir el contagio del coronavirus, fueron quienes se encargaron de llevar droga a casa de los consumidores.

Como quiera que se aprecie, el fenómeno del crimen organizado y el narcotráfico poseen una capacidad resiliencia extraordinaria, al adaptarse a todos los escenarios adversos posibles, inclusive a uno casi imposible de prever como el Covid-19, pero, sin embargo, la seguridad pública de la región centroamericana y las fuerzas armadas parece ser que no están teniendo la misma capacidad de respuesta al cambio de estrategias de los delincuentes, sobre todo con presupuestos aún más deficientes en sus sectores, como se prevé que serán para 2021, donde habrá mayor énfasis presupuestario a la salud pública.