Se dispara la inseguridad en Colombia tras conocerse las primera cifras -de los delitos de alto impacto- compartidas por el Ministerio de la Defensa del país sudamericano. Y es que, según esta cartera, el único delito que ha bajado en los últimos meses ha sido el homicidio, mientras que las demás conductas punibles han comenzado a tener incrementos preocupantes, no solo por la frecuencia con la que se están sucediendo sino además por la nula capacidad de respuesta por parte de la administración nacional (a través de su política de seguridad humana), en momentos en que hay también una disminución drástica en el número de capturas.
De vuelta el secuestro
En este sentido, delitos que en el pasado reciente habían llegado a mínimos históricos, han vuelto a presentarse, tal y como ocurre con el secuestro extorsivo, que ha tenido un incremento del 43.6% (el mayor desde 2015), pero también el hurto simple, cuyo aumento fue del 22.4% (comparativo entre primer y segundo semestre 2022). Por otro lado, la extorsión ha venido acrecentándose en un 33% respecto a 2022, habiéndose denunciados 1.260 casos en lo corrido de 2023, con 340 detenidos hasta estos momentos.
Respecto del orden público, la situación tampoco es mejor al punto que a la fecha se han presentado 21 masacres, siendo asesinados 20 líderes y lideresas sociales, entre ellos dos firmantes de procesos de paz, (incremento del 38% respecto de 2022 según datos de Indepaz), cifras que son las más altas en los últimos cuatro años y que paradójicamente se presentan en un gobierno cuyo presidente fue precisamente la persona más crítica respecto de esta situación y la que más reclamaba sobre la necesidad de proteger la vida de líderes y defensores cuando era candidato presidencial.
Por estos datos, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, ranqueo a seis ciudades colombianas, dentro de las 50 más inseguras a nivel mundial en 2022, siendo esta nación, además, la segunda a nivel internacional, con más organizaciones armadas irregulares (grupos armados organizados), con una medición de 7,66 en la escala de 1 al 10 según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (Gitoc).
¿Política antinarcóticos?
Y es que en materia antinarcóticos la situación sí es peor. De hecho y según el Gitoc, Colombia es el mayor productor de coca a nivel mundial con una calificación de 9,5 sobre 10, gracias a las 1.400 toneladas de pasta de coca, cifras que desde 2020 posicionan al país con una participación del 61% en la elaboración de este alcaloide dentro del total de las 2.000 toneladas producidas a nivel regional.
De hecho y durante el primer semestre de 2022, se erradicaron 40.277 hectáreas de coca, cifra que descendió a las 27.706 en el segundo semestre (disminución del 31%), luego de la llegada al poder del nuevo gobierno y de las primeras declaraciones -y acciones- públicas respecto a la necesidad de un cambio de paradigma en la lucha antinarcóticos, pero sustentada en el plan de la Paz Total con los grupos armados organizados colombianos, que ha venido traduciéndose en una cesación paulatina de las acciones ofensivas de la Fuerza Pública en contra de estos y por orden directa del presidente Gustavo Petro.
En efecto, a inicios -45 días- de 2021 se erradicaron 4.598 hectáreas, frente a las 2.982 en 2022 y a las cero (0) hectáreas en este 2023, pues la instrucción presidencial impedía operativos en este sentido, que se reanudaron a mediados del pasado mes, luego de fuertes presiones por parte de los Estados Unidos, que viene observando con preocupación como la política antidrogas colombiana, se ajusta a los intereses políticos (Paz Total) del nuevo gobierno, lo que también se ha traducido en una disminución notable de las toneladas incautadas.
Así ya para el segundo semestre de 2022 se taso una disminución del 20%, pasando de las 362 toneladas en el primero, a 289, tendencia que se ha mantenido, pues en enero de 2022 se decomisaron 58.7 frente a 40 en 2023 (menos 31.8%), cifras aún más bajas en los decomisos de heroína que se han reducido en un 93%, incautándose solo 8.9 kilogramos frente a los 101.4 en 2022 (y 401.3 en todo ese año).
Menos capturas
Aún más preocupante es el tema de las capturas. Según la Fiscalía General, 3.619 capturas están sin realizarse, 71 de ellas en contra de autores de masacres, datos que se suman a la disminución del 28% durante el segundo semestre de 2022, en momentos en que el gobierno platea la posibilidad de beneficios a personas privadas de la libertad, ante la ya insostenible congestión carcelaria y que sitúan a esta nación con la mayor tasa de detenidos en URI en donde se encuentran acinados ya 23.000 individuos (según el especialista Hugo Acero), que no han podido trasladarse a penitenciarias -ya de por si desbordadas- debido a la inexplicable actitud de los gobiernos colombianos que se rehúsan a aumentar el número de cupos a través de la ampliación de cárceles o la construcción de nuevos centros.
Frente a lo anterior cabe recordar que la Policía Nacional, ha ubicado con precisión 204.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, en 22 departamentos (de los 32) de este país, autorizándose ya el inicio de procesos de erradicación manual con metas semestrales de tan solo 20.000 hectáreas, pues este gobierno estaría considerando no adelantar procesos de erradicación en cultivos de menos de 10 hectáreas al discurrir que los mismos son apenas suficientes para el auto sostenimiento de las familias campesinas, lo que sin embargo provocaría una atomización de estos y una explosión en el aumento de cultivos pequeños con el fin de evadir -aún más- la ya de por si escaza acción y peor motivación de la actual administración nacional, en un país en donde la totalidad de organizaciones criminales están dedicadas al narcotráfico -con presencia en 200 municipios (AGC), 172 (ELN) y 120 (disidencias y reincidencias de las FARC- y con las que se adelantarán procesos de diálogo y paz y difícilmente de sometimiento.
Clararamente, un panorama desalentador a corto plazo, teniendo en cuenta que la falta de una política precisa y coherente en seguridad ciudadana y orden público fomenta y auspicia la violencia, ejercida por estas organizaciones criminales por medio de una ya clara gobernanza criminal, que favorece procesos de rápida expansión territorial (urbana y rural), con el fin de consolidar control territorial que a su vez les generen poder político de cara a los procesos de Paz Total.
Colombia enfrenta una administración que gobierna para todos, pero que, sin dudas, lo hace de espaldas a las realidades de su propia nación.