La cuestión del Sáhara occidental: reflexiones estatales

El pasado jueves, día 7, nuestro presidente Pedro Sánchez se reunió en Rabat con el rey de Marruecos, Mohamed VI. En el primer punto del comunicado conjunto hispanomarroquí, dado a conocer después de la reunión, se señala que nuestro país reconoce la importancia de la cuestión del Sahara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo.

La opinión general de la mayoría de los medios de comunicación, de la clase política y de la opinión pública, es que el único asunto que queda claro en el mencionado comunicado es el relativo al Sahara Occidental con la entrega, de forma gratuita, de la baza que desde hacía mucho tiempo deseaba Marruecos, rompiendo la posición tradicional de España durante 46 años, con independencia del partido que estuviera en el Gobierno, al mismo tiempo que nuestra nación se postula en contra de la legalidad internacional.

En este artículo no pretendo tratar temas políticos actuales referentes a las relaciones bilaterales, regionales e internacionales que España ha llevado a cabo desde que se dejó el territorio del Sahara Occidental en el año 1976. Únicamente me interesa realizar unas reflexiones sobre los compromisos que nuestro país, como Estado, adquirió en aquellos momentos y la responsabilidad que le corresponde todavía a España como antigua potencia administradora del citado territorio.

El Sahara Occidental forma parte de la lista de los 17 Territorios No Autónomos de las Naciones Unidas desde 1963. Territorios cuyos pueblos no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio. En 1990, la Asamblea General de NNUU reafirmó que la cuestión del Sahara Occidental era un problema de descolonización que debía resolver el pueblo del Sahara Occidental.

De hecho, al año siguiente, en 1991, la ONU estableció la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso) como una misión de pacificación para observar el alto el fuego - la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario duró desde 1975 hasta 1991 - y organizar un referéndum entre el pueblo saharaui que determine el futuro estatus del territorio del Sahara Occidental a través del derecho de autodeterminación, con base en el censo español de 1974. Desde 1991 se ha producido la renovación periódica anual del mandato.

Para España, el establecimiento del Sahara Occidental como un Estado independiente, democrático, sólido y creíble, constituye un importante factor de estabilidad en el escenario geopolítico del Norte de África y de África Occidental ya que facilita el equilibrio estratégico de las potencias de la región, supone un muro de contención ante el salafismo yihadista, incrementa la seguridad de nuestro entorno geoestratégico próximo y responde claramente a nuestros intereses estratégicos nacionales.

Hay que dejar claro que, con independencia de su objetivo de hacerse con Ceuta y Melilla, la prioridad absoluta de Marruecos siempre ha sido alcanzar la soberanía sobre el Sahara Occidental. Hay dos principales razones, una es la de los recursos: los minerales existentes en el territorio saharaui, especialmente los fosfatos, los derechos de pesca en el banco sahariano, la explotación de los hidrocarburos que hay entre las costas canarias y las saharianas junto a su pretensión de ampliar la zona económica exclusiva y de la plataforma continental hasta el monte submarino Trópic, situado a unas 300 millas al sur de la isla de El Hierro, que contiene importantes reservas de telurio y cobalto.

Otra relevante razón es estratégica. Por un lado, al adueñarse del Sahara Occidental amplia sustancialmente su territorio - 266.000 km2, la mitad de España - y sus costas atlánticas, situándose en una posición geoestratégica muy favorable respecto al territorio español, principalmente mirando a Canarias y, por otro, se consolida como una mediana potencia africana con un peso geopolítico específico y capaz de garantizar la estabilidad en una región conflictiva contando siempre con el apoyo de Estados Unidos, aparte de impedir la salida al Atlántico de su principal rival, Argelia.

Actualmente hay un importante sector doctrinal que considera que España sigue siendo la potencia administradora del Sahara Occidental de “iure” aunque no de facto ya que Naciones Unidas, en el año 2002, dictaminó la nulidad del Acuerdo Tripartito de Madrid. Es un hecho objetivo que NNUU siempre ha considerado a España como potencia administradora con las obligaciones señaladas en los artículos 73 y 74 de la Carta.

Es verdad que el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en diciembre de 2020, la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, a cambio de que Marruecos estableciera relaciones con Israel. Nadie duda de que este hecho supone un atentado contra la legalidad internacional reconocida por la ONU y constituye un obstáculo importante que complica las posibilidades de negociación para solucionar este conflicto después de 46 años.

Pero también es cierto que, el 29 de septiembre de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó el acuerdo de pesca y agricultura entre Rabat y Bruselas porque no se había consultado de forma apropiada a la población saharaui. A mayor abundamiento, en la Unión Europea existe una negativa general a reconocer la soberanía marroquí debido al apoyo europeo al referéndum de la ONU sobre el Sahara Occidental.

Desde el punto de vista de la realpolitik estadounidense, y de cara a la estabilidad en los escenarios del Mediterráneo, de África del Norte y de Oriente Medio, la situación política, económica y social de los dos estados que tienen control sobre el estrecho de Gibraltar, puerta de acceso occidental a los tres escenarios citados, es completamente distinta.

De un lado, España, que se encuentra inmersa en una situación vulnerable como consecuencia de la crisis económica, de la deriva institucional, del desafío soberanista catalán, de la corrupción interminable o de la crispación política existente entre los diferentes partidos políticos que se refleja en un país altamente polarizado. De otro, Marruecos, un país que proyecta al mundo una imagen de estabilidad con instituciones sólidas y fiables, con prácticas de la tolerancia que avalan el respeto de otras religiones y una cultura política de consenso.

En esta ecuación es preciso considerar a Argelia como un actor importante en la región, principal rival geopolítico y estratégico de Marruecos en el Magreb, que se posiciona claramente por el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui en sintonía con las resoluciones de NNUU en torno al Sahara Occidental. Constituye el apoyo fundamental regional del Frente Polisario en su camino hacia la celebración del referéndum.

En virtud de las reflexiones apuntadas, y con independencia de las repercusiones políticas, estratégicas y jurídicas que tenga el citado comunicado hispanomarroquí, tanto a nivel nacional como en el horizonte internacional, España debiera buscar los apoyos internacionales oportunos, ya sea a través de NNUU, de la Unión Europea, de la Unión Africana, o de los países iberoamericanos, entre otros, al objeto de que se respete la legitimidad que ampara el derecho internacional, garantizando los intereses estratégicos nacionales y cumpliendo con la responsabilidad histórica del pueblo español con el pueblo saharaui.